El titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana. Foto: Roberto Altán/LH

Un audio compartido por la periodista Michelle Mendoza demostró la forma en la que el titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, accede en pocos minutos a la solicitud de la fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Leonor Eugenia Morales Lazo, para realizar un allanamiento en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), con el cual se vulneró la cadena de custodia de los votos de las Elecciones Generales de la primera vuelta.

En el audio, la Fiscal explica al Juez Orellana que el abogado Giovanni Fratti denunció que existe el “peligro razonable y fundado” que se defraude al Estado, ya que argumentó que el Movimiento Semilla habría obtenido menos votos de los reportados.

Morales hizo referencia a publicaciones de medios de comunicación, sin que se ahondaran en mayores detalles sobre el supuesto fraude al patrimonio del Estado que se podría cometer, por lo cual solicitó a Orellana el allanamiento en el COPE y el Registro de Ciudadanos para “confrontar” las Actas No. 4 y No. 5, el padrón electoral, entre otros documentos.

ORELLANA ACCEDE

De esta cuenta, sin cuestionamiento, como consta en el audio compartido por la periodista en su cuenta de X, el juez Orellana aseguró que la solicitud era “congruente”, luego de escuchar los argumentos de la Fiscal y teniendo en cuenta los medios de convicción sobre el proceso electoral de la actividad de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), así como los resultados que se ingresaron al sistema informático.

“Por lo que en este caso, siendo el objeto la averiguación de la verdad histórica o la verdad material, según el artículo 5 del Código Procesal Penal, la autorización que pide el MP es congruente con dicho objeto, por lo que a lugar lo solicitado”, expresó el juzgador.

El juez autorizó a la Fiscalía la práctica de allanamientos, inspección, registro y secuestro de evidencias, así como extracción y posterior posible análisis de información que sea necesaria.

 

En esta línea, también indicó que la diligencia se debía de realizar dentro del horario y las maneras que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, así como el Código Procesal Penal, respetando en todo momento los derechos fundamentales de todas las personas que estuvieran presentes.

CASTILLO: CASO SEMILLA DEBIÓ INVESTIGARSE DE MANERA IMPARCIAL

Asimismo, se abordó al diputado Armando Castillo, del partido Visión con Valores (VIVA), quien opinó que el derecho de petición está contemplado en la Constitución.

«Nuestra constitución garantiza el derecho de petición, así que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia en contra de una acción que considere anómala», dijo.

Sin embargo, Castillo explicó que en este caso, el problema es la forma tan ágil en que se tramitó una denuncia de esta magnitud, basándose en recortes de prensa, mientras que existen otros casos serios y bien documentados y estos no caminan con la misma celeridad.

«Creo que las denuncias en contra del partido Semilla debieron ser investigadas de manera imparcial por la Fiscalía de Asuntos Electorales», puntualizó.

SAGASTUME: ES UNA ACTIVIDAD JUDICIAL POLITIZADA

El expresidente del Colegio de Abogados y Notarios (CANG), Marco Antonio Sagastume, refirió que escuchó el audio, y explicó que, «con las personas involucradas es una actividad judicial politizada. En el ámbito internacional se conocen estas acciones y han desprestigiado al OJ en su conjunto. Tal pareciera que la justicia ha sido utilizada con el fin de obstaculizar el cambio de autoridades que triunfaron en la segunda vuelta».

SE BUSCARON OTRAS POSTURAS

Esta Redacción también buscó la opinión de los exdiputados Nineth Montenegro y Pablo Duarte, pero no sé logró obtenerla. La tarde del sábado 11 de noviembre se contactó a ambos exlegisladores para abordar este tema, pero no sé logró comunicación.

*Con información de Hedy Quino/ Diego España

Engelberth Blanco
Creo en la democracia y apelo por una educación de calidad para todas las personas, el acceso al agua y la tierra.
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