Los órganos de investigación, de rango constitucional y ordinarios, deben, por ley, ser la columna vertebral de un verdadero Estado de Derecho, para gobernantes y gobernados. Resolver políticamente pone en peligro la democracia y violenta los intereses de los ciudadanos que luchan para que no se manosee su derecho de elegir y ser electo. El país está sumido en un estado fallido donde las entidades que fueron constituidas para investigar, juzgar de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la firme convicción, sean han conformado para obedecer consignas del ejecutivo y desoír el clamo popular de los sectores indígenas, de miles de guatemaltecos y de varias entidades nacionales y extranjeras, que se han fusionado para que la Constitución, se cumpla y actuar con estricto cumplimiento de lo que está normando en las leyes de la materia.
La Corte de Constitucionalidad, debe cumplir con lo que dice la carta matriz del país. Resolver fuera de esos alcances y no ceñirse a lo que dice el artículo 268 de la carta magna, es una flagrante violación. Guatemala, vive días negros en un proceso preelectoral. El Ministerio Público, haciendo caso omiso de lo que taxativamente dicen las leyes, es violentar las normas y someterse a una orden presidencial, es un delito de lesa humanidad, porque se vulnera la voluntad de más de 2 millones de guatemaltecos que votaron por los candidatos presidencial César Bernardo Arévalo de León y Karen Herrera, que quien o no aceptarlo el pacto de corruptos, deben asumir la presidencia el 14 de enero.
Las acciones espurias que emprendió la fiscal general Porras y el jefe de la FECI. Curruchiche, es un flagante delito que no puede quedar impune. Una ley ordinaria, no es superior a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y a la Constitución. Hay que regresar a los años del Serranazo, donde los magistrados del máximo Constitucional, sentaron las bases que la Constitución, es la columna vertebral de la democracia y actuaron de acuerdo lo que norma la máxima ley del país, y no permitieron que se cometiera un desaquizado político, de aquel presidente.
Los órganos del Estado, están manipulados por el ejecutivo. Las resoluciones de un juez venal, no deben permitirse y es, una violación a las leyes, cuando el juzgador Orellana, ordenó al MP la cancelación de la personería jurídica del Partido Movimiento Semilla, potestad que únicamente compete a la instancia electoral, al TSE. Actuar políticamente en una resolución judicial es un hecho ilegal y digno de rechazo, como lo han manifestado con valentía los cantones de varias etnias que se han plantado por días en las oficinas del MP. pidiendo la dimisión de Porras y Curruchiche.
La CJS haciendo eco de las órdenes del ejecutivo, declaró sin lugar la acción de amparo de Arévalo, que demando que las acciones del MP, y del juez Orellana, se rechazaran por no estar asentadas a derecho. Resolución que viene a ratificar que estamos en un estado fallido y quien manda es Giammattei, que se ha convertido en un dictador al estilo de Ortega. Se espera que el pueblo siga firme en su decisión y que no baje la guardia, para no darle gusto al pacto de corruptos, que quiere seguir robando.
