Ante la posibilidad del rompimiento del orden constitucional, un grupo de abogados y ciudadanos presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Dicha acción tiene el objetivo de que la máxima instancia de justicia constitucional evite cualquier amenaza a la democracia del país.
Además, se explicó que se busca que se respete la voluntad popular manifestada en las urnas, durante las jornadas electorales del pasado 25 de junio y 20 de agosto, cuando los guatemaltecos se dieron cita en la primera y segunda vuelta de los comicios.
El abogado constitucionalista Edgar Ortiz, vocero del grupo, indicó que los allanamientos efectuados por el Ministerio Público (MP) al Tribunal Supremo Electoral y al Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), han puesto en riego la transición democrática y el orden constitucional.
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El amparo busca detener «el uso arbitrario y abusivo de la Ley contra la Delincuencia Organizada», que han utilizado las autoridades judiciales en contra del partido político Movimiento Semilla y el uso «abusivo» de los mecanismos de investigación penal en contra del proceso electoral, dijo Ortiz.
PETICIONES
Ortiz dio a conocer que el grupo pide el respeto al proceso electoral y que se garantice la integridad de los resultados de los comicios, lo que permitirá la toma de posesión de las autoridades electas.
Otro de los puntos que resaltaron fue que se restablezca la personería jurídica de Semilla, permitiéndoles participar plenamente en actos políticos y ejercer sus derechos, así como que se tomen medidas judiciales contra aquellas autoridades que han actuado fuera del marco legal, en particular el juez séptimo penal A, Fredy Orellana, y las entidades que han excedido sus competencias.
RECLAMACIONES
El grupo dio a conocer que existe «falta de acción» de las autoridades para resolver la situación, y que están ignorando la decisión de los guatemaltecos, tomada en las urnas.
Esto podría perjudicar los derechos de los ciudadanos a elegir a sus representantes y a «vivir en una democracia auténtica».
Ante esto, los abogados recalcaron que las autoridades estarían violando los derechos esenciales, entre los que se cuentan el derecho a elegir y ser elegido, el respeto de la soberanía popular, el ejercicio democrático y el respeto a la legalidad en el ejercicio del poder público.
ARGUMENTOS DEL RECLAMO
Por medio de un comunicado de prensa, el grupo de profesionales del derecho argumentó:
1. Interferencia de la justicia penal en la materia electoral: El juez séptimo penal A tomó decisiones
que afectan directamente al ámbito electoral, interfiriendo en competencias exclusivas del
Tribunal Supremo Electoral (artículo 223 constitucional).
Relacionado:
2. Acciones arbitrarias de la FECI: Esta entidad ha realizado intervenciones y requerimientos que
buscan obtener información y documentos electorales, cuya gestión corresponde
exclusivamente al TSE. Además, sus acciones, como la apertura de cajas electorales, son
facultades que no le corresponden.
3. Ignorar y menospreciar la voluntad popular: Las acciones tomadas, como desconocer a los
diputados de Semilla, son un claro menoscabo a la expresión democrática del pueblo
guatemalteco. Las amenazas a la voluntad popular no han cesado.
4. Incertidumbre y desestabilización: Las acciones y decisiones tomadas han creado un clima de
incertidumbre y riesgo que amenaza la estabilidad democrática y constitucional del país.
Como la Corte de Constitucionalidad señaló en uno de los momentos más críticos de nuestro constitucionalismo.
