El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova, de nuevo guarda silencio ante las últimas acciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) en torno a las elecciones generales 2023, mismas que tachó de ilegales el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El TSE, organizaciones civiles y sectores privados se han pronunciado en rechazo de las últimas diligencias de allanamiento de la FECI, en el cual secuestró las actas 4 y 8 de los comicios, mismas que contienen la sumatoria de los resultados de la primera vuelta electoral.
Córdova ya ha sido cuestionado por la ciudadanía guatemalteca por no atender a los intereses del pueblo de Guatemala ni pronunciarse ante la coyuntura política. Sin embargo, el magistrado de conciencia opta por el silencio.
La Hora consultó con Comunicación Social de la PDH para conocer la postura ante los últimos acontecimientos que involucran al proceso electoral y el MP, pero no se obtuvo respuesta. ¿Por qué guarda silencio ante esta situación?, fue otro de los cuestionamientos de este diario.
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ALIADO DEL OFICIALISMO
Desde su postulación al cargo, se conoció que tenía el beneplácito del presidente Alejandro Giammattei, así como del oficialismo y sus aliados en el Congreso. Finalmente, el 20 de julio del año pasado fue electo y juramentado como Procurador de los Derechos Humanos para el período 2022-2027, en sustitución de Jordán Rodas.
En medio de su postulación, el Movimiento Pro Justicia señaló a Córdova de tener vínculos con Roberto López Villatoro, conocido como el “Rey del Tenis”, así como con Gustavo Alejos Cámbara, ambos señalados en casos de corrupción por interferir en las elecciones para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, con labores de cabildeo en el Congreso.
La elección del PDH generó críticas en el Congreso, ya que diputados de oposición expresaron su rechazo a la terna presentada por la Comisión de los Derechos Humanos; sin embargo, 141 congresistas votaron en favor de Córdova.
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MP CONTINÚA ACCIONES
Pese a que los magistrados del TSE hicieron una valla humana para evitar que el MP se llevara las actas de las elecciones el 30 de septiembre, finalmente, con el uso de fuerza, los fiscales se apoderaron de los documentos electorales.
Los magistrados titulares Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Franco, junto a los suplentes Marlon Barahona y Marco Antonio Cornejo, se opusieron de manera física a la extracción de las cajas y personal del TSE se sumó a la causa.
La magistrada Alfaro denunció que el MP no se llevó todas las actas electorales que estaban resguardadas en las cajas electorales. En los pasillos del TSE quedó material electoral tirado, el cual no pudieron recibir debido a que desconocen a qué caja electoral corresponde.
Según Rafael Curruchiche, jefe de esa Fiscalía, investigan indicios de 1 mil denuncias relacionadas con el proceso electoral. Sin embargo, entes internacionales y organizaciones civiles aseguran que se trata de un «Golpe de Estado» por medio de resoluciones judiciales que buscan que Bernardo Arévalo tome posesión como presidente.
