En reserva fue declarada la audiencia en la cual dos exfuncionarios, acusados en el caso Construcción y corrupción, pedirían ser acogidos por el mecanismo de aceptación de cargos para agilizar el proceso penal que se sigue en su contra. Ante eso, ambos deberán confesar las acciones ilícitas que cometieron y por las cuales el Ministerio Público (MP) los señala. La decisión fue tomada por el juez Juan José Jiménez Texaj, quien dejó en libertad a Manuel Baldizón.
La diligencia está programada para este jueves 16 de febrero y será el Juzgado de Mayor Riesgo D en el cual se realice. Pero no se conocerá qué hechos delictivos serán aceptados por Jorge Rodolfo Ortiz Asturias y Érick Armando Soto Herrera, exviceministro de Comunicaciones y exsubdirector general de Correos y Telégrafos, respectivamente.
Ambos procesados fueron funcionarios durante el gobierno del desaparecido Partido Patriota (PP) y respondían al entonces ministro Alejandro Sinibaldi.
PIDEN RESERVA
De manera previa al inicio de la audiencia, los abogados defensores de Ortiz Asturias y Soto Herrera solicitaron al juez que para proteger la información que se desarrollaría durante la diligencia, se evitara que periodistas documentaran lo que ocurría y que se declarara la reserva.
El Ministerio Público (MP) fue consultado acerca de lo señalado por la parte defensora, y aceptó la petición.
Ante eso, Jiménez Texaj resolvió: “Existe información sensible, la cual no puede ser de uso público. Es procedente declarar la reserva de la presente audiencia”.
💲📈📊Guatemala aumentó sus #Exportaciones en 2022, pese a tener en contra algunos factores, como la #Inflación. #LHEconomía te presenta los productos que aumentaron su demanda aquí:
⬇️
[https://t.co/r3NrsuXJEv] pic.twitter.com/clvU3m6HOF
— Diario La Hora (@lahoragt) February 16, 2023
ARGUMENTOS DE LA PETICIÓN
Los abogados Carmen Peralta, defensora de Soto Herrera, y Arturo Miranda, quien representa a Ortiz Asturias, indicaron que hubo notas de prensa que dieron a conocer que este jueves se realizaría la audiencia, debido a que los acusados habían aceptado su responsabilidad por el delito de lavado de dinero.
El pasado 25 de enero, en una audiencia en la cual participaron los exfuncionarios, se anunció que ambos querían acogerse a los beneficios que confiere la Ley de Aceptación de Cargos, y se fijó una audiencia para hacer la petición correspondiente.
BUSCAN NO DIFUNDIR INFORMACIÓN
Previo al inicio de la audiencia, cuando no se había decretado la reserva, un reportero de La Hora esperaba en la sala del Juzgado. El comunicador documentó con fotografías y videos a las partes procesales.
Al momento de que el juzgador consultó al fiscal acerca de la petición que había hecho la defensa de los acusados, dijo: “Esta representación pide que también se tome en consideración que aquí hay una persona que es periodista, dentro de la sala, y si se tomaron algunas fotos, que se tome en consideración dicho aspecto”, en referencia a que La Hora no publicara material gráfico.
LOS ACUSADOS Y SUS DELITOS
Ortiz Asturias y Soto Herrera son señalados por su presunta participación en una estructura criminal supuestamente dirigida Sinibaldi.
El exviceministro es acusado por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y peculado. El MP lo señala de supuestamente haber recibido US$2.6 millones que habría dado la constructora brasileña Odebrecht como soborno.
Los registros en Guatecompras evidencian que desde 2016 hasta la fecha ha trabajado como asesor en la cartera de Comunicaciones. Conoce más aquí: #LaHoraDeActualizarnos https://t.co/lCYgVgCX02
— Diario La Hora (@lahoragt) February 16, 2023
Ortiz fue el primer exfuncionario que solicitó la aplicación de la Ley de Aceptación de Cargos en 2021; sin embargo, su petición quedó detenida porque la Corte de Constitucionalidad (CC) mantenía suspendida la vigencia del decreto.
En tanto, el exsubdirector general de Correos y Telégrafos es acusado por peculado por sustracción. Se le señala por firmar de manera irregular un contrato de otra sindicada en el caso, esta habría cobrado un salario de Q18 mil mensuales en la Dirección General de Correos y Telégrafos entre 2013 a 2015.
EL CASO
La investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2018 develó una supuesta estructura de corrupción que habría recibido sobornos de distintos contratistas del Estado a cambio de que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) les realizara pagos en el extranjero.
Se estableció que los pagos se hacían por medio de entidades off shore, con sede fuera de las fronteras de Guatemala, con simulación de contratos de asesorías o préstamos, además de pagos por contratación de asesorías o sobornos destinados a financiamiento electoral ilícito.
CASO CONTRA BALDIZÓN
El excandidato a la Presidencia y actual aspirante a una diputación, enfrenta dos procesos penales, uno por el caso Transurbano y otro por el caso Odebrecht, este segundo es una parte del caso Construcción y corrupción.
CSJ niega amparo de TODOS y permite que binomio de la UNE siga en elecciones
De esa cuenta, el juez decidió concederle a Baldizón una serie de medidas sustitutivas a la de prisión preventiva que mantenía desde que se presentó ante la justicia. Para salir de la cárcel y volver a su vivienda, el político tenía que cancelar una caución económica de Q1 millón.
En el caso Transurbano también fue beneficiado con una caución económica de Q800 mil. Al cancelar las dos medidas, que sumaban Q1.8 millones, pudo salir de prisión.
