La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdez, decidió rechazar la recusación presentada por el juez Noveno de Sentencia Penal, Carlos Ruano, quien buscaba apartar a la magistrada del proceso de antejuicio presentado en su contra por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).
Valdez argumentó que el literal “h”, del artículo 122 de la Ley del Organismo Judicial menciona que “son impedimentos para que un juez conozca de un asunto determinado (…) h) haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto”.
De esta cuenta, la presidenta del Organismo Judicial (OJ) aseveró que en el proceso de antejuicio contra el juez Ruano no “concurren” los supuestos de dicha normativa, puesto a que el antejuicio mencionado por el togado es distinto al que conocerá la CSJ.
PRESENTA RECUSACIÓN
El pasado 25 de abril, el titular del juzgado Noveno de Sentencia Penal, Carlos Ruano, presentó una recusación con la cual buscaba dejar fuera del proceso de antejuicio en su contra a la presidenta de la CSJ, ya que, según él, en 2017 externó su opinión en el caso por la denuncia que el juzgado interpuso contra la magistrada Blanca Stalling.
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“Así las cosas, seis magistrados del pleno de CSJ se inhiben de conocer e invocan el artículo 122, inciso h) porque conocieron los hechos en el antejuicio 22-2017; seis magistrados que, como se establece en el apartado, dos conocieron los mismos hechos en fecha 19 de enero de 2017 y, por lo tanto, tienen impedimento de conocer el presente asunto determinado”, mencionó Ruano en el documento.
A su vez, Ruano expuso que Valdez debe apegarse a lo mismo, ya que: en “2017 también conoció de estos hechos, sin embargo, para conocer los mismos hechos, en este caso no se inhibió pese a tener impedimento”.
EL CASO
En noviembre de 22, el presidente de la FCT, Ricardo Méndez Ruiz requirió el retiro de la inmunidad contra el juez Ruano, bajo el argumento de que habría incurrido en la comisión de los delitos de usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito.
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Según Méndez Ruiz, el togado denunció a la magistrada Stalling ante la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuatro meses y trece días después de realizar la grabación en la que documentó que la magistrada buscaba influir en la resolución a favor de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling.
A criterio de la FCT, Ruano abusó de su posición de juez, debido a que preparó su teléfono para grabar en forma “subrepticia” la charla, la cual calificó de “arbitraria e ilegal”, puesto a que Stalling gozaba de antejuicio y lo grabó sin autorización judicial.
