En el Instituto Básico por Cooperativa San Fernando, en el municipio de Chahal, Alta Verapaz, alrededor de 36 estudiantes cursan 2do básico. Reciben clases en un edificio de dos niveles inaugurado en noviembre del 2021 por el gobierno. La infraestructura escolar es uno de los eslabones a mejorar junto a la calidad educativa, que comprende la docencia y la supervisión como soporte y acompañamiento para los estudiantes en el aula.
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Gobierno elimina presupuesto de supervisores educativos👉 [https://t.co/WRjDcz8zS3] pic.twitter.com/tYrol0F38B— Diario La Hora (@lahoragt) August 22, 2022
Dalila Adriana Juárez, de 14 años, comenta lo difícil que es retomar clases presenciales tras el encierro por la pandemia y la educación a distancia a cargo del Ministerio de Educación (Mineduc).
Además, narra que muchos de sus compañeros de aula vienen de aldeas vecinas al casco municipal. Distancia que refleja la brecha en el aprendizaje, ya que la mayoría asegura no comprende palabras ni conceptos que dan los maestros en clase, quienes tampoco les preguntan si están preparados para recibir los temas asignados.
“Por ejemplo, en Ciencias Naturales estamos viendo el teorema de Pitágoras”, dijo. Al comentarle que este es un concepto matemático, ella replica que no, “es de Ciencias. En casa tengo Internet y computadora e investigo un poco para aprender sobre el tema, pero los de las aldeas ni siquiera entregaban las guías porque no entendían absolutamente nada”, cuenta Juárez.
«EL HÁBITO NO HACE AL MONJE»
Dice el dicho: “El hábito no hace al monje”. En este caso, se muestra una realidad en donde los nuevos edificios escolares no necesariamente significan que contribuyan a mejorar la calidad educativa, sino más bien evidencian el rezago que dejó la pandemia y le sigue cobrando la factura a los estudiantes.
El estudio del Banco Mundial (BM) “Dos años después: salvando una generación”, identificó que la educación en América Latina retrocedió una década por el impacto de la pandemia, con el riesgo de que “se pierda una generación de estudiantes si los gobiernos no toman medidas urgentes para mantener a los niños en las escuelas”.
Agrega que el puntaje en asignaturas fundamentales como lenguaje y matemáticas cayó a niveles de más de 10 años atrás: cuatro de cinco niños de sexto grado (80%) no tendrían la capacidad de entender e interpretar un texto básico para su edad, comparado con el 50% que tenían esa misma dificultad antes de la pandemia, de acuerdo con el informe.
SUPERVISIÓN EN PAUSA
En Guatemala, gran parte de este retraso cualitativo se vincula con la figura del supervisor educativo. Una plaza creada con el fin de “supervisar y dar acompañamiento pedagógico en el cumplimiento de normas, curriculares, calendarios escolares y cualquier otra cosa que sucediera (o no) en las escuelas”, describe el experto en educación, Francisco Cabrera.
En palabras del supervisor Julio De León Sosa esta tarea se considera “la columna vertebral del Sistema Educativo en el sentido de ser la que sostiene el nexo entre la administración superior y la comunidad educativa, publicado en una revista digital en 2006.
Con el fin de fortalecer esta figura y llenar vacíos que venían arrastrándose desde años atrás, en 2017 se creó el Sistema Nacional de Acompañamiento Educativo (SINAE) durante la gestión del ministro Oscar Hugo López.
En el 2016, cuando se diseñó este programa, el escenario encontrado fue de 104 supervisores, 197 Coordinadores Técnicos Administrativos (CTA), 22 Coordinadores Técnicos Pedagógicos (CTP) y 385 gestores educativos (docentes con funciones de supervisión), es decir, un total de 708 plazas, en donde cada uno tenía a su cargo hasta 150 centros educativos de distintos niveles, detalla Cabrera.
De esa cuenta se crea el SINAE con 400 plazas de supervisores. “La idea base era formar un triángulo de incidencia en el aprendizaje entre la figura del asesor pedagógico, el asesor de gestión y el director de la escuela. Tres figuras que podrían influir en la mejora de los procesos de aprendizaje, la razón principal del sistema educativo”, comenta el experto.
El propósito en la primera etapa era brindar atención en San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango, Chiquimula y Totonicapán, dado que en esos departamentos se consideraba representan el 20% del nivel primario de todo el país.
Para esa etapa el Mineduc destinó una inversión de Q90 millones.
Para la segunda etapa estaba previsto agregar Chimaltenango, Escuintla, Izabal, Jalapa, Retalhuleu, Santa Rosa, Suchitepéquez y Zacapa, que permitiera llegar a un 60% de centros educativos de la primaria con acompañamiento. La última fase, para llegar al 100% en tres años, preveía el último 20% en el 2019.
REDUCEN PRESUPUESTO
El SINAE tuvo poco tiempo para tomar impulso hasta dejarlo nuevamente en pausa, tarea de la cual le atribuyen se encargó la ministra Claudia Ruíz. A decir de Cabrera, esta medida tuvo una serie de implicaciones tales como dejar las escuelas a la deriva, un equipo técnico que se cansó de no ejercer funciones y cambia de posición y el pago de 400 técnicos que se quedaron a la espera de conocer su rol en el Mineduc.
Esto puede evidenciarse con el descenso en la asignación presupuestaria del SINAE en los últimos años, de acuerdo con informes de la Unidad de Acceso a la Información del Ministerio de Educación.
En el 2020 la asignación presupuestaria era de Q1.8 millones. En 2021 cayó a Q378,265. Y en el primer semestre de 2022 el monto fue de Q77,440.
Esto contempla a 431 técnicos presupuestados este año con salario mensual para el Asesor Pedagógico y de Gestión de Q11,872.30, mientras para el Coordinador Distrital es de Q12,292.90 al mes.
NUDOS HISTÓRICOS
Parte de la problemática del supervisor recae en tres bases legales. La Constitución de la República (art. 71 al 74), la ley de Educación Nacional (Decreto legislativo 12-91) y el Acuerdo Gubernativo 123 “A” de 1965, “Reglamento de Supervisión Técnica Escolar”, creado durante el gobierno de facto de Enrique Peralta Azurdia.
Sin embargo, una serie de sucesos históricos dio lugar a que se fueran creando otras plazas con las mismas funciones y nombres distintos.
La diputada Lucrecia Marroquín explica que desde la administración de Álvaro Arzú se han hecho varios intentos por impulsar esta función, la cual se identificaba como “un nudo en el sistema por el cual no progresaba el sistema educativo”.
Recuerda que hubo esfuerzos en 1997, luego en 2009, hasta concretarse en el 2017 que dio vida al SINAE; sin embargo, argumenta que este es ilegal porque está vigente el Acuerdo 123 A, el cual fue creado en calidad de Decreto (por ser gobierno de facto) y este debe derogarse primero, antes de crear otros acuerdos, como el de SINAE.
“La idea era no tocar la ley 1485 para no crear conflicto con el gremio magisterial. Por eso se creó en forma paralela para dar acompañamiento. No se deroga a los supervisores originales, con el objetivo de que estos terminen por jubilarse y no volver a ocupar las plazas hasta hacerlo desaparecer”, explica una fuente que pide no ser citada.
ESPERANZA TRUNCADA
Un coordinador distrital de Alta Verapaz ha experimentado como profesional el retroceso del SINAE del cual fue juramentado a inicios del 2018, con un discurso en el que no olvida que los llamaron a ser los “disruptores del sistema educativo”. Sin embargo, hoy día su función se reduce a una labor de apoyo en la oficina de Recursos Humanos de la Dirección Departamental de Cobán.
Fue uno de los primeros contratados de una de tres fases a nivel nacional, diseñadas en nueve departamentos con altos indicadores de fracaso escolar. Entonces, el cargo de coordinador tendría bajo su responsabilidad de 60 a 100 establecimientos educativos.
Luego de cuatro años, el programa quedó reducido a manuales, los equipos dispersos y los asesores pedagógicos y administrativos relegados como subalternos de los CTA, es decir a quienes debían supervisar.
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— Diario La Hora (@lahoragt) August 21, 2022
El profesional destaca que muchas de las decisiones de recurso humano de la Dirección Departamental se toman con base en una junta mixta, que incluye a representantes del sindicato y de ese despacho, muchas veces con base en rumores y suposiciones, lo cual las convierte en selecciones discrecionales.
“Me siento decepcionado de que no se haya podido impulsar el SINAE debido a la falta de seriedad de las autoridades educativas. Tuve la esperanza de que este fuera el espacio para lograr incidencia, pero el sistema no nos permite tejer lazos para generar ese cambio”, concluye.
UNA GESTIÓN INVISIBLE
La degradación del SINAE se da en un contexto en donde Jordán Rodas, en sus últimos días como procurador de los Derechos Humanos, calificó a la ministra Ruíz como “la mujer invisible”. Es decir, una funcionaria que pasará a la historia por su escasa empatía. “Nunca pudo abrir su mente, a pesar de que no todos tienen las mismas condiciones que su familia tiene”, comentó en una entrevista con La Hora el pasado 7 de agosto.
A esto se une que la diputada Marroquín denunció en junio pasado al Mineduc ante la PDH por no aplicar los protocolos de bioseguridad en los establecimientos educativos oficiales.
En respuesta, la PDH declaró violación al derecho humano a la educación de los alumnos del sector público y señaló a la titular de la cartera como responsable de no garantizar en su totalidad las medidas de bioseguridad por COVID-19 y tampoco un regreso seguro a clases.
MINEDUC NO RESPONDE
La Hora solicitó la postura de las autoridades del Mineduc en relación con la situación del SINAE, pero hasta el cierre de esta información no había recibido respuesta. De ser así, se consignará en este espacio.
