Curruchiche
Imagen: Alejandro Ramírez / La Hora.

El pasado 12 de septiembre, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) realizó allanamientos en el Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo (TSE) y también en la Sede del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) ubicado en una de las bodegas del Parque de la Industria por una denuncia ciudadana, según afirmó el jefe de esa Fiscalía Rafael Curruchiche.

Ahora, casi dos meses después, se conoció que el ciudadano que presentó la denuncia fue el abogado Giovanni Fratti Bran, acción que provocó el secuestro de las cajas electorales y que también permitió que el MP pidiera un cotejo de votos.

El jefe de la FECI indicó luego de las diligencias de allanamiento, secuestro e inspección en ambos edificios que las acciones eran en seguimiento a la denuncia de un ciudadano, pero de quien hasta ahora se desconocía la identidad.

Audio publicado por la periodista Michelle Mendoza en la red social «X». 
DIVULGAN AUDIO

De acuerdo con la información que contiene un audio que compartió la periodista Michelle Mendoza en su cuenta de X, la denuncia se presentó ante la Oficina de Atención Permanente el 26 de julio pasado, explicó la fiscal de la FECI a quien se identificó como Leonor Eugenia Morales Lazo. Esto fue un mes después de que se efectuaron los comicios de la primera vuelta, el 25 de junio.

El audio corresponde a una audiencia unilateral celebrada el 7 de septiembre, en la cual participó únicamente la FECI y el juez Séptimo Penal A, Fredy Orellana. La diligencia se desarrolló dentro de la carpeta judicial del caso que se sigue en contra del partido Movimiento Semilla, que le dio la victoria en los comicios a Bernardo Arévalo en agosto pasado.

Según la fiscal Morales, el denunciante refirió tener conocimiento, por lo que «ha visto» en medios de comunicación, que en contra del partido Semilla existe una orden judicial de suspensión provisional de la personalidad jurídica tanto del Comité Pro formación como parte de la carpeta MP 001-2022-33864.

De esa cuenta, la FECI decidió agregar como un antecedente la denuncia a dicha carpeta judicial al relacionarse directamente por el hecho denunciado por Fratti, justificó la fiscal Morales.

La hipótesis que plantea la fiscal Morales, se centra en que «existe el peligro razonable y fundado» de que el partido Semilla «reciba fondos del Estado de Guatemala producto de posibles falsedades e inconsistencias en la cantidad de votos válidos obtenidos, defraudando fondos públicos de manera ilícita, señalando supuestas irregularidades e inconsistencias en el proceso electoral 2023«.

La fiscal de FECI sostuvo lo anterior ante el juez Orellana bajo el artículo 31 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

HABLARON DE POSIBILIDAD DE «FRAUDE» A FONDOS DEL ESTADO

De esa manera, la fiscal explicó que de acuerdo con lo establecido en el artículo, deben pagarse la cantidad de US$2 dólares por cada voto válido emitido a favor de Semilla, de los cuales existen indicios racionales «suficientes para presumir que los votos realmente obtenidos por la agrupación, no sean realmente los declarados por el TSE«.

Lo anterior, dado que existe la posibilidad de que las actas 5 contengan «dolosas inconsistencias» que revelen discrepancias que no reflejan la realidad de los sufragios que fueron presuntamente emitidos a su favor, argumentó la fiscal.

La investigación técnica y científica que hasta el momento ha efectuado la Fiscalía, se evidencia la posibilidad de indicios racionales suficientes de criminalidad para presumir que en las actas que fueron digitalizadas por parte del TSE, denominadas el documento 5, fueron anotados votos a favor de Semilla cantidades «que no le corresponden» y que consecuentemente los datos que de tal documento recogen «no son consistentes con el documento número 4» que fue depositado en la bolsa que contiene las papeletas de sufragio para Presidente y Vicepresidente en el proceso electoral 2023, indicó Morales.

Por cada uno de los votos, la fiscal señaló que el TSE, como ya se ha indicado, debe pagar al partido político la cantidad de US$2 por cada sufragio válido, fondos que tienen su origen en los impuestos que paga el pueblo de Guatemala y reiteró que este dinero, de subsistir los hechos denunciados y como producto de las «inconsistencias» ya señaladas, pueden ser pagadas al partido que está suspendida por orden judicial, debido a la posible comisión de actos ilícitos ya mencionados y que, «les benefician económicamente en perjuicio del patrimonio del Estado«.

¿QUÉ PIDIÓ EL MP?

La fiscal en reiteradas ocasiones indicó al juez Orellana que la agrupación está suspendida por orden judicial debido a la posible comisión de actos ilícitos que les beneficiarían y por ello justificó que la diligencia que se desarrolló el 12 de septiembre «eran de carácter útil y pertinente«:

Al audio dura menos de 15 minutos, es decir, la audiencia en la que se abordó un tema toral de la democracia se abordó en poco tiempo y sin mayores justificaciones y pruebas legales.

De esa cuenta solicitó las siguientes peticiones:

  1. Reconocimiento de Inspección de bolsas que contenían los sufragios y efectuar el conteo de las papeletas.
  2. Confrontar documentos digitalizados con el 5 y 4.
  3. Confrontar con el padrón electoral hojas 2 y 2 A, así como 4 actas finales de cierre
  4. Confrontar las bolsas que se encuentren en las cajas electorales que se encuentren en las cajas electorales que contienen los votos válidos, inválidos, nulos y en blanco para Presidente y Vicepresidente.
  5. Confrontar documentos que se encuentren afuera de la caja electoral en una bolsa que dice Junta Electoral, el original del documento 4 acta final, escrutinio y documento 5.

 

Lo anterior se pidió para los 22 distritos de Guatemala.

Asimismo, requirió proceder al secuestro del análisis informático forense de las computadoras usadas por digitadores temporales de la primera vuelta electoral en virtud de sus declaraciones en sede fiscal, así como de cualquier otro documento que pueda ser útil para la investigación.

El MP identificó que los documentos se encontraban en el Parque de la Industria de la zona 9 en dónde se encontraba el COPE, así como la sede del Registro de Ciudadanos del TSE ubicado en la zona 2.

NOTICIAS, LOS MEDIOS PROBATORIOS DE LA FISCAL A ORELLANA

La fiscal sostuvo su petición para qué se efectuará la diligencia de allanamiento, inspección y registro y secuestro de documentos antes mencionados, como los que se consideren necesarios para la investigación.

Esto incluía, de acuerdo con Morales, el secuestro de computadoras portátiles y medios de almacenamiento de información, como computadoras de escritorio, memoria tipo USB, tabletas o teléfonos, que se consideren necesarios para la investigación y se autorizará la extracción de información de los mismos.

La fiscal, de acuerdo con el audio, presentó como medios probatorios la impresión de noticias de distintos medios digitales, así como las declaraciones de digitadores y la denuncia de Fratti al juez Orellana para fundamentar la petición.

De esa cuenta, luego de una exposición de menos de quince minutos, el juez Orellana considero que la solicitud en audiencia de la fiscal Morales era «congruente» y autorizó las diligencias que cinco días después ejecutaría un grupo de fiscales en las instalaciones del COPE y el RC.

CURRUCHICHE MINTIÓ

Una nota de La Hora también explicó como Curruchiche, mintió a los medios de comunicación, cuando aseguró que los allanamientos que se realizan en el Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en la bodega que el referido órgano instaló en el Parque de la Industria, no eran por el caso que se sigue en contra de Semilla.

JUEZ APROBÓ DILIGENCIA

La orden del juez Freddy Orellana permitió al personal de la FECI ingresar a los inmuebles e inspeccionar todo lo que se encontraba adentro, así como secuestrar medios de almacenamiento de información como computadoras de escritorio y portátiles, memorias tipo USB, tabletas o teléfonos, entre todos los artículos que se consideraran necesarios para fortalecer la investigación, y se autorizó la extracción de los documentos que los mismos tengan.

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ENTE INVESTIGADOR RECHAZÓ SEÑALAMIENTO DE CONTEO DE VOTOS

Durante el allanamiento realizado en el COPE, un video compartido por la diputada electa del partido Movimiento Semilla, Andrea Reyes, mostró a una fiscal a quien se le vio contando votos durante el segundo día del allanamiento que la FECI realizó en el Parque de la Industria, lo que supuso el rompimiento de la custodia electoral; no obstante, el ente investigador rechazó el referido señalamiento.

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FRATTI TAMBIÉN ACCIONÓ EN CONTRA DE MAGISTRADOS DEL TSE

Fratti también accionó en contra de magistrados del Tribunal Supremo Electoral por la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), así como por la inscripción de Manuel Baldizón cuando buscó participar en las elecciones, hecho que al final el Registro de Ciudadanos rechazó.

SUSTRAJERON ACTAS ELECTORALES

La FECI además realizó otro allanamiento en la sede del TSE el pasado 30 de septiembre, en tanto sustrajo cajas electorales que contenían las actas 4 y 8 de la primera vuelta electoral, en medio de un procedimiento que duro varias horas y en el que magistrados buscaron impedir la sustracción de los documentos.

Hasta ahora el MP no ha informado sobre la posible entrega de las cajas.

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PENDIENTE RESPUESTA DEL MP

La Hora consultó al vocero del MP, Juan Luis Pantaleón, por el audio publicado, pero al cierre de esta nota se tuvo respuesta. En cuanto exista un pronunciamiento se agregará.

Diego España
Me intereso en temas políticos, sectores vulnerables y de justicia. Narro historias de ciudadanos de a pie. Considero que las disidencias nos hacen ver y cuestionar la realidad haciéndonos más humanos. Comprometido con la memoria histórica y en informar verazmente.
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