Censo de reos tras fuga en Fraijanes II confirma más de 24 mil privados de libertad en cárceles del país.
Diversos incidentes recientes de fallas en los protocolos de seguridad del SP representan la debilidad de la institución, según expertos. Foto La Hora: PNC

La ocurrencia de varios incidentes relacionados con privados de libertad, cárceles y guardias del Sistema Penitenciario, todos durante el mes de julio, según expertos en seguridad consultados por La Hora, evidencia graves fallas en los protocolos y funcionamiento de la institución que el Estado no ha logrado resolver.

Uno de los casos más recientes fue tratado este lunes en citación en el Congreso, cuando autoridades del SP reconocieron que la fuga del reo César Humberto Hernández fue posible debido a que no se aplicaron los protocolos de revisión en los distintos puestos de control por donde salió un ropero con doble fondo, elaborado presuntamente por el propio privado de libertad para escapar de Pavón.

Esto se suma a otros hechos, como el traslado de privados de libertad en un vehículo particular tipo Scion, utilizado comúnmente como «taxi pirata» en la zona 1 capitalina.

Días después, en un video captado por La Hora, quedó registrado cómo un grupo de mujeres detuvo un camión que trasladaba a presuntos integrantes de la MS-13 a la salida de Torre de Tribunales para entregarles varias bolsas, todo en presencia de los custodios.

A estos hechos se suma el ataque armado ocurrido en el Preventivo para Varones de la zona 18, donde falleció Carlos Roberto Ortiz Romero, alias «Gorgojo», junto a su esposa, así como el intento de motín en la cárcel de Puerto Barrios.

Alias “Gorgojo” fallece junto a su esposa durante incidente en el Preventivo de la zona 18

PROBLEMAS QUE SE «ARRASTRAN» DESDE HACE AÑOS

Para el analista en seguridad Julio Rivera Clavería, los hechos recientes no representan fallas aisladas, sino la manifestación de problemas que han permanecido durante décadas.

«Evidencian problemas estructurales, que se vienen arrastrando desde hace décadas y a los que no se les ha puesto la atención gubernamental y política necesaria», afirmó.

Según el experto, el principal problema del SP radica en la combinación de corrupción, escasa profesionalización del personal, limitada incorporación de tecnología y débiles mecanismos de control y supervisión interna.

Rivera Clavería advirtió que cuando el Estado pierde el control del sistema penitenciario, aunque sea por un periodo corto, las consecuencias pueden ser graves. «Eso significa motines, asesinatos, fugas y dinero a funcionarios», dijo.

El analista también señaló que las principales debilidades del sistema no solo pasan por los procedimientos internos, sino por la falta de infraestructura penitenciaria moderna y la persistencia de altos niveles de corrupción.

Asimismo, indicó que el deterioro del sistema termina trasladándose a las calles. «A mayor debilidad del SP, mayores niveles de criminalidad y violencia en las calles, porque la criminalidad opera desde adentro», indicó.

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REFORMAS PENDIENTES PARA ATENDER FALENCIAS

El analista en seguridad, Eddy Morales, coincidió en que los incidentes recientes responden a problemas estructurales y no a situaciones excepcionales.

Explicó que el SP enfrenta desde hace años una combinación de hacinamiento, corrupción, infraestructura deteriorada, falta de profesionalización del personal y limitaciones presupuestarias que terminan debilitando el control institucional.

Según Morales, el hacinamiento es uno de los principales factores que favorecen la pérdida de control dentro de las cárceles, debido a que limita el acceso a servicios, incrementa la violencia interna y propicia la violación de derechos humanos.

A ello se suma, explicó, la persistencia de prácticas de corrupción que no solo involucran a custodios, sino que alcanzan distintos niveles de la administración penitenciaria.

«Son estructuras que están vinculadas al director del centro, el guardia penitenciario y el privado de libertad», explicó.

El especialista también señaló que muchos centros penitenciarios presentan serias deficiencias en materia de seguridad, saneamiento y mantenimiento, mientras que el personal continúa enfrentando limitaciones en capacitación, recursos y condiciones laborales.

En su opinión, esa serie de factores permite que los reclusos asuman el control de los centros penitenciarios y formen un «autogobierno».

Por otra parte, el analista aseguró que los hechos registrados en las últimas semanas fortalecen la percepción ciudadana de que las cárceles son controladas por estructuras criminales y debilitan la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad y de la justicia.

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«La percepción dentro del imaginario social es que las cárceles son controladas por grupos criminales y que el Estado pierde autoridad sobre un componente tan esencial del sistema de justicia como es el Sistema Penitenciario», señaló.

Para solucionar la situación, Morales remarcó que es necesario que haya una «profunda reforma», tanto del Sistema Penitenciario como de una política criminal de Estado.

«Actualmente, hay mucha infiltración del crimen organizado a todos niveles, político y económico», resaltó Morales, explicando que es «complicado» ejecutar una transformación porque hay autoridades coludidas.

Los analistas coinciden en que los distintos incidentes registrados durante las últimas semanas reflejan vulnerabilidades que trascienden casos específicos y reabren la discusión sobre la capacidad del Estado para mantener el control de las cárceles.

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Diego Estuardo Guzmán
Periodista y locutor con interés en temas sociales y culturales. Apasionado por el cine.
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