La alianza oficialista en el Congreso de la República muestra que tiene un plan para no aceptar los resultados de las elecciones recién pasadas, en las cuales Bernardo Arévalo y Karin Herrera resultaron como presidente y vicepresidenta electos, respectivamente. Por eso, han avanzado en su estrategia para evitar que el 14 de enero de 2024 haya cambio de mando en dos organismos del Estado.
Uno de los puntos a los que recurrieron los diputados allegados al partido oficialista VAMOS, fue colocar candados al proyecto de Presupuesto de 2024, entre ellos la autorización previa para la renegociación de los Bonos del Tesoro, como también incluir otras más de 40 organizaciones no gubernamentales (ONG) las cuales tienen vínculos con diputados y excandidatos a distintos cargos públicos.
Con esos 40 votos “nuevos”, esperan alcanzar los 107 votos para desaforar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y asegurar el presupuesto al que desean hacerle modificaciones el jueves, en su tercera lectura.
Políticos coincidieron en que, además, la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República incluyó varios proyectos de infraestructura, algunos que aparecen en el Sistema Nacional de Inversión Público (SNIP) y otros no, para asegurar que apoyarán la aprobación del plan de gastos con el que buscan asegurar complicaciones para el primer año del gobierno de Semilla.
Algunos diputados mencionaron que en el proyecto de Presupuesto se “permitió” Q40 millones para negociar el pago de la votación en el pleno, que la Junta Directiva (JD) del Organismo Legislativo dejó para la última plenaria su discusión y aprobación.
Mientras que otros políticos indicaron que otro de los planes y ofrecimientos del oficialismo es permanecer un año más en el cargo y colocar a una persona de su círculo como presidente temporal.
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EL TSE NECESARIO PARA REVOCAR ELECCIÓN
Otra parte de la estrategia del oficialismo fue presentar en la última quincena de noviembre tres antejuicios contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque se menciona que no respondieron a su plan de revertir las elecciones, retirar la inmunidad al vicepresidente, Guillermo Castillo, y discutir si el ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, puede ser investigado.
El informe de la comisión pesquisidora de estos dos últimos antejuicios ya no se conocerán en periodo ordinario de sesiones del Congreso.
El informe del antejuicio que trabajan a marchas forzadas es el de los los funcionarios electorales, lo cual fue unido a la aprobación del Presupuesto. No obstante, la presión a la comisión pesquisidora contra los magistrados del TSE es la que marca el paso en el Congreso, ya que por la prisa que muestran tres integrantes, se ha atrasado en dos ocasiones el trabajo.
La primera fue la reprogramación de la audiencia a los denunciantes, los abogados Karen Fischer y Giovanni Fratti, y a los autoridades del ente electoral, y otra fue la discusión del informe donde se recomienda retirar o no la inmunidad a los magistrados del TSE.
El presidente de esa comisión, Enrique Montano, comentó que por los criterios de cada integrante se requiere de más tiempo, por lo que el informe puede entregarse el jueves 30, sin embargo, no se descarta que atrase la plenaria de este miércoles para conocer de una vez el informe y someter a votación, donde podrían presentarse amparos por los magistrados del TSE.
