El 14 de enero se firmó el contrato entre ambas entidades. Foto La Hora/Captura de pantalla

A la falta de transparencia en la negociación y otorgamiento de una concesión de bienes ferroviarios a la empresa mexicana Remed S.A. se unen nuevos cuestionamientos, que de acuerdo con investigaciones de La Hora, ponen al descubierto que podría tratarse de una “empresa sin capacidad técnica ni financiera”.

Adicional a las críticas sobre falta de transparencia en la negociación, diputados del Grupo Parlamentario de Oposición anunciaron una denuncia penal porque sospechan de una posible “colusión” entre funcionarios de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) y de la Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S.A (Ferrovías), con los representantes de Remed.

 

En la minuta del contrato firmado el pasado 14 de enero por la Compañía Desarrolladora Ferroviaria, S.A. y la mexicana Remed, S.A. la segunda recibe en calidad de arrendamiento los bienes inmuebles de utilidad ferroviaria de la División Pacífico por un plazo de 26 años, según consta en el documento del cual La Hora tuvo acceso a una copia.

La firma responsable anunció que invertirá US$700 millones (unos Q5,320 millones) en el desarrollo y ejecución del proyecto ferroviario, lo cual es destacado como beneficioso para el país, según el ministro Malouf, quien asistió a la suscripción del contrato en calidad de “testigo de honor”, pese a lo cual asegura desconocer los términos de lo acordado, mientras el presidente Alejandro Giammattei, impulsor del proyecto, guarda silencio.

El proyecto busca conectar una ruta ferroviaria que, según el Gobierno, generará beneficios para el país. Foto La Hora/Ferrovías

SIN CORREO INSTITUCIONAL

A pesar de que Remed, S.A. prometió invertir US$700 millones, la página oficial muestra un correo de contacto de Stella Holdings que rebota al enviar un mensaje. Luego de múltiples búsquedas, La Hora localizó un número telefónico, que es atendido por la asistente Julieta Cervantes, quien a su vez dio la cuenta de otra dirección de correo para comunicarse, identificado al supuesto director general, Juan Manuel de León, a través de un correo de Gmail, no un correo institucional con firma de la empresa.

La Hora envió una serie de consultas, la mayoría de ellas planteadas desde enero pasado al mexicano Carlos Álvarez de Alba, quien firmó el contrato con Ferrovías en calidad de administrador único y representante legal de Remed, pero al cierre de esta nota y transcurridas más de 96 horas no se ha recibido una respuesta.

Foto ilustrativa de maquinaria en el Museo del Ferrocarril. La empresa mexicana tiene a su cargo la inversión de un proyecto denominado Ferrocarril Bicentenario. Foto La Hora/AGN

NO ACREDITAN UN SOLO PROYECTO

Remed, S.A. de C.V. forma parte de Stella Holdings México. En la página oficial, esta última se identifica como un grupo con más de 20 años de experiencia conformado por empresas de tecnología, alimentos, financiero, energía y movilidad. Aunque se afirma que Remed pertenece a este grupo, solo presenta fotos genéricas, pero ninguna referencia en donde se demuestre que posea un récord para operar trenes.

Tampoco cuenta con antecedentes empresariales o comerciales en dicho país y por tanto, es casi imposible para el público confirmar su capacidad financiera.

En las consultas realizadas por La Hora, se pidió que se confirmara qué proyectos se habían trabajado, pero no hubo respuesta.

La Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco Mexicana no tiene información de esta empresa debido a que no es socia de esa entidad, afirmó Jackeline Guerra, coordinadora comercial.

LA NO LICITACIÓN

Debido a esa serie de falencias surge la primera crítica de quienes demandan transparencia en el proceso, dado que fue un contrato en donde no hubo licitación, bajo la premisa de que es un negocio entre privados, no obstante, el 81% de las acciones pertenecen al Estado de Guatemala.

Como parte del convenio, se acordó renegociar regalías del 4.5% sobre los ingresos brutos que obtenga Remed desde el inicio de las operaciones. “Este monto se justificó como referencia a lo pactado en su momento con Chiquita Banana”, cuestionó el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

Foto ilustrativa. La intención es que el proyecto a cargo de una empresa de origen mexicano conecte varias regiones del país. Foto La Hora/Ferrovías/Facebook

El proyecto denominado Ferrocarril Bicentenario ha sido promovido por el presidente Alejandro Giammattei, quien no se ha pronunciado en estos días sobre el controversial tema, salvo una mención en relación a la habilitación de la línea ferroviaria durante una visita el pasado 10 de febrero a San Marcos.

Entre tanto, el proceso continúa a pesar de que existe un recurso de amparo interpuesto por el Procurador Rodas que se tramita en la Corte de Constitucionalidad para suspender este proyecto.

Como parte del seguimiento e investigación a lo relacionado con el contrato, La Hora comparte información recabada sobre el personaje y la empresa detrás de este contrato.

USARON UNA ENTIDAD YA EXISTENTE

Según la minuta del contrato, como representante legal y administrador único de Remed, S.A., figura Carlos Álvarez de Alba, de 46 años, de profesión contador público y auditor, originario de Monterrey, México.

Álvarez de Alba afirmó en una entrevista con un medio de televisión de su país que la empresa tiene cuatro años de operar con trenes eléctricos; que está en sociedad con la empresa británica Vivarail, la cual le entregó un reconocimiento en la pasada conferencia de Cambio Climático COP-26 “por los logros para promocionar en América trenes 100% eléctricos y cero emisiones de gases efecto invernadero”, indicó.

En Guatemala, la patente de comercio de sociedad y patente de comercio de Remed, S.A. fueron emitidas el 17 y 20 de diciembre de 2021, respectivamente, identificando su dirección comercial en el Edificio Empresarial Zona Pradera.

 

En la patente aparece Hugo Roberto Calderón Rossell como gerente administrativo y representante legal, según documentos del Registro Mercantil. El acta de nombramiento fue autorizada por la abogada Karla Yadira Silvestre Ramírez, con fecha 5 de marzo de 2021.

El grupo de inversión no constituyó una sociedad nueva y optó por modificar una existente, para lo cual modificaron el nombre de VSA, Sociedad Anónima, en donde se certifica que los accionistas, en asamblea general ordinaria, resuelve cancelar los nombramientos de Mynor Armando Dardón Díaz como administrador único y representante legal y de Jorge Vicente Quan Chang, administrador único y representante legal. Además, por unanimidad acuerdan nombrar a Carlos Álvarez de Alba como Administrador único y representante legal de la entidad VSA, Sociedad Anónima.

PRIMEROS ACCIONISTAS; LOS NUEVOS NO SE SABE

Al indagar en el Registro Mercantil sobre quiénes fueron los accionistas iniciales de VSA, S.A., según la escritura 109, aparecen los nombres de Siria Elizabeth Ortiz Farfán, Jorge Vicente Quan Chang, Rosa Reina Dávila, como representante de Centroamericana de Trabajadores, S.A. (nombre comercial: Calzado Aldo Conti) y por último, Claudia Nohemí Gómez Chavaque. Ninguno de estos accionistas aparece como proveedor del Estado.

A su vez, Centroamericana de Trabajadores, S.A. fue constituida por los accionistas fundadores Moisés Rayek Khabie, de nacionalidad mexicana; Sofía Nousari Bucay, Isaac Rayek Khabie y Ernesto Julio Santos López. La denominación inicial de esta sociedad fue Centroamericana de Trajes, S.A.

Pero fue hasta diciembre de 2020, a través de la escritura 33, en donde aparece Carlos Álvarez de Alba como administrador único y representante legal de la firma VSA, Sociedad Anónima, la cual se modifica con la denominación social y nombre comercial a Remed, Sociedad Anónima.

De acuerdo con los expertos, este no es un acto ilegal, porque suele darse en los registros públicos cuando una sociedad se vende o traspasa, solo se le cambia el nombre; sin embargo, dicha acción no permite conocer quiénes son los accionistas actuales para saber quiénes están detrás de un tema importante para el futuro del país.

El Gobierno ha destacado su intención de recuperar este medio de transporte. Foto La Hora

SIN ANÁLISIS FINANCIERO

Sumado a lo anterior, diputados de oposición han cuestionado la ausencia de un análisis legal, técnico y financiero que demuestre la experiencia y capacidad financiera de Remed para llevar a cabo un proyecto de tal envergadura “en donde se visualice la rentabilidad y las regalías (4.5%) que recibiría Ferrovías, S.A.”.

El procurador General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado, confirmó bajo juramento en el Congreso que la entidad responsable de velar por los bienes del Estado, únicamente efectuó un análisis legal del contrato que firmaron Ferrovías y Remed S.A. para el Ferrocarril Bicentenario. Con base en ello, recibió instrucciones del presidente Giammattei para avalar el acuerdo y la firma del cuestionado contrato.

Asimismo, precisó que hizo un análisis legal, pero no determinó si era económicamente perjudicial para Guatemala el proyecto Ferrocarril Bicentenario.

 

“Nosotros analizamos la minuta y de acuerdo con la que nos presentaron, llegamos a la conclusión de que la viabilidad se generaba a partir del contrato que se presentó y se firmó, ese es el análisis legal que hicimos”, explicó quien tiene el mandato de defender los intereses del Estado de Guatemala.

Una investigación de elPeriódico determinó que uno de los principales accionistas de la empresa inglesa Vivarail es el empresario estadounidense Henry Posner III, presidente de Railroad Development Corporation (RDC), quien en 2007 ganó un arbitraje internacional contra el Estado de Guatemala por US$14.6 millones por una concesión ferroviaria que no se concretó en 1997.

El contrato para el proyecto ferroviario no ha sido conocido con detalles. Foto La Hora

REPRESENTANTE EN GT, CON AMISTADES CERCANAS A LÓPEZ OBRADOR

Los diarios mexicanos han revelado la relación entre Carlos Álvarez de Alba y algunos miembros de la familia de Andrés Manuel López Obrador.

Esto surgió luego que en septiembre de 2020, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) del vecino país tuvo que ceder alrededor de 2.5 hectáreas de terrenos protegidos en la paradisíaca isla de Holbox, Quintana Roo, a la firma Desarrollos Inmobiliarios Xunaan, en cumplimiento de un amparo que le permitió recuperar una zona marino costera que en 2016 le había sido adjudicado a Conanp.

Desarrollos Inmobiliarios Xunaan es subsidiaria de Stella Holdings.

 

A su vez, la nuera de López Obrador es una ejecutiva brasileño-estadounidense que labora en Cava Energy desde 2016, empresa que también forma parte de Stella Holdings. La nuera del presidente mexicano ha sido catalogada como “incómoda” por su trabajo de cabildeo en favor de esta empresa desarrolladora de gasoductos y proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo con columnistas como Mario Maldonado, de El Universal.

Stella Holdings es propietaria de varias empresas como DIESTEL, Capital Agrícola, Promotora Stella, Desarrollos Inmobiliarios Xunaan y la petrolera Cava Energy; tiene su casa matriz en Monterrey, en donde radican sus directivos Álvarez de Alba; Jaime F. Cantú y Rodrigo Peña, de acuerdo con el blog Perforando, de Antonio Carrera, con base en documentos del Registro Comercial mexicano.

Diario La Hora ha buscado la postura del empresario Álvarez de Alba desde antes de la firma del contrato, el pasado 12 de enero, por medio de mensajes a su teléfono celular y al correo de Stella Holdings, el cual “rebotó”.

El representante legal de la empresa que estará a cargo de ejecutar el proyecto, Álvarez de Alba. Foto La Hora

GIAMMATTEI HABLÓ DE LICITACIÓN, PERO…

El Ferrocarril Bicentenario es una promesa de campaña de Giammattei que se promueve como motor de desarrollo económico para el país. Durante su campaña promocionó que el proyecto sería una realidad que se haría invitando a inversionistas internacionales para participar en su licitación.

Lograr su reactivación después de más de 26 años de abandono, según el mandatario y su ministro Malouf permitiría agilizar el transporte comercial hacia el Norte y la región centroamericana.

Sin embargo, el proyecto ha sido fuertemente cuestionado al señalar la forma opaca de otorgar el contrato “a dedo” a una empresa mexicana sin haber cumplido con los procedimientos de la Ley de Contrataciones.

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