El Ministerio Público (MP) afirmó a través de su Jefe de Prensa, Juan Luis Pantaleón, que el decir que el MP atenta contra la voluntad popular, es una «falacia» y forma parte de una «narrativa falsa y maliciosa». Establece que el ente investigador no busca alterar los resultados electorales.
Pantaleón continuó diciendo que el MP «únicamente cumple su mandato de investigar las denuncias ciudadanas, pues no hacerlo sería negarle la justicia a las víctimas de delitos».
El MP afirmó a través de su vocero que «lamentan que los miembros del Parlamento Europeo desconozcan el sistema legal de Guatemala, y hayan obviado informarse por la vía oficial» sobre este.
Puntualizó que el ente investigador «únicamente responde a la Constitución de la República de Guatemala y a las leyes vigentes en el país y no a instancias que carecen de mandato legal» en el país.
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ANALIZARÁN ACCIONES JURÍDICAS
Las declaraciones del MP finalizan con la afirmación de que «analizarían acciones jurídicas en el ámbito del derecho internacional público» por la noción de que aparentemente «se busca obstaculizar la justicia».
PARLAMENTO EUROPEO SANCIONA A FUNCIONARIOS DEL MP
En la nota «Parlamento Europeo solicita sanciones para Porras, Pineda, Curruchiche y otros funcionarios», La Hora afirmó que el Parlamento Europeo aprobó por mayoría una resolución que condena «el intento de golpe de Estado y los continuos esfuerzos del Ministerio Público (MP) por invalidar los resultados de las elecciones generales» en Guatemala, y solicitó que adopte medidas restrictivas en contra de operadores de justicia y funcionarios por «socavar el Estado de derecho».
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN sobre el intento de #GolpeDeEstado en #Guatemala aprobada hoy https://t.co/KTfvat8sOl
— Thomas Peyker (@TPeyker) December 14, 2023
Como reportó este diario, la solicitud sería en contra de la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche; el juez séptimo penal A, Fredy Orellana; la fiscal de la FECI, Leonor Eugenia Morales Lazo; y el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, entre otros.
Esto por estar «socavando el proceso electoral de 2023 en Guatemala e instrumentalizan sistemáticamente el poder judicial para debilitar el Estado de derecho y criminalizar a figuras de la oposición».
