Luego de las recientes acciones del Ministerio Público (MP) contra el proceso electoral, el Consejo Nacional Apostólico de la Compañía de Jesús en Guatemala emitió un comunicado en el que aseguró que las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) podrían detener los abusos y arbitrariedades que se han presenciado.
“Grupos reducidos de poder pretenden imponer su voluntad, movidos por intereses mezquinos y egoístas, para preservar sus privilegios, a costa del deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población”, afirmó.
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A su vez, indicaron que el comunicado es inspirado en su misión, misma que es de Dios, por lo que hicieron un llamado a la cordura y al sentido de país para la persona que prefieren destruir la nación antes de “cejar” en sus intentos por mantener el poder y la inmovilización de todo tipo de cambio que persiga el bien común.
En esta línea, instaron a la ciudadanía activa, así como a observadores, a mantenerse firme en la defensa de la paz, que solo puede ser producto de la justicia. “Justicia que en las actuaciones y condiciones pende de un hilo en las decisiones de magistrados de la CC”, afirmó.
#Comunicado del Consejo Nacional Apostólico de la #CompañíaDeJesús en Guatemala pic.twitter.com/cUUBeXEtfE
— Compañía de Jesús en Guatemala (@ihsguatemala) October 5, 2023
De esta cuenta, recalcaron que las resoluciones de la alta Corte podrían inclinar la balanza a favor del sostenimiento de la paz social, a la vez que detendrán los abusos y arbitrariedades que se han presenciado.
CADA DÍA SE SUMAN A LA DEFENSA DE UNA FRÁGIL DEMOCRACIA
Asimismo, la Compañía de Jesús también resaltó que “cada día son más las voluntades que se suman en la defensa de una frágil democracia, que demanda ser sostenida para que no termine de sucumbir con las graves repercusiones que esto causaría”.
En esta línea, expuso que Guatemala atraviesa la crisis más compleja y delicada del siglo, así como una de las más peligrosas de los últimos 30 años, por lo que recordó el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal en el que subrayan que el Estado de Derecho está siendo subvertido.
La Compañía continuó indicando que “somos testigos del irracional ataque, por parte de organismos del mismo Estado, al proceso electoral que ha dado como resultado la llegada en enero de un nuevo gobierno”.
Al mismo tiempo, resaltó que distintos sectores se han dado cuenta de la inexplicable y absurda conducta de funcionarios de justicia, que con sus arbitrarias decisiones están llevando al país al caos y la desesperanza.
Además, resaltó que abogados han dado un mensaje contundente, sobre que lo que pasa en Guatemala no es un asunto jurídico, sino eminentemente político que pretende burlar la voluntad popular en las elecciones recién pasadas.
PIDE A GIAMMATTEI ASUMIR PAPEL HISTÓRICO
Asimismo, hizo un llamado reflexivo al presidente Alejandro Giamamttei para utilizar el liderazgo que le confiere la Constitución y que desde sus funciones como mandatario asuma su papel histórico que las actuales circunstancias demanda para encauzar al país por la vía que la población reclama. “Nuestro futuro está en juego, no lo perdamos”, concretó.
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RECHAZAN ACCIONES DEL MP
Durante los últimos cuatro días, sectores han protestado contra las acciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en donde secuestró las Actas No. 4 y No. 8 que guardan la pureza del proceso electoral.
Por ello, el TSE interpuso un amparo contra la Fiscal General y Jefa del MP, Consuelo Porras, y el Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, quien autorizó los allanamientos, para evitar el secuestro de la documentación, sin embargo, la alta Corte resolvió remitir los recursos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Sala Tercera de Corte de Apelaciones del Ramo Penal, respectivamente, luego de varias horas de finalizado el operativo.
De la misma forma, la entidad electoral interpuso una “cuestión de competencias” para que la alta Corte decida si un juez ordinario puede suspender a un partido político, mientras que un grupo de abogados busca que se declare inconstitucional la frase de Ley Contra el Crimen Organizado con la que Orellana suspendió a Semilla, pero hasta el cierre de esta nota no ha resuelto.
