Valor
Foto de referencia. Ingrid Bernat Cofiño, secretaria general del partido político Valor. Foto: Ingrid Bernat Cofiño / Twitter.

El partido político Valor se sumó al grito de fraude en las elecciones generales 2023, y presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP).

Según el abogado Jaime Hernández, se busca que el órgano encargado de la persecución penal establezca si los miembros de las Juntas Electorales Departamentales (JED) y de la Junta Electoral del Distrito de Guatemala (JEDC) incurrieron en delitos.

La denuncia fue presentada en horas de la noche del pasado jueves 29 de junio. De esa cuenta, la referida agrupación política siguió las acciones de otras.

Hernández dijo que se entregó al MP lo que consideran como “pruebas contundentes”, con las cuales se respaldan los señalamientos que hicieron; además, explicó que el partido estima que los resultados electorales estarían “viciados”.

También explicó que los datos de las actas podrían tener algunas “incongruencias o alteraciones”, y explicó que otro aspecto que se debe evaluar es la digitación de los documentos.

EN TODO EL PAÍS

Según el profesional del derecho, las inconsistencias en el conteo de votos y elaboración de actas electorales no solo habría ocurrido en la capital, sino en “todos los departamentos de la República de Guatemala”, por lo cual aseguró que la denuncia se presentó en “contra de todos los miembros de las Juntas Electorales Departamentales”.

Entre las pruebas que se presentaron con la denuncia, explicó Hernández que hay videos del pasado domingo 25 de junio, tomados con posterioridad al cierre de los centros de votación.

Sacaron a todos los fiscales informáticos (de los distintos partidos políticos) con policías de los centros de votación”, dijo, lo que aseguró que sería una evidencia del “fraude electoral”.

Asimismo, explicó que los digitadores no estaban trabajando, pero que se “estaban subiendo datos al sistema” de resultados preliminares.

SEÑALAN ALTERACIÓN DE VOTOS

Según Hernández, habría más de 1 mil actas electorales que habrían sido alteradas, con lo cual consideró que se puede establecer el delito de falsedad ideológica con agravación electoral.

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