La Comisión de Gobernación presidida por Boris España, dio dictamen favorable a la iniciativa “Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala”, la cual dispone que policías y militares puedan utilizar la fuerza en cumplimiento de sus funciones. De acuerdo con analistas, la propuesta genera preocupación porque es “antitécnica, inoportuna e innecesaria”, y que solo contribuirá a acallar a la ciudadanía por ser una medida “autoritaria”.
La iniciativa, registrada con el número 6076 fue recibida por la Dirección Legislativa el pasado 10 de mayo, propuesta por diputados de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), encabezada por el jefe de bloque Carlos Napoleón Rojas y la subjefa, Karla Andrea Martínez, así como los legisladores Julio Francisco Lainfiesta, José Arnulfo García, Maynor Estuardo Castillo y Byron Wilfredo Arreaga.
La Hora consultó con analistas en temas legales para conocer su opinión si al autorizarse dicha iniciativa podría aumentar la represión por parte del Estado en las manifestaciones.
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— Diario La Hora (@lahoragt) August 5, 2022
QUEZADA: LEY ANTITÉCNICA E INOPORTUNA
Francisco Quezada, analista del área legal del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) expresó que la iniciativa de ley, es antitécnica, inoportuna e innecesaria.
“Es una iniciativa que considero innecesaria porque los protocolos que rigen a las fuerzas de seguridad en el uso gradual y proporcional de la fuerza es un tema que es universal para toda fuerza pública, no hay necesidad que esté en una ley”, explicó.
Además, detalló: “Creo que es una ley ociosa, que no viene a resolver nada. Por ley se pueden eximir el hecho que cuando hay exceso tiene que ser penalizados, o si hay excesos de los manifestantes, cuando la manifestación dejó de llamarse manifestación y se convirtió en una turba violenta. Eso no se puede normalizar, sino que son grandes principios de la convivencia pacífica de la ciudadanía que están recogidos en la Constitución Política de República donde (también) se establece la libertad de emisión del pensamiento de cualquier medio y forma”.
CUX: INICIATIVA QUE ALIENTA EL PODER ABSOLUTO
Eddie Cux, abogado de Acción Ciudadana expresó que la iniciativa es una medida autoritaria y que a través de esta ley las autoridades están previendo evitar las manifestaciones.
“Poco a poco el país se está acercando a un Estado autoritario, vemos como en general hay una vulnerabilidad de los derechos de la población, como es que hay condiciones de pobreza, mala gestión pública y la gente manifiesta por este tipo de situaciones, creo que el mismo Estado y el Congreso está previendo las manifestaciones”, indicó Cux.
“Por la alta corrupción que se está generando en Guatemala y que con estas medidas lo único que alienta es el poder absoluto por parte del gobierno y que esto realmente resulta peligroso para el país y para la población en general”, agregó.
Además, Cux explicó que este tipo de medidas evidencia que el Estado pretende acallar los derechos fundamentales como el de reunirse, manifestarse y alzar la voz.
SAMAYOA: FUNCIÓN DE LA PNC Y NO DEL EJÉRCITO
Oswaldo Samayoa, abogado y catedrático universitario expresó que sí es necesaria una Ley sobre el uso de la fuerza para la Policía Nacional Civil (PNC) y que esta regule de forma adecuada y profesional la intervención policial.
“Es una función de la Policía Nacional Civil y no del Ejército, entonces esa iniciativa que avanzó el día de ayer (jueves 4 de agosto) tiene como error incluir al Ejército que es una institución para la defensa de la soberanía territorial y la desprofesionaliza cuando la instrumentaliza políticamente para funciones policiales”, señaló.
Agregó que “la iniciativa de ley puede ser buena o mala en su contenido, habría que estudiarlo, pero una autoridad política en este momento promover este tipo de leyes tiene que ser democrática, legítima y tener un poquito de moral y darse cuenta que ha venido reprimiendo las libertades distintas en el país que, aunque la iniciativa sea buena nadie les cree ni les confía nada”.
Además, Samayoa aseguró que el uso de la fuerza policial es un punto profesional de la PNC y para esto no solo basta una ley, se necesita entrenamiento, dirección democrática, fundamento en doctrina basada en los derechos humanos.
“Cuando ya le meten al Ejército no cabe duda que son dinosaurios atrasados en querer sostener un Estado militarizado, como lo han hecho hasta ahora y no se dan cuenta que lo único que hacen es desprofesionalizar Ejército y que pierda cada vez más credibilidad en sus funciones reales que le han sido asignadas”, afirmó.
Con el "objetivo de cambiar" la historia de Guatemala, el partido Valor y Unionista confirman una coalición. 👇🏼 https://t.co/QYw6H10OdC
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ESPAÑA DICE QUE NO LIMITA EL DERECHO A MANIFESTAR
Durante el anuncio del dictamen favorable, España dijo que la propuesta “es para fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala, incluso van a poder utilizar sus armas en diferentes momentos (…) muchos ciudadanos les faltan el respeto a las fuerzas de seguridad, lo cual no se va a permitir”.
Agregó que se va a garantizar el derecho a la manifestación de forma “racional” y al excederse que se delimite el utilizar el armamento de parte del Ejército y la PNC.
“No se limita de ninguna manera el derecho a la manifestación, se respetan los derechos de la población en general, pero se delimita el comportamiento de las personas que en determinado momento quiera ser agresivo con las fuerzas de seguridad”, justificó el legislador, uno de los aliados del oficialismo en el Congreso.
Además, España explicó que van a solicitar que se conozca la iniciativa en el pleno del Congreso de forma inmediata y posiblemente la próxima semana se den las primeras lecturas para su aprobación.
“Creo que va en buen paso, hay buena disponibilidad de parte de los diputados para poder garantizar y fortalecer nuestras fuerzas de seguridad, inclusive el Ejército de Guatemala”, añadió.
SOBRE LA INICIATIVA 6076
Según el artículo 1 de la iniciativa, el objeto de la Ley es que integrantes de la fuerza de seguridad pública y del Ejército de Guatemala, en cumplimiento de sus funciones pueden aplicar el uso de la fuerza “conforme a sus competencias, desempeñando acciones para garantizar la vida e integridad de los habitantes de la República”.
• El uso de la fuerza tiene como finalidad lograr objetos legítimos debidamente regulados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
• Las fuerzas de seguridad pública y el Ejército podrán recurrir al uso de la fuerza, únicamente cuando otros medios resulten ineficientes para alcanzar un objetivo legítimo o cuando sea probable que no se logre el resultado previsto.
• Artículo 7: Las garantías del procedimiento en caso de iniciarse un proceso penal en contra del personal de fuerza de seguridad pública o del Ejército por acciones realizadas en cumplimiento legítimo de sus funciones, se les garantizará el debido proceso y el derecho de defensa gratuito proporcionado por parte de las instituciones para las que labora.
• Artículo 12: adicionará el artículo 264 Ter al Código Procesal Penal, Decreto 51-92, para que los integrantes de las fuerzas de seguridad pública y el Ejército resulten involucrados en la comisión de un supuesto hecho ilícito obtengan medida de coerción, como arresto domiciliario y otras que el juez considere pertinentes con el objeto de garantizar su derecho al trabajo.
Cabe destacar que las fuerzas de seguridad la iniciativa define que son PNC, la Dirección General del Sistema Penitenciario, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, además del Ejército de Guatemala.
