A inicios de agosto pasado en el Sistema de Gestión de Adjudicaciones de Estados Unidos (SAM) fue lanzado un concurso de licitación del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. para contratar los «Servicios de Rastreo y Recuperación de Pagos (TPRS)» para localizar guatemaltecos (y de otras nacionalidades) deportados y cobrarles multas de inmigración.
El concurso estuvo abierto del 4 al 7 de agosto y se especificó que el propósito es adquirir los servicios con un contratista para localizar a personas deportadas fuera de los Estados Unidos con el fin de notificarles sobre las tarifas, multas u otros detalles del pago de deudas aplicables.
Inicialmente, el proyecto aplica para países como Guatemala, México y Honduras, pero se podrá extender a otras naciones. «Este grupo de deudores incluye, entre otros, a personas a quienes se les ha impuesto una multa civil, una sanción y/o una tasa, y que han sido expulsadas de los Estados Unidos» se puntualiza en las especificaciones del proyecto.
«El contratista deberá comunicarse con el deudor mediante un folleto impreso en inglés y español (que deberá ser aprobado por el Gobierno) en el que se detallen la(s) deuda(s) pendiente(s) y el método de pago», se agrega. Además, las empresas podrán realizar viajes para lograr localizar a los deudores.
De acuerdo con las especificaciones del proyecto, el plazo para la ejecución tendrá una vigencia de dos años, que ya inició desde el pasado 1 de septiembre y finalizará el 31 de agosto de 2028.
ADJUDICACIÓN
La adjudicación se concretó el 17 de agosto, según información compartida por el medio Project Salt Box donde se detalla que fueron 4 empresas las que lograron ser adjudicadas al proyecto.
Los contratos fueron otorgados a las empresas:
- Global Recovery Group
- Caduceus
- Response AI Solutions
- Baptiste Group
Estas serán las encargadas de localizar a los migrantes deportados de México, Guatemala y Honduras para cobrarles las deudas de inmigración.
Según el referido medio, cada contrato se otorgó por un máximo de USD 9 millones.
En el portal Scripps News se relata que algunos migrantes estarían recibiendo multas de USD 1.8 millones. Este medio explica que realizó una investigación sobre la ejecución del proyecto que recién inició.
Scripps News entrevistó a una familia de inmigrantes donde el padre de familia habría recibido una notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y habría ignorado una orden de deportación que data de 1996.
Ahora la deuda suma USD 1.8 millones, según lo consignado en la pieza periodística.
De acuerdo con el Cornell Law School, el fundamento para cobrar se ampara en la sección 8 U.S.C. § 1324d (Sección 274D de la Ley de Inmigración y Nacionalidad) «Sanciones civiles por no abandonar el país».
El DHS puede imponer sanciones de multas diarias a los inmigrantes por no abandonar el país cuando tienen la orden de deportación. La Ley facultaba imponer una sanción de USD 500 diarios, pero según se detalla en el sitio Legal en USA la multa puede alcanzar los USD 998 diarios.
