La Misión Internacional de Jueces que visitó el país dio a conocer sobre los ataques a la Independencia judicial en Guatemala en la que resaltó sobre el “desmembramiento” del Ministerio Público (MP) dirigida por la Fiscal General María Consuelo Porras.
Asimismo, manifestaron su preocupación ya que afirman que el MP, no investiga los casos de las denuncias presentadas por los jueces y los ataques de “agentes desestabilizadores… que incluso amenazan de manera pública a los operadores y funcionarios de justicia”.
Entre las conclusiones hicieron un llamado al MP para que cese la persecución en contra de “jueces y fiscales” e investigue a quienes actúan en contra de ellos”.
Además, señalaron que: “No hay una sola investigación de las amenazas en redes sociales, en medios de comunicación. No hay ni una sola investigación abierta y tampoco probabilidades para abrir estas causas en contra de los hostigadores de jueces y juezas”.
“JUECES HAN SOLICITADO AUXILIO”
Según detallaron en la conferencia de prensa este 18 de octubre, del 9 al 11 de agosto la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y Unión Internacional de Magistrados (UIM) visitó al país para conocer la independencia judicial y los ataques en contra de jueces guatemaltecos en los últimos años. Asimismo, recabaron información en las distintas instituciones del Estado.
La jueza Adriana Orocú, representante de FLAM, expresó que juezas y jueces “han solicitado auxilio ante la precaria situación de la independencia judicial”.
El juicio contra el expresidente y exvicepresidenta llega a su etapa final y el MP requirió sentenciarlos. Aquí detalles https://t.co/fubau0OZub
— Diario La Hora (@lahoragt) October 18, 2022
CICIG FUE PIEZA CLAVE
Asimismo, Orocú apuntó que en 2015 se empezó a “desmejorar el sistema de justicia”, lo cual ha llevado a una “crisis democrática institucional”. “Los diferentes jueces respondemos a esta solicitud de auxilio visitando por primera vez a Guatemala”, dijo Orocú.
“Vemos un antes y un después de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”, remarcó. Asegura que lograron identificar “un amedrentamiento y criminalización de jueces, juezas, fiscales, periodistas, y personas interesadas en el sistema de justicia”.
MP DE PORRAS SEÑALADO COMO INSTRUMENTO DE IMPUNIDAD
“La desestructuración de la CICIG, el desmantelamiento del Ministerio Público (MP) ha implicado que se suspendan investigaciones y se genere una instrumentalización del MP que todavía generan condición de independencia”, señaló la jueza.
Mencionó que “el MP ha sido desmembrado porque hay más de 20 personas que fueron destituidas de una organización para generar una disminución de impunidad… a manos de la Fiscal General Consuelo Porras”, declaró Orocú.
Durante la conferencia destacaron que en la actualidad hay varios operadores y exfuncionarios en el exilio, “jueces de Guatemala nos indicaron en un Congreso Centroamericano que la suma asciende a 30”, destacó y refirió que “están en grave peligro de criminalización en el cual se ven obligados a salir del país”.
JUECES EN VULNERACIÓN
“El lamentable caso del juez Miguel Ángel Gálvez es un peligro”, refirió sobre el proceso de antejuicio que se busca resolver en su contra, promovido por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). “Son condiciones espurias”, aseguró.
“Vemos el caso de la jueza Erika Aifán, en el que se realizó una persecución política y toda una estructura en redes sociales de hostigamiento. En donde tuvo que verse obligada a abandonar el país”, enfatizó.
INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA JUSTICIA
La jueza asegura que “hay una instrumentalización del antejuicio en Guatemala lamentablemente. Hay múltiples solicitudes de este en contra de funcionarios que investigan casos de alta monta», señaló.
“Los jueces pesquisidores a cargo de los antejuicios son personas que han sido denunciadas o investigadas anteriormente”, advirtió sobre lo comprometida que se ve la justicia.
“Están siendo solicitadas extinciones de dominio en contra de estas personas», aseguró Orocú y responsabilizó de estas solicitudes a la «Fundación Contra el Terrorismo”.
AGRESIONES CONTRA DEFENSORES
Asimismo, identificaron la existencia de 589 agresiones en contra de defensores de Derechos Humanos, entre ellos, 272 jueces, fiscales y operadores de justicia.
Durante la presentación del informe también se destacó que la jueza, Yassmin Barrios ha sido agredida desde el 2001. Además, se recordó que en su vivienda estalló una bomba, “esta fue una clara advertencia a la justicia”.
HACEN LLAMADO PARA QUE CESE PERSECUCIÓN
Durante la conferencia destacaron que “en este momento no hay garantías físicas para los jueces y juezas que realizan su trabajo con independencia judicial”.
Walter Barone, presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, destaca que la independencia judicial es un pilar de la democracia, pues son los “capaces de impartir una verdadera justicia”.
“Nos preocupa el incumplimiento persistente en cuanto a las garantías para jueces. Nosotros constatamos un ataque sistemático contra los operadores que conocieron casos de corrupción”, aseguró Barone.
EL EJECUTIVO FORMA PARTE DE ESTO
Respecto al papel que juega en el presidente Alejandro Giammattei en esta situación, señala que “Si no hay directrices claras desde la Presidencia y hay una omisión desde ella, se ve que se está cohonestando una justicia efectiva en el país”, afirma Orocú sobre el rol del Presidente sobre la justicia.
FALENCIAS EN INFORMACIÓN PÚBLICA
“Cuando fuimos a la Comisión de Derechos Humanos que se coordina desde el Ejecutivo vimos que replican sin ninguna valoración a la información, no existe un filtro. No la hacen porque nos lo dijeron”, refirió Orocú sobre el proceso de búsqueda de información pública en el país.
“Las instituciones no están funcionando, eso es lo que pasa. Puede caerse el legislativo, puede caerse el ejecutivo, pero si cae el judicial se cae el estado democrático”, advirtió la jueza.
POSTURA DEL MP
Al respecto, el MP indicó: “Se atiende todas las denuncias de conformidad con el mandato legal y constitucional, por lo que afirmar que no se investigan es totalmente alejado de la realidad”.
“A los funcionarios que han presentado denuncias, se les invita a apersonarse a las Fiscalías en las que se están conociendo sus casos a efecto de conocer los avances de las investigaciones y aportar cualquier medio que consideren pertinente”, agregó.
“Es importante mencionar que fue la Fiscal General quien creó la Fiscalía de Sección de Delitos contra Operadores de Justicia para dar abordaje especializado al tema, por lo que las acciones que impulsa el Ministerio Público en ese sentido son notorias y afirmativas”, enfatizó.
