Durante el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo 2023 (Enade), el presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Juan Carlos Paiz, hizo un llamado a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que asuma su papel histórico y detenga los abusos del Ministerio Público (MP) en el proceso electoral.
En esta línea, el presidente de Fundesa aseguró en su discurso inaugural del evento que hablaron con el binomio electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, para presentarles algunos de los ejes de trabajo. “Ellos son conscientes que como en cualquier país, todos los gobiernos deben trabajar sobre peldaños que otros han construido”, afirmó.
“Trabajemos juntos por proteger la República. Desde Fundesa hemos hecho un llamado contundente a rechazar los atropellos a nuestra institucionalidad democrática, no podemos ser cómplices de actores que están socavando nuestras instituciones”, afirmó.
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Por ello, dijo que se debe pedir a todas las autoridades que se respete la ley y el Estado de Derecho, ya que este es el momento de estar juntos y unidos, para respetar la voluntad popular.
En su discurso expresó que, “por eso es tan importante que la Corte de Constitucionalidad asuma el papel histórico que le corresponde para detener los abusos del MP y establecer con claridad jerarquías de las leyes de rango constitucional respecto a otras de rango ordinario”.
PAIZ: NO HAY EMPRESAS EXITOSAS EN SOCIEDADES FRACASADAS
Bajo esta misma línea, Paiz recordó que no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. “Esto lo analizan muy bien las calificadoras de riesgo al nunca darle a una empresa un mejor riesgo país, que lo que se le da al país”, añadió.
El presidente de Fundesa pidió trabajar en puentes de entendimiento, confianza y diálogo entre diferentes sectores para poder unir al país y poner “al ser humano en el centro”, y que la infraestructura beneficie a la mayor cantidad de población para generar mayor desarrollo humano. “Trabajemos juntos para seguir impulsando calidad de vida”, concretó.
CONTINÚAN LAS PROTESTAS
Desde el pasado 2 de octubre, los 48 Cantones de Totonicapán en conjunto con organizaciones campesinas, indígenas y sociedad civil han realizado una serie de bloqueos en distintos puntos del país, así como un plantón frente a la sede del ente investigador,con lo que buscan que la Fiscal General y Jefa del MP, Consuelo Porras, renuncie al cargo.
Las protestas derivan de una serie de acciones en contra del Movimiento Semilla, así como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluyendo el allanamiento en la sede central del ente electoral en donde la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) decidió secuestrar las Actas No. 4 y No. 8 que realizan las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y las Juntas Electorales Departamentales (JED), respectivamente, y que guardan la pureza del proceso electoral.
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Previo al secuestro de la documentación, el TSE interpuso un amparo ante la máxima Corte en contra de la Fiscal General, y el Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, quien autorizó los allanamientos, con el fin de que el MP detuviera el operativo.
Sin embargo, la alta Corte decidió conocer los amparos horas después de finalizado el allanamiento, a la vez, que decidió remitir el amparo contra Porras a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el recurso contra Orellana fue remitido a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.
A estas acciones también se suma una “cuestión de competencias”, presentada por el TSE para que decida si un juez ordinario tiene competencia para suspender a una agrupación política, además, abogados constitucionalistas presentaron una acción para que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la frase de la Ley contra el Crimen Organizado con la cual el Juez Orellana decidió suspender al partido del presidente electo, pero el pleno de la alta Corte no ha resuelto los recursos.
