Luego que el Ministerio Público (MP) solicitara que se ligara a proceso penal a los seis detenidos por el “Caso toma de la Usac: Botín Político”, y tras una kilométrica audiencia, el juez Víctor Cruz resolvió ligarlos a proceso por dos delitos.
Marcela Blanco, Rodolfo Chang Shium, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Alfredo Enrique Beber Aceituno, Javier Alfonso de León Gómez y Martín Jorge Macario, los seis señalados en la investigación del MP, fueron ligados a proceso penal por el juez Cruz por presuntamente cometer los delitos de usurpación y depredación de bienes culturales.
El juez Cruz dictó falta de mérito a favor de los seis señalados por los delitos de asociación ilícita y sedición “al no hallar los indicios suficientes para abrir una investigación en su contra”.
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OTORGA ARRESTO DOMICILIARIO
El juez Víctor Cruz otorgó arresto domiciliario a los seis detenidos por el caso de la supuesta toma de la Usac.
El juzgador otorgó medidas sustitutivas para que los detenidos puedan regresar a sus viviendas, pues guardaban prisión provisional en el centro preventivo Mariscal Zavala.
El juez afirmó que la defensa de cada sindicado desvaneció el peligro de fuga y de obstaculizar la investigación.
Las medidas sustitutivas que impuso el juez Cruz consisten en:
– El pago de Q10 mil (cada uno)
– Arresto domiciliario en su casa
– No salir del país
– Cada 15 días poner su huella biométrica en el Juzgado
– No hablar con coimputados
El juez Víctor Cruz refirió que el pago de Q10 mil debe efectuarse en un plazo de 10 días.
“El lunes podrán pagar la caución económica y así se ordena su inmediata liberación”, dijo el juzgador.
MP SE OPUSO AL ARRESTO DOMICILIARIO
Durante la audiencia, el fiscal del MP, Saúl Sánchez, se opuso a que el juez Cruz otorgara arresto domiciliario a los seis sindicados por el Caso USAC
De acuerdo con los argumentos del MP, existe peligro de obstaculización a la acción penal por personas que publican en internet.
Sánchez se opuso a que los seis detenidos recuperaran su libertad y pidió que los enviaran a prisión preventiva. “Aún hay 21 órdenes de captura por ejecutar y pueden obstaculizar el proceso”, aseguró.
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La Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), como querellante adhesivo, secundó al MP, y pidió que fueran enviados a prisión preventiva.
LA INVESTIGACIÓN QUE PRESENTÓ EL MP
En conferencia de prensa, ofrecida durante la mañana del pasado jueves 16 de noviembre, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación develó un caso en el cual señaló al binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, de supuestamente incitar, en 2022, a que se mantuviera por la fuerza la toma del Campus Central de la única universidad estatal.
La protesta estudiantil se originó por el rechazo a la elección de Walter Mazariegos como Rector de la Usac. Dicho proceso se celebró el año pasado, debido a irregularidades.
Asimismo, el MP solicitó el retiro de antejuicio en contra de Arévalo y Herrera, para efectuar una investigación en su contra por supuestos “delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita”.
A palabras del presidente electo, el caso sería una fachada para avanzar con acciones antidemocráticas que se fraguarían desde el MP que dirige la Fiscal General, María Consuelo Porras.
El Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a Mazariegos, en julio pasado, en la Lista Engel por supuestamente desvirtuar “procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de Rector de la institución de educación pública en julio de 2022, tras un proceso de selección fraudulento”.
