El Ministerio Público (MP) insiste en que los seis sindicados por el caso de la toma de las instalaciones de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac) regresen a prisión preventiva y pide ligarlos a proceso por el delito de sedición. De esa cuenta presentó una apelación en contra de la resolución que dictó el juez Víctor Cruz el pasado 25 de noviembre.
A petición de una solicitud de información de La Hora, el MP informó que la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural presentó ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal un memorial de revocatoria de medidas sustitutivas.
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PIDE REVOCATORIA DE LA MEDIDA
«Dado que los sindicados las incumplieron al comunicarse minutos después de haber finalizado la audiencia de primera declaración con el diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez, en contra de quien el Ministerio Público presentó solicitud de antejuicio al considerar que también tiene participación en la toma ilícita de la Usac«, explicó.
El MP detalló que el memorial de apelación de las medidas sustitutivas contra todos los sindicados es porque «existe serio fundamento que los sindicados puedan obstaculizar la investigación«, subrayó.
PIDE LIGARLOS POR SEDICIÓN
Asimismo, el MP presentó un memorial de apelación contra la falta de mérito por los delitos de sedición y asociación ilícita. «La fiscalía tiene indicios suficientes en cuanto a la participación de los sindicados en dichos delitos«, explicó.
La revocatoria afectaría a los siguientes procesados:
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Eduardo Velásquez Carrera, catedráticos de la Universidad de San Carlos (Usac);
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Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla;
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Javier de León, egresado de la Licenciatura en Física de la Usac;
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Alfredo Beber Aceituno, decano de la Facultad de Ingeniería de la Usac;
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Rodolfo Chang Shium, decano de la Facultad de Veterinaria; y
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Martín Macario, sindicalista de la Usac.
El juez Cruz otorgó arresto domiciliario la madrugada del sábado pasado, estas consistían en el pago de Q10 mil, prohibición de hablar con coimputados, arraigo, presentarse a firmar el libro de procesados cada 15 días y la prohibición de acercarse a la Fiscalía que controla el caso.
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EL CASO
En conferencia de prensa, ofrecida la mañana del pasado jueves 16 de noviembre, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación develó un caso en el cual señaló al binomio presidencial electo por supuestamente incitar, en 2022, a que se mantuviera por la fuerza la toma del Campus Central de la única universidad estatal.
La protesta estudiantil se originó por el rechazo a la elección de Mazariegos como Rector de la Usac, según los mismos estudiantes universitarios. Dicho proceso se celebró el año pasado, debido a irregularidades.
Por este caso, el MP solicitó el retiro de antejuicio en contra de Arévalo y Herrera, para efectuar una investigación en su contra por supuestos “delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita”.
A palabras del presidente electo e integrantes del partido Semilla, el caso sería una fachada para avanzar con acciones antidemocráticas que se fraguarían desde el MP que dirige la Fiscal General, María Consuelo Porras para impedir que Arévalo tome posesión.
El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Mazariegos, en julio pasado, en la Lista Engel por supuestamente desvirtuar “procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de Rector de la institución de educación pública en julio de 2022, tras un proceso de selección fraudulento”.
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