Exigen al Estado cumplir con las medidas cautelares que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor del titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez. Foto La Hora/AFP

Las organizaciones que integran la Alianza por las Reformas (AxR) emitieron un comunicado en el que exigen al Estado cumplir con las medidas cautelares que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor del titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.

En el escrito AxR señaló uso malicioso del antejuicio y las campañas de desprestigio en contra del togado. “Es inaceptable que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya admitido una denuncia espuria y maliciosa en contra del juez presentada por la Fundación contra el Terrorismo (FCT), cuyos miembros han sido sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por obstruir la justicia y socavar la democracia”, indicó.

 

Además, describió que la CSJ nombró al magistrado Roaldo Chávez, quien fue compañero de estudios y amigo de Raúl Falla, miembro de la FCT, por lo que tiene un evidente conflicto de interés, pese a ello la CSJ rechazó la recusación planteada por el juzgador.

La AxR destacó el trabajo que ha realizado Gálvez y los casos de alto impacto que ha tenido a su cargo, entre ellos La Línea y Cooptación del Estado, así como de crímenes de lesa humanidad, como el Caso Diario Militar, por este último la FCT ha intensificado los ataques contra el juzgador, agregó.

 

MEDIDAS CAUTELARES

Asimismo, en el pronunciamiento, se detalló que el juez cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2016, y en julio de 2022 la Corte IDH le otorgó medidas provisionales con el fin de proteger su integridad física y garantizar su independencia judicial.

“Sin embargo, el Estado de Guatemala lo continúa criminalizando y sin investigar a las personas y los grupos que están detrás de las amenazas y el hostigamiento en contra del juez Gálvez”, dijo la AxR.

“Por esta razón, exigimos que el Estado cumpla la resolución de la Corte IDH y cese la persecución en contra del juez Gálvez. Basta ya de seguir utilizando el sistema penal como instrumento de venganza en contra de jueces, fiscales, exfuncionarios de la CICIG, periodistas y personas que defienden derechos humanos”, puntualizó la Alianza.

 

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