Por agencia/dpa
Managua
El Gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reanudaron hoy el Diálogo Nacional, con mediación de la Iglesia Católica, para intentar resolver la crisis que sacude al país desde hace casi dos meses.
El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo no asistieron a la reunión, que comenzó con media hora de retraso en la sede del Seminario de Fátima, sector occidental de Managua.
La delegación del Gobierno la encabeza el canciller Denis Moncada, mientras que por la Alianza Cívica asisten estudiantes universitarios, empresarios y dirigentes de la sociedad civil.
El Dialogo se había iniciado el 16 de mayo y se suspendió el 23 por falta de consenso sobre la agenda a discutir. Ortega rechazó debatir el tema de la democratización, que incluía entre otros puntos su retiro del poder, una reforma a la Constitución y la convocatoria a nuevas elecciones.
Al comenzar la sesión de hoy, el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, propuso priorizar el tema de los derechos humanos en vista de que la cifra de muertos ha aumentado en los últimos días a más de 160 personas, según organismos humanitarios independientes.
Álvarez propuso que se apruebe un acuerdo para urgir la presencia en Nicaragua de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU y de la Unión Europea.
Estos organismos deberían «trabajar en el terreno para coadyuvar en la investigación de todas las muertes y actos de violencia, la identificación de los responsables y un plan de atención integral a las víctimas para que se alcance efectiva justicia», expresó el obispo.
La crisis en Nicaragua se inició el 18 de abril con una protesta de estudiantes contra una reforma al Seguro Social, pero se agravó tras la violenta respuesta de la Policía y fuerzas paramilitares contra manifestantes civiles.
Según los últimos reportes de organizaciones de derechos humanos, al menos 168 personas murieron y más de 1,400 resultaron heridas, en su mayoría jóvenes y estudiantes atacados por fuerzas gubernamentales. El Gobierno sólo reconoce 46 fallecidos.
