Las elecciones generales 2023 se encuentran ante la vista de la comunidad internacional, derivado a acciones legales que suspendieron la oficialización de los resultados de los comicios, así como otras planteadas ante diferentes instancias, las cuales buscan la intervención del sistema de justicia en el proceso.
Partidos políticos inconformes con los resultados buscan invalidar el conteo de votos, mientras otras agrupaciones pidieron que se inicien investigaciones penales para establecer posibles responsabilidades ante supuestos hechos irregulares.
Todo esto, junto a los pronunciamientos de entes nacionales e internacionales, sostienen que los comicios en Guatemala se desarrollaron con normalidad y que los resultados son válidos, por un lado; y por otro, que sostienen que el involucramiento de la Corte de Constitucionalidad (CC) en la discusión no es legítima.
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LOS HECHOS
Los comicios se desarrollaron el pasado 25 de junio. Los centros de votación abrieron a las 7 horas y cerraron a las 18 horas. Desde ese momento ya no se permitió el ingreso de personas para emitir su sufragio o para cualquier otra acción.
En ese momento inició el conteo de los votos, que era la segunda parte de la tercera fase del proceso electoral.
Según los resultados preliminares, dados a conocer el 26 de junio último, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Bernardo Arévalo, de Movimiento Semilla, serían quienes competirían por la Presidencia en la segunda ronda de las elecciones.
IRREGULARIDADES Y SUPUESTO FRAUDE
El uso de un sistema alterno para el conteo de votos, en la Junta Electoral del Distrito Central (JEDC), generó inconformidades con los resultados.
Finalmente, los reclamos que iniciaron en la elección de la alcaldía capitalina se extendieron a elecciones de otros cargos, hasta llegar a las votaciones por la Presidencia y Vicepresidencia.
Varios partidos políticos, así como ciudadanos, manifestaron su descontento por las dudas que se habían generado en el conteo de votos.
ACCIONES LEGALES
A las 22 horas del pasado 29 de junio, el partido político Valor, que compitió en coalición con Unionista para llevar a la Presidencia a Zury Ríos, presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP).
Se informó al órgano encargado de la persecución penal que se consideraba que habían ocurrido acciones irregulares que debían ser investigadas, y deducir responsabilidades de los miembros de las juntas electorales y departamentales, así como la JEDC, los trabajadores del área de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y todas las personas que pudieron haber tenido alguna participación.
Un día después, Torres se sumó ese tipo de pronunciamientos y, aunque pasó a segunda vuelta electoral, dijo que sospechaba de la validez del escrutinio en tanto en la capital como en el departamento de Guatemala, en donde Semilla superó a la UNE.
Según encuestas publicadas, la candidata del partido verde sumaba la mayor cantidad de antivoto en dicho departamento.
VAMOS, que llevó a la Presidencia a Alejandro Giammattei en 2019, también manifestó su descontento por los resultados preliminares de las elecciones y por medio de un comunicado expresó su preocupación por “el hallazgo evidente de incongruencias entre las actas presentadas y los datos computados en las distintas mesas electorales”.
AMPARO
En horas de la noche del pasado 30 de junio, los partidos políticos CAMBIO, Mi Familia, Valor, Podemos, VAMOS, CREO, UNE, Cabal y Azul acudieron a la CC y solicitaron un amparo.
Se argumentó que existía una amenaza de que el TSE otorgara cargos de elección popular sin que se revisaran, discutieran y resolvieran las inconformidades que constaban en las actas electorales.
El máximo tribunal en materia constitucional otorgó la protección constitucional de manera provisional el sábado 1 de julio último y trasladó el expediente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se continuara con el trámite.
Según el fallo de la CC, las juntas electorales departamentales tenían que hacer nuevas auditorías para el escrutinio del voto en un plazo de cinco días, con el objetivo de mantener “la pureza” del proceso electoral.
También se indicó al TSE que no podía oficializar los resultados electorales, sino hasta después de que las juntas electorales cumplieran con lo ordenado.
Finalmente, la Corte señaló que la segunda vuelta electoral debía desarrollarse en la fecha que estaba prevista por el TSE.
Analistas y organizaciones civiles rechazaron la decisión de la CC por considerar que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) no permite la segunda revisión de actas.
SEMILLA TAMBIÉN VA A LA CC
La tarde del pasado domingo 2 de julio, Semilla presentó ante la CC tres solicitudes. Dentro de ellas, la revocatoria del amparo provisional otorgado por esa misma corte a otros partidos políticos.
La agrupación busca que quede sin efecto la decisión del máximo tribunal en materia constitucional por considerar que “no era el órgano competente para poder conocer del amparo”, se aseguró.
Asimismo, Arévalo, en conferencia de prensa, indicó: “no decimos que no puede haber anomalías. Lo que decimos es que para hacer estos procesos de revisión hay que aplicar la Ley Electoral y se está accionando con un recurso que no existe. Exigimos que se haga en el marco de la legalidad”.
Además, explicó que hay “una diferencia de más de 200 mil votos” entre los resultados de Semilla y los de sus inmediatos competidores, y explicó que eso es una “muestra incuestionable” de la voluntad popular.
El candidato concluyó al señalar: “no podemos permitir que los mismos partidos de siempre, frustrados y decepcionados por sus malos resultados en la primera vuelta, enloden y pongan en tela de juicio la decisión libre de miles de guatemaltecos y guatemaltecas que votaron por un futuro diferente”.
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PIDEN INVALIDAD ELECCIONES
Lecsan Mérida, secretario general del partido Humanista, acudió este lunes 3 de julio al TSE para solicitar que se anulen los resultados de las elecciones en todos los municipios.
El binomio presidencial de la referida agrupación logró el puesto número 18 entre los 22 partidos que compitieron por la Presidencia y Vicepresidencia. Sus candidatos a los referidos cargos estuvieron sobre Partido Republicano (PR), Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), CAMBIO, y Partido de Integración Nacional (PIN), tres de reciente creación y uno que ya gobernó.
SEÑALAN RESPETO A LA DEMOCRACIA
Cientos de ciudadanos, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Guatemala (MOE UE), la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE-OEA), AmCham, el secretario de Estados Unidos, embajadas y varios sectores nacionales e internacionales manifestaron su preocupación las inconformidades y conflictos que se generaron por los resultados preliminares de la elección.
La OEA reiteró que observó alta presencia de fiscales de los diferentes partidos políticos en las juntas receptoras de votos (JRV), como garantes de las elecciones del 25 de junio, y durante las cuales sólo se impugnó el 0.01 por ciento de los votos presidenciables.
En tanto, Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., sostuvo que apoya el derecho constitucional del pueblo guatemalteco de elegir a sus líderes a través de elecciones libres y justas.
Concluyó que “socavar la elección del 25 de junio sería una grave amenaza a la democracia con implicaciones de largo alcance”.
