El gobierno del presidente, Alejandro Giammattei rechazó la inclusión de 16 guatemaltecos en la actualización de la Lista Engel, pero desde su primera publicación ha integrado a personajes allegados al mandatario y él se ha pronunciado en contra de las publicaciones del Departamento de Estado, lo cual ha generado diversas opiniones entre analistas políticos. Tres de ellos comparten con La Hora su visión de su reacción.
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— Diario La Hora (@lahoragt) July 24, 2022
WONG: ACUERPAR A SEÑALADOS ES EQUIVOCADO
Jorge Wong, politólogo independiente, planteó que la actitud correcta del gobierno de Guatemala sería la de exhortar a cada una de las personas incluidas a presentar públicamente la evidencia que demuestre su inocencia y restaure su honorabilidad, así como la de sus familias ante la opinión pública nacional e internacional.
“Acuerpar a todo un grupo de personas que están señaladas de actos de corrupción por un gobierno extranjero podría dar el mensaje equivocado de que el gobierno de Guatemala es también parte del problema y no de la solución”, explicó.
ROSAL: NO DEBE TOMARSE LA LISTA COMO SIMBÓLICA
Por su parte el politólogo, Renzo Rosal consideró que la sanción a Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), empresarios y magistrados, representa una vinculación al círculo del presidente, Alejandro Giammattei.
“Estados Unidos puede tocar un círculo cercano del presidente, es una clara advertencia que, en otras siguientes menciones, podrían estar otros del mismo círculo”, advirtió.
Remarcó que la Lista Engel es elaborada por el Departamento de Estado cuando obtiene evidencias y elementos contra las personas que incluirá.
“Ellos no integran nombres sacados de la manga, por lo que no cabe para nada el argumento que utiliza el comunicado de gobierno, esto es un mensaje político muy fuerte, es como esto debe tomarse, no simbólico, sino como un mensaje político muy muy fuerte”, reiteró.
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CIEN: LISTA ENGEL NO ES UN MENSAJE POSITIVO
Mientras que Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), afirmó que la Lista Engel tiene dos connotaciones la primera es el derecho de todo país de decidir quién es admisible dentro de sus fronteras y la segunda que ninguno de ellos ha sido citado, oído y vencido en juicio.
“En Guatemala sabemos que esa lista nunca ha ido acompañada de una investigación, en la primera lista que presentaron todos creímos que ojalá presentara la investigación y a la fecha, después de 2 años, no ha venido, el daño es enorme, pero al que más se daña es a Guatemala”, argumentó.
Para Quezada, la Lista Engel conlleva efectos negativos, porque al dar la imagen de un país con dificultades y corrupción se promueve que los ilícitos continúen o intensifiquen, sin medios probatorios.
“Cuando estamos dando el mensaje de que Guatemala es un país donde no se puede invertir y que los únicos que pueden atreverse a venir a Guatemala es el crimen organizado, lo que está haciendo es música para los oídos de los traficantes de personas, para que la migración siga, entonces son estrategias no solo dilatorias de los Derechos Humanos… de ninguna manera va a tener un efecto positivo, sino que va a tener un despropósito”, agregó.
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LO DICHO POR PRESIDENCIA
El 21 de julio, Kevin López, secretario de Comunicación Social de la Presidencia refirió que no emitirían opinión respecto a la Lista Engel, considerando que ningún funcionario del Ejecutivo fue sancionado con ella.
Pero el 22 de julio, el Gobierno emitió un comunicado en el que aseveró: “Si bien esta es una decisión interna de ese país, lamenta y rechaza que la publicación incluya a personas de origen guatemalteco sometidas a juicios de valor… ya que representa una clara violación al principio universal de todos los seres humanos relacionado con la presunción de inocencia hasta ser citados, oídos y vencidos en juicio”.
“Se debe cuestionar la utilización de este instrumento político que promueve la condena social de las personas que allí son señaladas, la cual generalmente se deriva de elucubraciones y acusaciones mediáticas infundadas”, agregó.
Previamente Giammattei criticó esa sanción cuando fue incluida la fiscal general, María Consuelo Porras, incluso días antes de reelegirla se refirió a la “Lista del Zopilote”. Diputados como Sofía Hernández, Boris España y Felipe Alejos que han respaldado al Oficialismo fueron sancionados con ese mecanismo del Departamento de Estado.
