Una nueva acción de amparo es presentada en la Corte de Constitucionalidad, en defensa del proceso electoral, en esta ocasión por el abogado constitucionalista y catedrático universitario, Edgar Ortiz, quien anunció por medio de sus redes sociales que estaría presentándose a la máxima corte a las 10:00 horas.
Ortiz se ha referido con anterioridad a las acciones presentadas por el Tribunal Supremo Electoral en la CC para proteger el proceso electoral, en el que ha hecho un llamado a los magistrados a actuar conforme a la gravedad del momento.
Asimismo, Ortiz ha indicado que la Corte “ha podido hacer más para evitar que la crisis haya llegado hasta este punto”.
CC RESUELVE SOBRE COMPETENCIA DE JUECES
El pasado 5 de octubre, en horas de la noche, la CC dio a conocer que resolvió la cuestión de competencias interpuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo cual decretó que un Juez Penal puede suspender partidos políticos, mientras que a la entidad electoral le corresponde conocer las infracciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
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La cuestión de competencias fue interpuesta luego de las acciones contra la entidad electoral que derivaron de la decisión del titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, de suspender al Movimiento Semilla, por medio de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
De esta cuenta, el Tribunal Constitucional indicó que un Juez Penal sí puede suspender a partidos políticos cuando hayan incurrido en uno de los delitos de la referida normativa, mientras que el TSE podrá aplicar esta misma medida cuando las organizaciones hayan incurrido en infracciones de la LEPP.
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LAS ACCIONES DEL MP
El Ministerio Público ha emprendido una serie de acciones en contra del tribunal electoral, entre ellas allanamientos y secuestro de evidencias, como las cajas electorales que guardan las actas 4 y 8, así como la revisión de las papeletas en el Parque de la Industria.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, aseguró que el caso es debido a la falsificación de firmas para la constitución del partido político, sin embargo, habrían cometido el delito de lavado de dinero, ya que se desconoce el origen de los Q7 que Semilla pagó por cada firma, según el ente investigador.
El presidente electo Bernardo Arévalo ha denunciado que el caso es dirigido a crear un golpe de
Estado a las autoridades elegidas en las votaciones 2023, incluido el binomio presidencial.
