Por ejemplo, este miércoles se registra una marcha pacífica de universitarios en las calles de la capital. Foto La Hora/José Orozco

Por segunda ocasión la Comisión Permanente del Congreso de la República convocó este miércoles a una sesión extraordinaria para conocer la iniciativa de “Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala”, la cual propone que policías y militares puedan utilizar la fuerza en cumplimiento de sus funciones.

 

La iniciativa, registrada con el número 6076 fue recibida por la Dirección Legislativa el 10 de mayo del presente año, propuesta por diputados de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), encabezada por el jefe de bloque Carlos Napoleón Rojas y la subjefa, Karla Andrea Martínez, así como los legisladores Julio Francisco Lainfiesta, José Arnulfo García, Maynor Estuardo Castillo y Byron Wilfredo Arreaga.

La Hora consultó con analistas para conocer su opinión de la propuesta, quienes coinciden en que es una medida innecesaria que violenta los derechos humanos.

CUX: INICIATIVA QUE ALIENTA EL PODER ABSOLUTO

Eddie Cux, de Acción Ciudadana expresó que la iniciativa es una medida autoritaria y que a través de esta ley las autoridades están previendo evitar las manifestaciones.

“Poco a poco el país se está acercando a un Estado autoritario, vemos como en general hay una vulnerabilidad de los derechos de la población, como es que hay condiciones de pobreza, mala gestión pública y la gente manifiesta por este tipo de situaciones, creo que el mismo Estado y el Congreso está previendo las manifestaciones”, indicó Cux.

«Por la alta corrupción que se está generando en Guatemala y que con estas medidas lo único que alienta es el poder absoluto por parte del gobierno y que esto realmente resulta peligroso para el país y para la población en general”, agregó.

 

Además, Cux explicó que este tipo de medidas evidencia que el Estado pretende acallar los derechos fundamentales como el de reunirse, manifestarse y alzar la voz.

“Un ejemplo de cómo se acerca a un Estado autoritario el país es el discurso que está generando ahorita (el presidente Alejandro) Giammattei en la OEA en donde ataca a la misma Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que ha catalogado a Guatemala como país que violenta los derechos humanos colocándolo junto a Venezuela, Cuba y Nicaragua”, añadió.

ORTIZ: RESTRINGIR EL DERECHO DE MANIFESTACIÓN

Edgar Ortiz, de la Fundación Libertad y Desarrollo expresó que el Ejército de Guatemala tiene funciones de seguridad definidas y no es aconsejable que sean una opción para disuadir manifestaciones, a menos que sea una situación muy extrema.

“Creo que quizás no es la mejor idea, en todo caso había que fortalecer los protocolos de la Policía Nacional Civil (PNC), ellos tienen su fuerza antimotines creo que en todo caso se deberían de identificar las falencias en los protocolos”, explicó.

Por lo anterior, mencionó: “Esta ley incluso puede mandar malos entendidos a las fuerzas de seguridad. Hemos visto en otros países que a veces hay abuso de la fuerza por parte de la fuerza de seguridad, hay que ser muy cautelosos con qué leyes se aprueban porque también pueden darle puerta libre y restringir el derecho de manifestación. Creo que es el riesgo de esta iniciativa de ley”.

 

RODRÍGUEZ: INICIATIVA PRETENDE REPRIMIR Y ACALLAR

La abogada Stephanie Rodríguez, indicó: “Es totalmente inconcebible, es una iniciativa de ley que pretende reprimir y acallar a la población derivado de las inconformidades que ha manifestado la gente en contra de diversas cuestiones”.

Asimismo, explicó que utilizar desproporcionadamente la fuerza e involucrar al Ejército no tiene cabida y además le da más poder a la Policía Nacional Civil, incluso si cometen un delito quedaría en la impunidad.

Los analistas cuestionaron que deben darse cambios en los protocolos de actuación de la PNC. Foto La Hora/AFP

“Es una iniciativa descarada desde mi punto de vista jurídico, pero también en lo social es acallar a la población. La considero ilegal derivado de que ya existe la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil que establece eso, a nivel inclusive de derecho internacional el Ejército está concebido para hacer otros parámetros no para reprimir a los manifestantes en este caso utilizar de forma excesiva la fuerza”, enfatizó Rodríguez.

Por ello, mencionó que la Policía debe mejorar sus protocolos a nivel interno para responder ante estos hechos y no recurrir al uso de la fuerza.

 

SOBRE LA INICIATIVA 6076

Según el artículo 1 de la iniciativa, el objeto de la Ley es que integrantes de la fuerza de seguridad pública y del Ejército de Guatemala, en cumplimiento de sus funciones pueden aplicar el uso de la fuerza “conforme a sus competencias, desempeñando acciones para garantizar la vida e integridad de los habitantes de la República”.

Asimismo, señala que el uso de la fuerza tiene como finalidad lograr objetos legítimos debidamente regulados en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Además, que las fuerzas de seguridad pública y el Ejército podrán recurrir al uso de la fuerza, únicamente cuando otros medios resulten ineficientes para alcanzar un objetivo legítimo o cuando sea probable que no se logre el resultado previsto.

El artículo 7 menciona que las garantías del procedimiento en caso de iniciarse un proceso penal en contra del personal de fuerza de seguridad pública o del Ejército por acciones realizadas en cumplimiento legítimo de sus funciones, se les garantizará el debido proceso y el derecho de defensa gratuito proporcionado por parte de las instituciones para las que labora.

El artículo 12, adicionará el artículo 264 Ter al Código Procesal Penal, Decreto 51-92, para que los integrantes de las fuerzas de seguridad pública y el Ejército resulten involucrados en la comisión de un supuesto hecho ilícito obtengan medida de coerción, como arresto domiciliario y otras que el juez considere pertinentes con el objeto de garantizar su derecho al trabajo.

Cabe destacar que las fuerzas de seguridad la iniciativa define que son PNC, la Dirección General del Sistema Penitenciario, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, además del Ejército de Guatemala.

 

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