Tres días después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los diputados Allan Rodríguez y Estuardo Vargas por supuestos vínculos con actos de corrupción, el Congreso de la República se manifestó con respecto al tema y dijo que todos los ciudadanos guatemaltecos gozan del principio de inocencia.
La Hora consultó al Departamento de Comunicación del Congreso para conocer si había alguna postura relacionada con el asunto. De esa cuenta, la respuesta que se recibió señala que: “Los diputados gozan del principio constitucional de presunción de inocencia como cualquier guatemalteco”.
Además, se citó lo señalado en el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que aborda el derecho de presunción de inocencia.
De esa cuenta, la normativa señala: “Toda persona es inocente, mientras no se haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutada”.
Se agregó que lo manifestado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. es solo un señalamiento.
“Es únicamente un señalamiento en contra de quienes cuentan con derecho de defensa, el cual es inviolable. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, escuchado y vencido en proceso legal”.
Finalmente, se indicó que en el país no existe ninguna investigación en contra de los legisladores.
“A la fecha no se tiene conocimiento que exista investigación en curso por ningún delito en contra de los diputados y en caso de ser presentada, se deberá dilucidar ante las instancias correspondientes en Guatemala”.
EE. UU. SEÑALA A DIPUTADOS DE CORRUPCIÓN
El viernes 9 de diciembre último, la OFAC indicó que la sanción en contra de Rodríguez tiene relación con el tiempo que ocupó la Presidencia en el Congreso y que supuestamente utilizó su autoridad para otorgar subvenciones para construcciones a cambio de sobornos financieros.
“Rodríguez ha utilizado su influencia política para llegar a acuerdos a cambio de sobornos y facilitó sobornos a otros, incluso, por ejemplo, supuestamente ofreciendo sobornos a cambio de votos en un proyecto de ley sobre el Estado de emergencia durante una sesión plenaria del Congreso”, aseguró el Departamento del Tesoro.
Mientras que Vargas es señalado por la OFAC por presuntamente ser uno de varios individuos en la cúspide de una red diseñada para controlar contratos y operaciones en puertos administrados por el gobierno para beneficio personal, así como supervisar la ejecución del proyecto una vez que se adjudican los contratos y paga un porcentaje a los miembros de la junta que votan a favor.
Tras algunas decisiones dictaminadas en los últimos días por los juzgados en Guatemala. Analistas explican panorama: #PorSiNoLoVio https://t.co/HadArVRkeu
— Diario La Hora (@lahoragt) December 12, 2022
“Vargas controla el empleo en el puerto a través de su influencia en los sindicatos portuarios y utiliza esos sindicatos para ganar influencia política. Mantiene lealtades pagando sobornos a cambio de que los sindicatos creen bloqueos y huelgas para promover objetivos políticos”, aseguró la entidad estadounidense.
SUMAN OCHO DIPUTADOS Y EXDIPUTADOS SANCIONADOS
En la nota: “Ocho diputados y exdiputados guatemaltecos han sido sancionados por EE. UU.”, publicada por La Hora, se indica que Rodríguez y Vargas no son los primeros legisladores guatemaltecos sancionados por el gobierno estadounidense.
En total se contabilizan ocho personas entre congresistas y exdiputados a quienes les fueron impuestas penalizaciones administrativas. Ellos son:
Felipe Alejos Lorenzana, subjefe de la bancada TODOS. Fue primer secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República en el período 2020-2021.
Julio Antonio Juárez Ramírez, exdiputado. Este año anunció su adhesión al partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Sofía Jeanetth Hernández Herrera, del partido Unión del Cambio Nacional (UCN). Es allegada del oficialismo y tiene amistad con el propio presidente, Alejandro Giammattei.
Delia Emilda Bac Alvarado, exdiputada de la UNE y también por el extinto partido político Libertad Democrática Renovada (Lider).
Boris Roberto España, diputado del partido TODOS. Es aliado al oficialismo.
Mario Amílcar Estrada Orellana, exdiputado de la UCN. Ocupó una curul en el período del 14 de enero de 2000 al 14 de marzo de 2007. En 2019, fue aspirante a la Presidencia de Guatemala por la referida agrupación política.
Allan Estuardo Rodríguez Reyes, actualmente integra la bancada Vamos. Fue presidente del Legislativo en los períodos 2020-2021 y 2021-2022.
Jorge Estuardo Vargas Morales, jefe del bloque de la UNE y allegado a la secretaria general de dicho partido político, Sandra Torres.
VALDÉS CON LA MISMA POSTURA
En julio último, la presidenta del Organismo Judicial (OJ), Silvia Valdés, rechazó los señalamientos que desde EE. UU. se hicieron en contra de los magistrados Nery Medina y Vitalina Orellana, integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y de los jueces Víctor Cruz y Geisler Smaille Pérez, quienes fueron incluidos en la “Lista Engel”.
De esa cuenta, la funcionaria dijo que las leyes guatemaltecas proveen a los ciudadanos del derecho de presunción de inocencia, el cual debe ser quebrantado ante los juzgados y tribunales establecidos.
“La defensa de la persona y sus derechos son inviolables, y que nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Asimismo, vulnera el Principio de Presunción de Inocencia, en su dimensión extraprocesal, procesal y como principio inspirador de los procesos y reglas de juicio ya que toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en debidamente ejecutoriada”, afirmó Valdés.
