Durante ocho años al frente del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta consolidó una estructura de poder interna a través del nombramiento de funcionarios de su confianza en fiscalías estratégicas. Sin embargo, con la llegada de Gabriel Estuardo García Luna, el círculo cercano de la exfiscal general se ha debilitado progresivamente.
La primera decisión del nuevo Fiscal General que afectó la estructura cercana a Consuelo Porras estuvo relacionada con la liquidación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), una unidad del MP que fue utilizada para la persecución de ex operadores de justicia que estuvieron a cargo de la investigación o de impartir justicia en casos de corrupción, según informes del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Unión Europea.
García Luna dio el anuncio de la liquidación de la FECI el primer día de su mandato, el pasado 17 de mayo, lo que derivó en la posterior destitución de quien estuvo a cargo de la fiscalía, Rafael Curruchiche, así como en una avalancha de renuncias de exfuncionarios de la administración de Consuelo Porras.
El nuevo Fiscal General también anunció una serie de cambios en las jefaturas de la fiscalías que, según informes internacionales, fueron utilizadas con fines políticos y perseguir a actores de justicia que lucharon contra la corrupción y la impunidad.
Los exfuncionarios del MP no solo estuvieron encargados de seguir los mandos de Consuelo Porras, sino que también formaron parte de la estrategia fallida del antiguo MP para aumentar la influencia de la exfiscal general en instituciones del Estado.
Con las recientes cambios, así quedaron las jefaturas de las fiscalías de sección y regionales:
Fiscalías Regionales:
Fiscal Región VI Sur, Marvin Antonia Montejo Estrada
Fiscal Regional VII Centro-Norte, Cinthia Edelmira Monterroso Gómez
Fiscal Regional V Suroeste, Marlon Oswaldo Rossatti Ramírez
Fiscal Regional IX Petén, Sully Claudet Merlos Moya
Fiscal Regional IV Nororiente, Julio César Díaz Camey
Fiscal Regional I Metropolitana, Miriam Iliana Barrios
Fiscalías de Sección:
Fiscalía de Delitos Transnacionales, Hassen Alberto Coy López
Fiscalía contra la Vida y la Integridad de las Personas, Emma Patricia Flores Ramírez, titular; Linda Evann Salazar Escobar, adjunta
Fiscalía contra Secuestros, Raúl Osberto Figueroa Méndez
Fiscalía de la Mujer, Beronica Jidht de León Guzmán
Fiscalía contra Usurpaciones, Blanca Aracely Monzón Soto
Fiscalía contra la Trata de Personas, Alfredo Solórzano Flores
Fiscalía del Medio Ambiente, María Esther Guzmán Girón Díez
Fiscalía de Extinción de Dominio, Margarita del Carmen Izaguirre Hernández García
Fiscalía contra la Narcoactividad, Yesenia Argueta Fernández de Cordón
Fiscalía de Palencia, Gilberto de Jesús Porres de Paz
Fiscalía contra el Contrabando, Gilda Odilia Villatoro Herra de Martínez
Fiscalía contra la Corrupción, Edgar Rolando Rodenas Navarro
Fiscalía de Delitos Económicos, Freddy Josué Santos Rosales
Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, María Claudia González Herrera
Fiscalía contra la Extorsión, Edwin Elías Marroquín Azurdia
Fiscalía de delitos contra Periodistas, Susana Nineth Rivera Zamora
Fiscalía de delitos contra turistas, Dennis Waldemar Cisneros Torres
Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultura, Marylin Solange Castillo Castillo
Fiscalía de Delitos contra el Femicidio, Mario Francisco Pérez Zapeta
Fiscalía de Delitos Administrativos, Marlon Kenneth Pacheco Rodríguez
Además, estos son los funcionarios de la administración de Porras que renunciaron al MP:
Ángel Pineda, exsecretario general
Julia María Juárez, subsecretaria general
Dimas Jiménez, exfiscal regional Metropolitano de la Región I
Julio César Recinos Fabián, exfiscal de la Extinción de Dominio
Dimas Jiménez y Jiménez, exfiscal regional Metropolitano de la Región I
LA LIQUIDACIÓN DE LA FECI
Horas después de asumir como fiscal general, García Luna anunció que la FECI entraría en una etapa de “liquidación”. Según explicó, la fiscalía perdió la credibilidad ciudadana al no cumplir con los objetivos para los que fue creada. Por ello, indicó que el proceso permitirá revisar los expedientes que tenía a su cargo y determinar si existen posibles responsabilidades derivadas de su actuación.
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Tres días más tarde, el 20 de mayo, García Luna ordenó la destitución del jefe de la FECI, José Rafael Curruchiche, quien estuvo a cargo de esta unidad desde agosto de 2021. Anteriormente, estuvo asignado en la Fiscalía de Asuntos Electorales.
Rafael Curruchiche, el fiscal cuyos casos se estancan o archivan
En la fiscalía descrita anteriormente, Curruchiche tuvo a su cargo el caso por financiamiento electoral ilícito en contra del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el partido que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, quien nombró a Consuelo Porras como jefa del MP en 2018.
En medio del proceso, Erika Aifán, entonces jueza de Mayor Riesgo, ordenó investigar a Curruchiche por una presunta negligencia en la investigación contra el partido de Morales, pero el caso nunca avanzó en el MP.
Publicaciones de La Hora destacaron que Curruchiche tampoco avanzó en los casos en contra de diferentes perfiles políticos.
La FECI de Curruchiche también destacó por el cierre de los casos Asalto al Ministerio de Salud y Cooptación del Estado, por supuestos errores presentados por los agentes fiscales.
En su lugar, la FECI investigó y solicitó la captura de quienes estuvieron encargados de investigar e impartir justicia en estos casos. Por ello, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Engel de Actores Corruptos y Antidemocráticos.
Curruchiche, allegado a Porras, también es incluido en Lista Engel
Según el gobierno estadounidense, Curruchiche “obstruyó investigaciones de actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra fiscales de la FECI y abogados privados”.
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El exjefe de la FECI anunció una investigación por la compra irregular de las vacunas Sputnik V; sin embargo, al igual que otros casos relacionados con la administración de Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, el expediente registró escasos avances.
Además, las acciones del MP se dirigieron contra las autoridades que suscribieron el contrato, y no contra quienes negociaron las condiciones de la adquisición y autorizaron los pagos.
RENUNCIAS
El cambio de la FECI también provocó una avalancha de renuncias por parte de los personajes de mayor confianza de Consuelo Porras, quienes la acompañaron en la toma de decisiones e incluso, influyeron sobre algunas de ellas.
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Ángel Pineda, secretario general de la administración de Consuelo Porras; y Julia María Juárez, subsecretaria general, fueron los primeros exfuncionarios del MP en poner sus cargos a disposición del fiscal general, García Luna.
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El exsecretario general del MP se convirtió en la mano derecha de Consuelo Porras, llegando a ser la voz oficial del ente investigador en conferencia de prensa y entrevistas con medios de comunicación. En febrero de 2024, Pineda se comprometió con La Hora a investigar a Giammattei y Martínez, aunque esto nunca ocurrió.
Pineda también fue acusado en distintas ocasiones de dirigir la cuenta en X denominada como “¡Yes, Master!”, a través de la cual se filtraba información confidencial y se realizaba ataques contra opositores, según un informe de la Unión Europea.
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El 23 de mayo también se dio a conocer sobre la renuncia del exjefe del Departamento de Información y Prensa, y asesor de Consuelo Porras, Juan Luis Pantelón, quien estuvo la acompañó en los eventos públicos para vigilar las consultas de los medios de comunicación. También, se encargó de bloquear a la prensa que resultaba incómoda para la administración saliente.
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Cuatro días más tarde, García Luna recibió las cartas de renuncia de Julio César Recinos Fabián, extitular de la Fiscalía de Extinción de Dominio; y Dimas Jiménez y Jiménez, exfiscal regional Metropolitano de la región I.
Jiménez y Jiménez fue uno de los personajes de mayor confianza de Consuelo Porras. Entre 2025 y 2025, la exfiscal general lo nombró como encargado del despacho en caso de ausencia.
Además, buscó ser magistrado de la Corte de Apelaciones en el proceso de elección de 2024, sin éxito, como parte de la estrategia de la estructura de Consuelo Porras para aumentar su poder en otras instituciones del Estado.
En el caso de Recinos Fabián, La Hora documentó que, como jefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio, benefició al exministro de Comunicaciones, para que lograra recuperar un edificio en zona 8 que funcionaba para la Alerta Alba Keneth.
Dimas Jiménez y Julio Recinos, del círculo de confianza de Consuelo Porras, renuncian al MP
También, buscó ser presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en 2023 y magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero no logró ser electo.
TRASLADOS
Asimismo, García Luna realizó una serie de cambios en la Fiscalía contra la Corrupción, en donde cambió a Raúl Figueroa, jefe de esta unidad, y Gilberto Porres de Paz, fiscal de sección adjunto y esposo de Consuelo Porras.
En el caso de Raúl Figueroa fue nombrado como titular de la Fiscalía contra Secuestros, mientras que Gilberto Porres fue designado en la Fiscalía de Palencia.
Con Raúl Figueroa y Gilberto Porres al frente de la Fiscalía contra la Corrupción hubo un descenso en las investigaciones en contra de funcionarios señalados por corrupción, ya que la unidad se dedicó a desestimar las acusaciones en los que figuraban los expresidente Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, así como exfuncionarios de sus administradores y contratistas beneficiados durantes sus mandatos.
Esta Fiscalía tampoco tuvo avances en la investigaciones por las compras irregulares en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); y en las denuncias de la Contraloría General de Cuentas (CGC) en contra de Walter Mazariegos y miembros del Consejo Superior Universitario (CSU).
También, el nuevo Fiscal General removió a Klayber Sical, quien estuvo a cargo de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado. El agente también formó parte de “Avanza”, la agrupación gremial de exfuncionarios del MP con la que buscaban influir en los procesos de elección en el CANG.
De igual forma, se conoció sobre la remoción como fiscal regional de la Región III Norte de Sully Claudet Merlos Moya, quien fue delegada por Consuelo Porras para conducir el despacho de la Fiscalía General en caso de ausencia. La agente fue nombrada en Fiscalía Regional IX Petén.
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Los recientes traslados también afectaron a Cinthia Monterroso y Noé Rivera Vásquez, quienes lograron ascender en la estructura del MP debido a su lealtad a la exfiscal general.
Previo a ser nombrada fiscal regional, Cinthia Monterroso estuvo asignada a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), donde tuvo a su cargo los expedientes del caso Semilla y participó en el operativo que allanó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 2023.
Monterroso también tuvo a su cargo la investigación en contra del expresidente de elPeriódico, José Rubén Zamora. Además, en 2021 fue denunciada por la exjueza Erika Aifán por supuestamente extraer evidencia de un expediente judicial, pero el caso nunca avanzó en el MP.
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En julio de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos la incluyó en la Lista Engel por socavar “los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca”.
Monterroso fue trasladada a la Fiscalía Regional VII Centro-Norte por el fiscal general García Luna.
En el caso de Rivera Vásquez, previo a ser nombrado fiscal regional a finales del mandato de Consuelo Porras, estuvo a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos, en donde habría beneficiado a exmilitares retirados en el caso Diario Militar y en la investigación por la muerte de monseñor Juan José Gerardi.
Rivera Vásquez también fue jefe de la Fiscalía de Asuntos Internos, donde retrasó las audiencias contra Eduardo Pantaleón, exagente de la Fiscalía contra la Corrupción; y estuvo a cargo de las investigaciones contra la abogada Claudia González y los exfiscales Juan Francisco Sandoval, Siomara Sosa y Virginia Laparra.
En diciembre de 2023, Estados Unidos lo sancionó por socavar “procesos o instituciones democráticas al presentar cargos por motivos políticos contra actores de justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad”.
