Durante 15 días ha permanecido el paso vehicular en cercanías del Congreso de la República, en la zona 1 de la capital, derivado de las actividades que desarrollan los diputados en el Palacio Legislativo. La situación también generó complicaciones para la movilidad de peatones, y comerciantes del sector se quejaron con las autoridades policiales porque se les ha impedido llegar a sus negocios.
El bloqueo fue impuesto por la Policía Nacional Civil (PNC) a solicitud de la Junta Directiva (JD) del Congreso, derivado de los temas que se discuten en el Organismo Legislativo de forma previa al cierre del segundo período ordinario de sesiones, entre las cuales figura el Presupuesto 2024.
Entre el 2 y 18 de octubre pasado, integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán efectuaron un plantón en las afueras del Ministerio Público (MP), en el barrio Gerona, zona 1, y por instrucciones superiores, los trabajadores de la entidad dejaron de realizar sus actividades de forma presencial.
El paso del personal de la Fiscalía se permitió luego de que la Fiscal General, María Consuelo Porras, insistió ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con un amparo que se otorgó a cámaras empresariales para que la PNC rompiera los bloqueos que en dichas fechas efectuaban cientos de ciudadanos en las carreteras, como medidas de hecho para frenar acciones antidemocráticas.
CORDÓN DE SEGURIDAD
El pasado miércoles 15 de noviembre, un grupo de ciudadanos arremetió en contra de diputados cuando estos salían del Congreso. Ese día fueron elegidos y juramentados los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2019-2024, quienes durarán en sus cargos por 11 meses.
Los hechos se registraron en horas de la noche. En videos difundidos en las redes sociales se observa cómo los congresistas reciben empujones y gritos, además les lanzaron palos y agua.
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Para esa actividad, ya se había solicitado seguridad de la PNC alrededor del Palacio Legislativo. Sin embargo, ante los hechos, un día después se incrementó el cordón de seguridad, para evitar el acercamiento de personas al área.
Según la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital, la Policía instaló puestos de seguridad en la 9a calle, entre 7a y 10a avenida, así como en la 10 calle, entre 7a y 10a avenida.
De esa cuenta, la medida ha impactado en el tránsito vehicular, incrementando el tráfico hasta 30 minutos más de lo habitual, informó la PMT de capitalina.
Los bloqueos en las mencionadas calles comienzan desde las 4 horas, hasta que finalizan las actividades en el Congreso, en ocasiones han llegado a estar hasta las 2 horas del día siguiente. Según la PNC, el cordón de seguridad se mantendrá hasta el cierre del segundo período de sesiones ordinarias del Congreso.
SIN VENTAS
Un grupo de comerciantes cuyos negocios se encuentran en cercanías del Organismo Legislativo le enviaron una carta a la JD con la finalidad de retirar a los agentes de la PNC, puesto que su presencia y cierre de las calles les afecta.
Se detalló que los anillos de seguridad instalados evitan el paso normal de los clientes, quienes, ya sea a pie o en vehículo, deciden acudir a otros comercios.
Los comerciantes aseguraron que llevan pérdidas que alcanzan miles de quetzales y que sostener los negocios les parece inalcanzable.
BLOQUEO EN MP
La investigación que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) desarrolla en contra de las elecciones generales, que condujo el pasado 30 de septiembre al secuestro de las actas electorales 4 y 8 originales de los comicios del 25 de junio último, incrementó el malestar de la ciudadanía.
Ese hecho fue calificado como una medida antidemocrática, con la cual se buscaba restar legitimidad a los resultados de dicha elección.
Ante eso, los 48 Cantones de Totonicapán invitaron a la ciudadanía a manifestar su descontento, y entre esas acciones se instaló un plantón frente a la sede central del MP.
Las acciones para liberar el paso llevaron Porras a pedir a la CC la debida ejecución de una amparo que fue otorgado a cámaras empresariales, y a requerir que se ordenara una investigación en contra de David Napoleón Barrientos, entonces ministro de Gobernación, quien finalmente dimitió de su cargo.
El tribunal constitucional dio una orden al MP para inicar una pesquisa en contra del exfuncionario por desobediencia.
