La magistrada Julia Rivera participó en una decisión que pudo tener consecuencias directas sobre la legitimidad de su propia llegada a la Corte de Constitucionalidad (CC). Decidió salvarse y votar a su favor, pese al evidente conflicto de interés.
El pasado 25 de mayo, el máximo tribunal constitucional rechazó, por tres votos contra dos, un amparo provisional promovido contra el proceso mediante el cual el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) designó a sus magistrados titular y suplente ante la Corte para el período 2026-2031. Entre los votos favorables a rechazar la acción figuró el de Rivera, quien fue electa precisamente a través de ese procedimiento y asumió el cargo el pasado 14 de abril.
La resolución fue respaldada además por los magistrados Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa. En contra votaron la presidenta de la Corte, Gladys Morfín, y la magistrada Astrid Lemus, quienes dejaron constancia de su desacuerdo en votos razonados disidentes.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio uno de los debates más sensibles dentro de la justicia constitucional: los límites de la imparcialidad cuando un magistrado conoce asuntos que pueden afectar su propia situación jurídica.
Aunque la legislación guatemalteca no establece de forma expresa una obligación para que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se inhiban de conocer expedientes relacionados con su designación, la participación de Rivera resulta singular porque el litigio cuestionaba la legalidad del proceso que la llevó al cargo.
El amparo había sido presentado antes de que la magistrada tomara posesión. Sin embargo, cuando la acción legal llegó al pleno de la Corte, Rivera ya integraba el tribunal y participó en la resolución que confirmó el rechazo de la protección provisional.
EL CUESTIONAMIENTO A LA ELECCIÓN
La acción constitucional fue promovida por Javier Monterroso, catedrático en la Facultad de Derecho de esa casa de estudios, y tenía como eje una controversia que desde hace años persigue a las autoridades de la Universidad de San Carlos: la legitimidad del Consejo Superior Universitario.
El accionante sostenía que el CSU —que dirige Walter Mazariegos— no se encuentra legalmente integrado porque 23 de sus 41 miembros continúan ejerciendo cargos cuyos períodos ya expiraron y no han sido renovados conforme a los procedimientos establecidos.
La impugnación recordaba además que la propia Corte de Constitucionalidad resolvió previamente que el Consejo debía convocar procesos electorales para regularizar esa situación. Según el planteamiento del amparista, la falta de cumplimiento de esas órdenes judiciales contaminaba de origen las decisiones adoptadas posteriormente por el órgano universitario, incluida la elección de magistrados constitucionales.
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La acción buscaba suspender provisionalmente los efectos de la convocatoria aprobada por el CSU el 26 de enero de 2026 para elegir magistrado titular y suplente ante la Corte, de donde resultó electa Rivera.
Sin embargo, la mayoría del tribunal concluyó que el amparo presentaba un problema de conexidad.
El criterio que prevaleció sostiene que el acto reclamado era la convocatoria electoral, mientras que los agravios expuestos por el accionante se dirigían realmente contra la integración del Consejo Superior Universitario. Al considerar que ambos aspectos no guardaban una relación directa, la mayoría confirmó la negativa del amparo provisional.
MORFIN Y LEMUS: SÍ EXISTE RELACIÓN ENTRE EL ACTO Y AGRAVIOS
Las dos magistradas que votaron en contra llegaron a una conclusión distinta.
En su voto razonado disidente, la presidenta de la Corte, Gladys Morfín, sostuvo que la supuesta integración irregular del CSU sí podía incidir directamente en la validez de la convocatoria cuestionada.
Según argumentó, el núcleo de la acción consistía precisamente en determinar si un órgano integrado por miembros con períodos vencidos tenía legitimidad para convocar y desarrollar el proceso de elección de magistrados constitucionales.
Morfín señaló que los agravios denunciados por el accionante no podían considerarse ajenos al acto reclamado porque cuestionaban la capacidad legal de quienes aprobaron la convocatoria.
La magistrada Astrid Lemus llegó a una conclusión similar.
En su voto disidente afirmó que el planteamiento del amparista sí guardaba una relación directa con el acto reclamado, ya que la legitimidad constitucional de la convocatoria dependía precisamente de la legalidad del órgano que la emitió.
Lemus recordó que la propia Corte había conocido previamente controversias relacionadas con la falta de renovación de integrantes del CSU y advirtió que la designación de magistrados constitucionales por un órgano cuya integración estaba siendo cuestionada justificaba un análisis cautelar más riguroso.
A juicio de ambas magistradas, el caso ameritaba otorgar la protección provisional mientras se resolvía el fondo de la controversia. Decisión que afectaba directamente a la magistrada Rivera.
VOTO QUE MANTUVO FIRME LA ELECCIÓN
La resolución no resolvió definitivamente la disputa sobre la integración del CSU ni sobre la validez de la elección de magistrados constitucionales. Lo que hizo fue negar la acción que buscaba suspender provisionalmente los efectos del proceso.
Sin embargo, el resultado tuvo un efecto político y jurídico inmediato: permitió que la designación realizada por el Consejo Superior Universitario continuara produciendo efectos sin ninguna restricción temporal.
Entre los beneficiarios directos de esa decisión se encuentra la propia Julia Rivera.
Su voto, además, fue determinante para construir la mayoría.
ELECCIÓN RODEADA DE CUESTIONAMIENTOS
La controversia sobre Rivera no comenzó con esta resolución.
La magistrada fue electa el pasado 16 de febrero por un Consejo Superior Universitario controlado por el rector Walter Mazariegos —sancionado por EE. UU.—, cuya llegada a la rectoría de la Usac continúa siendo denunciada por amplios sectores universitarios y organizaciones sociales de fraude electoral dos veces consecutivas.
La elección se realizó en Antigua Guatemala en medio de protestas, denuncias sobre la falta de legitimidad del órgano elector y cuestionamientos relacionados con la integración del CSU.
Posteriormente, una investigación publicada por La Hora reveló nuevas dudas sobre la designación de Rivera.
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La investigación documentó una denuncia según la cual la magistrada habría acreditado experiencia docente universitaria mediante certificaciones que no encontrarían respaldo en los registros financieros institucionales de la universidad.
La publicación reveló que una constancia incorporada a su expediente señala que impartía docencia desde 2012. Sin embargo, según los denunciantes, los sistemas financieros de la Usac únicamente registran contratos a su nombre a partir de 2024.
La denuncia también cuestiona que Rivera no reportó en su declaración jurada una sanción disciplinaria firme impuesta por la Junta de Disciplina Judicial, consistente en una suspensión de cinco días sin goce de salario por delegación indebida cuando ejercía como jueza.
Los señalamientos alcanzan además a Mazariegos y al secretario general de la Usac, Luis Fernando Cordón —exesposo de Rivera— por su participación en el proceso de designación.
Hasta ahora, no se conocen avances sustanciales del Ministerio Público (MP) que dirigió Consuelo Porras en las investigaciones derivadas de esas denuncias.
MAYORÍA QUE VUELVE A COINCIDIR
La votación del amparo también dejó al descubierto una alineación que ha comenzado a repetirse dentro de la Corte.
Los magistrados Molina Barreto, Ochoa y Rivera integraron la mayoría que rechazó el amparo provisional relacionado con la elección de magistrados constitucionales por parte del CSU.
La misma coincidencia volvió a manifestarse esta semana en asuntos vinculados con la crisis institucional de la Universidad de San Carlos.
El lunes último, esos tres magistrados respaldaron la elaboración de un proyecto de resolución relacionado con la elección de autoridades universitarias y la continuidad de Mazariegos al frente de la rectoría, un proceso que sus detractores consideran una nueva maniobra para consolidar el control del rector sobre la universidad.
La secuencia de decisiones adquiere una relevancia especial porque Rivera llegó a la Corte precisamente por designación del Consejo Superior Universitario encabezado por Mazariegos.
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Ahora, convertida en magistrada constitucional, participa en resoluciones que inciden sobre los litigios relacionados con el mismo entramado universitario que hizo posible su llegada al máximo tribunal del país.
Y una de esas decisiones, adoptada por una mayoría de tres votos, permitió mantener sin obstáculos inmediatos la elección que la convirtió en magistrada de la Corte de Constitucionalidad.
