El Gobierno tiene como propuesta bajar el precio de los combustibles en los centros de servicio. La propuesta de un subsidio está en el Congreso de la República e importantes discusiones tendrán lugar a partir de la tarde de este martes.
En medio, Q3 mil 480 millones, que saldrían de una readecuación y Q 1 mil 280 millones, un probable escenario, de una ampliación presupuestaria.
El objetivo es que el usuario vea, independientemente de que medida se tome, el efecto de manera rápida al comprar gasolina o diésel como refiere la propuesta; sin trámites, el argumento es velocidad, mientras los precios del petróleo siguen subiendo influenciados por la Guerra en Irán.
El galón de diésel ya supera los Q42 y la gasolina los Q40. Ante eso, el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo presentó al Congreso un subsidio de Q12 al diésel y Q3 a la gasolina regular hasta el 31 de diciembre.
LAS GRIETAS DE LA PROPUESTA
La propuesta encendió otra discusión: ¿es más justo bajarle el precio a la bomba o depositarle el dinero directo a las familias, como se hizo en pandemia?
La respuesta define si el alivio llega a todos por igual o solo a quien más lo necesita, refieren analistas en el tema.
«Baja el precio para todos», el subsidio protege el transporte de carga y alimentos, por eso el diésel tiene 4 veces más subsidio, según explicaron las autoridades de Gobierno al presentar la propuesta.
Suena sencillo; sin embargo, aquí es donde aparecen las primeras grietas.
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) se cuestiona de dónde saldrá el dinero: «Llama muchísimo la atención que proponen usar Q1 mil 280 millones de una cuenta creada para devolverle el IVA a los exportadores. ¿Por qué hay tanto dinero ocioso ahí? Eso demuestra que se priorizó pagar a los exportadores en lugar de atender pobreza o desnutrición. Ahora van a quemar ese dinero subsidiando combustible».
Barrientos hizo referencia a las declaraciones ayer, de Lucrecia Martínez, Directora Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, durante una citación en el Congreso de la República.
Subsidio a combustibles implicaría ampliación presupuestaria de Q1 mil 280 millones
Para Barrientos, la otra grieta es ¿a quién beneficia?, él mismo lo dice: «Una persona que conduce un automóvil de alta gama, ultra lujoso, estaba posiblemente siendo más beneficiada con el subsidio anterior que una persona que va en una camioneta del transporte público».
La nueva versión intenta corregirlo dándole más al diésel y nada a la gasolina superior, pero sigue siendo general.
Adolfo Lemus, analista de la Universidad Rafael Landívar, advierte que el diseño importa más que el monto: «Cuando un subsidio es generalizado existe un riesgo importante de que beneficie también a sectores que no son objetivo, reduciendo el impacto social de los recursos públicos».
Además, el éxito de este esquema refirió, depende de que las 1 mil 500 gasolineras trasladen el 100% del descuento. Si no, el dinero se queda en el camino.
APOYO DIRECTO A LOS CONSUMIDORES
La alternativa que plantean economistas y organizaciones como el ICEFI es usar los mecanismos que ya funcionaron durante otras emergencias, como la pandemia.
En lugar de pagarle a la distribuidora, depositarle directo al ciudadano vía billetera electrónica, banco o cobro con DPI.
¿Cómo sería? Con los mismos Q3 mil 480 millones, si se focaliza en los hogares más vulnerables, una familia podría recibir hasta Q1 mil 740 distribuidos en tres pagos.
Las personas deciden: gasolina, bus, comida o luz. La ventaja es obvia para millones de guatemaltecos.
Lemus lo resume de la siguiente manera: «Un subsidio directo a las personas o familias vulnerables puede representar una alternativa más eficiente cuando está acompañada de adecuados mecanismos de control. Lo realmente importante es que el beneficio llegue a quienes de verdad lo necesitan».
Barrientos coincide en que técnicamente es lo mejor, pero pone una condición: «Un sistema de transferencia directa es lo mejor, pero necesita como premisa obligada un registro electrónico de beneficiarios bien parametrizado. Sin eso sería un subsidio altamente vulnerable a manipulaciones y corrupción».
Hoy ese registro, dijo Barrientos, no está completo. Los analistas se refieren al Bono Familia que fue otorgado por el Gobierno durante la pandemia de la COVID-19, y que se entregó a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Menkos: subsidio a los combustibles ya no puede extenderse y se analizan alternativas
Dicho bono fue un aporte económico temporal de Q1 mil mensuales otorgado por tres meses a hogares con consumo eléctrico menor o igual a 200 kWh en febrero de 2020 y a casos especiales sin electricidad.
El medio de entrega fue a través del sistema bancario mediante códigos o tokens enviados por mensaje de texto a teléfonos móviles para retiros en cajeros o agentes.
Barrientos sugirió que otra forma es una vía intermedia usando la factura electrónica.
«No costaría nada agregar una línea de subsidio en la factura de la gasolinera. La SAT ya tiene la base de datos y las gasolineras piden el reembolso. Sería mucho mejor que darle el dinero a las empresas petroleras importadoras», agregó Barrientos.
EL ANÁLISIS PARA EL BOLSILLO
Para quienes utilizan con frecuencia un vehículo particular obtienen un ahorro inmediato con el subsidio en la bomba. Sin embargo, quienes se movilizan en transporte público, motocicleta o no tienen vehículo prácticamente no reciben ese beneficio.
Para ellos, un pago directo podría ser más conveniente, ya que el encarecimiento del diésel también impacta el precio del pasaje y de los alimentos.
Como dice Barrientos: «No es tanto el que conduce vehículo particular, sino el consumidor en pobreza que sufre el impacto sin ni siquiera tener vehículo».
Esto, dice, también ataca la falta de transparencia, ya que si esta es una causa de cuestionamientos; el pago directo gana. En pandemia se alcanzaron 2 millones de hogares con control del MIDES y la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Con el subsidio en bomba, el control depende de que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) auditen a cada gasolinera. «La confianza ciudadana aumenta cuando existen reglas claras, transparencia y rendición de cuentas», señaló Lemus.
El punto de coincidencia entre ambos expertos es que el subsidio solo no resuelve todo.
«Por sí solo no alcanza para resolver el impacto del alto costo de los combustibles», dijo Lemus, mientras Barrientos agregó que aprobar leyes de alto impacto fiscal sin respaldo técnico es el problema de fondo.
Presidente Arévalo anuncia subsidio de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular
QUE SIGUE PARA EL SUBSIDIO
El Congreso tiene la última palabra. Pero la discusión ya no es solo de galones y quetzales. Es de prioridades. ¿Seguimos usando dinero destinado a devoluciones de IVA para subsidiar?
¿O construimos un registro serio para darle el apoyo directo a quien lo necesita? Una crisis internacional no se resuelve repitiendo recetas. Se resuelve poniendo al consumidor al centro.
