El Gobierno proyecta destinar Q20 mil 100.55 millones para el Orden Público y Seguridad Ciudadana en el ejercicio fiscal 2027, de acuerdo con los techos presupuestarios presentados este martes en la exposición del Presupuesto General para Seguridad y Justicia de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).
Aunque la propuesta aún se encuentra en fase de revisión y deberá integrarse al proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación que el Ejecutivo enviará al Congreso a más tardar el 2 de septiembre, las cifras muestran un incremento sostenido en los recursos asignados al sector en los últimos años.
Según la presentación del Ministerio de Finanzas, el promedio del presupuesto para esta área pasó de Q12 mil 604.11 millones durante el período 2020-2023 a Q18 mil 090.72 millones en el período 2024-2027, un aumento del 44%.
JUSTICIA Y POLICÍA ABSORBERÍAN OCHO DE CADA DIEZ QUETZALES
Del total proyectado para Orden Público y Seguridad Ciudadana, la mayor parte de los recursos se concentraría en dos funciones.
✅Presupuesto vigente para Orden Público y Seguridad Ciudadana
✅Presupuesto vigente para Orden Público y Seguridad Ciudadana
✅Presupuesto de Servicios de Policía y
Seguridad Ciudadana y Administración de Justicia pic.twitter.com/dNFTdfSUI0— FUNDESA (@FUNDESA) August 4, 2026
La Administración de Justicia recibiría Q8 mil 997.16 millones, equivalente al 44.8% del total, mientras que los Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana contarían con Q7 mil 625.32 millones, un 37.9%.
En conjunto, ambas funciones absorberían 82.7% de los recursos destinados al sector.
El resto del presupuesto se distribuiría entre la Administración de Asuntos Penitenciarios, con Q1 mil 753.23 millones; la Defensoría Pública Penal y de los Derechos Humanos, con Q810.56 millones; investigación y desarrollo vinculados al orden público y otros programas.
Durante la presentación, el viceministro de Administración Financiera del Minfin, Walter Figueroa, explicó que la clasificación responde a estándares internacionales y no únicamente al presupuesto de instituciones específicas.
«Es un clasificador a nivel internacional, no solo instituciones, sino actividades que hacen instituciones», indicó mientras explicaba que dentro de esta meta también se incluyen programas ejecutados por entidades distintas al Ministerio de Gobernación.
NUEVAS CÁRCELES, MÁS POLICÍAS Y MEJORA EN INFRAESTRUCTURA
Dentro de las acciones programadas para 2027 destacan recursos para la operación y fortalecimiento del sistema penitenciario y policial, y entre estas figuran:
- Q90 millones para el funcionamiento de la cárcel de Morales, Izabal.
- Q116 millones para la operación del centro penitenciario de Masagua.
- Q250.8 millones para la construcción del centro de cumplimiento de condena en Masagua.
- Q266.5 millones para remozamiento de infraestructura penitenciaria.
- Q50 millones para equipamiento del Sistema Penitenciario.
- Q34.1 millones para infraestructura policial, incluyendo comisarías, subdirecciones y academias.
- Q13 millones para infraestructura del Hospital de la Policía Nacional Civil.
Asimismo, el Mingob contempla la incorporación de 3 mil 500 nuevos agentes de la PNC a partir de septiembre de 2027, lo que tendría una asignación de Q124.6 millones.
Por su parte, el Ministerio de la Defensa proyecta recursos para equipar la cárcel de máxima seguridad en Morales, Izabal, continuar su construcción, adquirir un buque clase Island, un avión C-295 para operaciones contra el narcotráfico, equipos de comunicación y actualizar el sistema nacional de radares.
MINFIN RECUERDA QUE AÚN SON TECHOS PRESUPUESTARIOS
Figueroa recordó que las cifras presentadas corresponden a los techos presupuestarios, por lo que todavía pueden sufrir modificaciones antes de convertirse en el proyecto oficial que conocerá el Congreso.
El funcionario explicó que la propuesta parte de una previsión de Q131 mil 635 millones en ingresos tributarios, que sirve como base para definir los límites de gasto de cada institución.
Añadió que el incremento observado en seguridad y justicia responde, en buena medida, al crecimiento de la recaudación tributaria y a las asignaciones constitucionales y legales que aumentan conforme lo hacen los ingresos del Estado.
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No obstante, reconoció que las necesidades institucionales superan los recursos disponibles. «Vemos que nuestra restricción es la que marca la asignación de esos techos presupuestarios», dijo.
También indicó que el Minfin recibe solicitudes de ampliación presupuestaria de distintas entidades y que actualmente analiza hasta dónde es posible incrementar los techos sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
