La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo al gobierno de Guatemala que «urge poner fin al uso indebido del derecho penal», derivado de las últimas acciones que emprendió el Ministerio Público (MP) en contra de tres exoperadores de justicia, dos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y una de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
«La CIDH urge al Gobierno poner fin al uso indebido del derecho penal en un contexto de falta de independencia del Ministerio Público que debilita el Estado de Derecho en Guatemala», se lee en un pronunciamiento publicado este martes 29 de agosto desde la cuenta oficial de X de la CIDH.
CIDH CONDENA ÓRDENES DE CAPTURA
En la nota, la CIDH también se pronunció en contra de las órdenes de captura que fueron giradas por el juez décimo penal B, Jimi Bremer, en contra de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI; Eva Siomara Sosa, exsubjefa de la referida unidad; y Claudia González, exmandataria de la CICIG, quien fue capturada.
«La CIDH condenó las órdenes de aprehensión contra los exfiscales Juan Francisco Sandoval y Siomara Sosa, y la detención de Claudia González, defensora, exmandataria de la CICIG y representante legal de personas operadoras de justicia criminalizadas por trabajar contra la impunidad y la corrupción», aseveraron. (sic)
El último lunes 28 de agosto, el MP que dirige la fiscal general María Consuelo Porras se dispuso a ejecutar las órdenes de captura en contra de Sandoval, Sosa y González, asimismo como de órdenes de allanamientos en los domicilios de los exoperadores de justicia.
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Sandoval se encuentra en el exilio derivado de una persecución en su contra, según sus declaraciones estos hechos serían una venganza de la administración de Porras por el trabajo que él realizó.
Sosa no fue hallada en su domicilio; mientras que González fue detenida y trasladada a un centro carcelario mientras espera ser escuchada por el juez en audiencia de primera declaración.
JUSTICIA EN GUATEMALA
González se sumó a una treintena de exoperadores de justicia que investigaron casos de corrupción y que ahora están detenidos o exiliados por casos supuestamente montados, según declaraciones de los afectados.
Con estos procesos se buscaría una venganza por los actores de las altas esferas políticas que salieron perjudicados, según entes internacionales y nacionales.
La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Unión Internacional de Magistrados (UIM) visitaron Guatemala el año pasado, y en un informe se concluyó la existencia de un “desmembramiento” del MP a manos de Porras.
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“Vemos un antes y un después de la CICIG”, aseguró una de las representantes y dijo que lograron identificar “un amedrentamiento y criminalización de jueces, juezas, fiscales, periodistas, y personas interesadas en el sistema de justicia”.
