Panamá entró el lunes en su segunda semana de protestas —consideradas las más numerosas desde las registradas contra la dictadura militar a fines de la década de 1980— para exigir la derogación de un contrato-ley que permite a una minera canadiense extraer y vender cobre y otros minerales por los próximos 20 años y con opción a una prórroga por otros 20 más en una extensa zona boscosa al norte del país.
Los cierres de avenidas, autopistas y carreteras en la capital y en el resto del país comenzaron temprano y para la tarde está prevista otra gran marcha en el centro de la capital impulsada por jóvenes y activistas contra la minería desde las redes sociales, pese al anuncio la víspera del presidente Laurentino Cortizo de que convocaría a una consulta popular el 17 de diciembre para decidir si se deroga o no el contrato de la mina de cobre a cielo abierto considerada la más grande en Centroamérica.
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¿POR QUÉ EL GOBIERNO PANAMEÑO DEBIÓ NEGOCIAR Y APROBAR UN NUEVO CONTRATO CON LA SUBSIDIARIA DE LA CANADIENSE FIRST QUANTUM MINERALS?
Cortizo, cuyo quinquenio presidencial culmina el 1 de julio, debió negociar un nuevo contrato con la minera porque el anterior de 1997 —para explotar cobre y otros minerales metálicos como el oro— fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en diciembre de 2017 por considerar que no aseguraba el mayor beneficio para el Estado y era “ajeno” al bienestar social e interés público.
En medio de tensas negociaciones y el rechazo de activistas medioambientales y jurídicos, el gobierno y Minera Panamá —subsidiaria de Fisrt Quantum Minerals— sellaron un acuerdo en marzo, aunque debieron hacer algunas modificaciones antes de que fuese aprobado por el Legislativo y promulgado como ley rápidamente por Cortizo el 20 de octubre, lo que detonó las protestas.
Minera Panamá había entrado en el negocio al adquirir los activos de la anterior empresa minera —Petaquilla— por 60 millones de dólares en 2014.
¿POR QUÉ LOS PANAMEÑOS EXIGEN SU DEROGACIÓN?
Consideran que el contrato otorga demasiados beneficios y facultades a la minera extranjera en una zona de 12.955 hectáreas. El rechazo es tal que ha levantado el sentimiento nacionalista de los panameños, en su mayoría jóvenes, que en las protestas visten con la camiseta roja y blanca de la selección nacional de fútbol, portan banderas del país o se cubren con ella y gritan sin parar a Cortizo y a los diputados que han traicionado y vendido a la patria.
Advierten, al mismo tiempo, del impacto que tendría la actividad a cielo abierto en el medio ambiente en una zona de la mina que en vistas aéreas muestra una enorme área arrasada y excavada con puentes, torres y maquinaria rodeada de bosques.
Los opositores al contrato rechazan con fuerza, además, que la empresa administre el agua para su operación en un país que necesita el líquido para el consumo humano y la operación del canal interoceánico, que ya sufre por la sequía. La minera argumenta que usa 100% agua de lluvia que reserva para el procesamiento del mineral.
“Casi nos estamos quedando sin agua”, dijo a The Associated Press Omayra Avendaño, una corredora de bienes raíces de 38 años durante una marcha en la capital. “Ni todo el dinero del mundo podrá resarcir la falta de agua que ya es crítica”.
¿QUÉ DICEN EL GOBIERNO Y LA EMPRESA SOBRE EL CONTRATO?
Cortizo lo defiende y mantiene a pesar de las protestas masivas que paralizan parcialmente al país, con el argumento de que “salvaguarda” 9.387 empleos directos y asegura al Estado un aporte mínimo anual por la concesión por el orden de 375 millones de dólares. El gobierno asegura que con el actual contrato se garantiza 10 veces más de aportes respecto del anterior.
Minera Panamá, por su parte, destaca que su actividad aportó el 4,8% del Producto Interno Bruto de Panamá y que la inversión en la mina supera los 10.000 millones de dólares. La empresa, que comenzó a enviar al extranjero el mineral en junio de 2019, reportó que las exportaciones en 2022 fueron por 2.850 millones de dólares.
Su único pronunciamiento en lo que va de las protestas fue un escueto comunicado para condenar el ingreso reciente de un grupo de embarcaciones que llegó a protestar a un puerto que utiliza la empresa.
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En lo que fue su tercer mensaje a la nación durante las manifestaciones, Cortizo anunció la noche del domingo que pedirá al Tribunal Electoral que convoque a una consulta popular para decidir la derogación o no del contrato-ley el 17 de diciembre.
Aunque el mandatario dijo que el resultado es vinculante, muchos —entre ellos juristas— lo consideraron un anuncio tardío que debió tomarse antes de que sancionara el contrato-ley, al tiempo que advirtieron que expone al país a posibles demandas arbitrales multimillonarias.
También lo consideran contraproducente en momentos en que se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia al menos cinco recursos de inconstitucionalidad contra el contrato-ley, dos de los cuales ya fueron admitidos, lo que se considera un primer paso.
“Creo que la consulta lo que hace en el fondo es negar el destino justo a los recursos que están en la Corte; eso es preocupante porque significaría que Panamá tendría que pagar una indemnización muy jugosa a la minera”, si se decide anular el contrato por otras vías, planteó a AP Rodrigo Noriega, un abogado panameño especialista en Derecho Ambiental.
