Luego de las continuas protestas en contra de las acciones del Ministerio Público (MP), el presidente electo, Bernardo Arévalo, realizó este jueves 5 de octubre, un llamado a la administración de Alejandro Giammattei para que los bloqueos en diferentes puntos del país se resuelvan de manera pacífica.
“El derecho a la manifestación pacífica está reconocido en la Constitución y las manifestaciones que han venido desarrollándose han sido manifestaciones pacíficas, nosotros esperamos que se respete este derecho”, indicó.
A su vez, Arévalo aseguró que esperan que en todo momento las autoridades correspondientes favorezcan el diálogo y no la acción violenta para resolver los bloqueos en el país.
En esta línea, el mandatario electo invitó al gobierno de Giammattei, así como a las fuerzas públicas, a que busquen siempre y en todo momento los medios de diálogo para alcanzar la habilitación de las rutas.
Según el gobernante electo, este diálogo se debe dar respetando el derecho pacífico a manifestar, así como la integridad de las personas manifestando.
El jueves por la mañana la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), con el cual se ordena a las autoridades liberar los bloqueos en carreteras.
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LOS BLOQUEOS
El pasado 2 de octubre, los 48 Cantones de Totonicapán realizaron una serie de bloqueos, así como un plantón frente a la sede central del Ministerio Público, a lo cual durante cuatro días de protestas se han sumado más personas, organizaciones campesinas, sociedad civil, así como universidades para apoyar estas medidas de hecho.
La medida fue anunciada luego que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, realizara un allanamiento en la sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE), derivado del operativo en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), en donde abrió las cajas con los votos de las elecciones.
En el allanamiento del pasado 29 de septiembre, la FECI buscaba secuestrar las Actas No. 4 que realizan las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y las Actas No. 8 que son entregadas por las Juntas Electorales Departamentales (JED) y que son la pureza del proceso electoral, ya que dan validez jurídica a las elecciones.
Con el fin de evitar el secuestro de la documentación, el TSE interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la Fiscal General y Jefa del MP, Consuelo Porras, así como contra el titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, quien autorizó los allanamientos.
Sin embargo, la máxima Corte entró a conocer el caso varias horas después de que el MP lograra secuestrar las actas electorales, al mismo tiempo que remitió a la CSJ el amparo contra Porras y a la Sala Tercera de Corte de Apelaciones del Ramo Penal, el recurso contra el Juez Orellana.
