En un comunicado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), el Gobierno de Guatemala, rechazó oficialmente la resolución propuesta por el Parlamento Europeo contra funcionarios del Ministerio Público (MP) y un juez guatemaltecos, ya que atenta contra la soberanía del país.
En el documento, el Gobierno recuerda a dicho Parlamento que Guatemala es un Estado respetuoso de la independencia de poderes, en el cual los procesos judiciales e investigativos se desarrollan sin interferencia y apegados a la ley.
Con ello, el pronunciamiento hace un llamado a los gobiernos de los países firmantes a respetar la soberanía de los Estados, como se ha manifestado hacia las naciones europeas como parte de su política exterior de vocación pacífica y cuidadosa de evitar injerencias de cualquier tipo.
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RESOLUCIÓN
En la resolución emitida por el Parlamento Europeo se solicitó que se adopten medidas restrictivas en contra de operadores de justicia y funcionarios por socavar el Estado de derecho.
Estas medidas también incluyen la inmovilización de activos y la prohibición de viajar a países de la Unión Europea.
De acuerdo al documento, la solicitud sería en contra de la fiscal general, María Consuelo Porras; el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche; el juez séptimo penal A, Fredy Orellana; la fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Leonor Eugenia Morales Lazo, y el secretario general del MP, Ángel Pineda.
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EL MP HA CUMPLIDO CON SU MANDATO LEGAL
Por su parte, el jefe de Información y Prensa del MP, Juan Luis Pantaleón, calificó como una falacia el señalar que el ente investigador quiera alterar los resultados electorales o la voluntad popular.
Con ello, Pantaleón aseveró que se rechaza «toda narrativa falsa y maliciosa y lamenta que miembros del Parlamento Europeo desconozcan el sistema legal de Guatemala y hayan obviado informarse por la vía oficial».
Además, expresó que el MP es categórico al señalar que, únicamente responde a la Constitución Política del país y a las leyes vigentes, y no a instancias que carecen de mandato legal en Guatemala.
