La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) publicó su primer informe trimestral del 2022 del «Estado de Situación de la Libertad de Expresión”, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el cual destacó que en ese periodo registraron 29 denuncias de agresiones contra miembros de la prensa en el país.
Del total, 16 fuerzas de seguridad pública están involucradas y autoridades de distintos niveles estatales.
“De enero de 2020 a marzo de 2022, el Observatorio de los Periodistas ha registrado 313 ataques en contra de comunicadores y medios de comunicación, lo que convierte al gobierno de Alejandro Giammattei en la gestión con más represiones, persecución e intolerancia hacia la prensa”, remarcó la APG.
Comunicado
Estado de Situación de la Libertad de Expresión – Primer Trimestre 2022. pic.twitter.com/kTwPj5rdp9— Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) (@APG_1947) May 3, 2022
LOS PATRONES
La Asociación destacó que las principales acciones contra la prensa siguen ciertos patrones, entre ellos, las limitaciones para acceder a las fuentes informativas y las campañas de difamación, acoso y desprestigio en redes sociales.
“En el primero de los casos, los responsables directos son miembros del Estado, mientras que, en el segundo, se sospecha fuertemente del involucramiento, directo o indirecto, de empleados y autoridades públicas, principalmente de la Presidencia y el Ministerio Público (MP)”, agregó.
AUTORIDADES ENTRE LOS SEÑALADOS
Entre las autoridades identificadas en estos actos, destacan las del Organismo Judicial (OJ), relacionadas en al menos seis casos de restricciones para acceder y cubrir audiencias judiciales, un caso de amenazas con procedimientos penales contra periodistas y uno más de acoso, que estaría motivado por el interés de violar el secreto de las fuentes periodísticas.
“Funcionarios y empleados de los demás organismos estatales también estuvieron vinculados con restricciones hacia la prensa. Destacan el interés que mostró la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, de atender y brindar información a los reporteros únicamente dos veces por semana y en un espacio en específico, así como las acciones de miembros del Ejército y de la seguridad presidencial para limitar la labor de reporteros”, agregó la APG.
Las campañas de desprestigio y acoso en redes sociales es uno de los patrones de ataque que más se ha repetido en los últimos años y que destacó durante los primeros meses del 2022, detalló.
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— Diario La Hora (@lahoragt) May 4, 2022
“Estas campañas, sumadas al discurso confrontativo de la Presidencia y otros funcionarios estatales, no solo buscan menoscabar la imagen de sus víctimas, dañar su credibilidad y crear zozobra para generar censura y autocensura, sino pretende imponer en el imaginario colectivo que los periodistas críticos al poder son enemigos de la democracia, divulgadores de falsas noticias u opositores al régimen por cuestiones políticas e ideológicas, queriendo hacer ver que sus publicaciones y críticas son infundadas y la única versión verídica e irrefutable es la oficial”, reiteró.
Estas agresiones afectan particularmente a las mujeres periodistas, quienes son víctimas de acoso sexual, ataques por su condición de género, discriminación racial y burlas, añadió la entidad.
OTRAS CONSECUENCIAS
“Como lo denunciamos desde los últimos años, las acciones del Estado hacia la prensa no son actos aislados, responden a una campaña estructurada desde las altas esferas del poder político para criminalizar, perseguir y atacar a las voces críticas y actores vinculados o que apoyan la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la fiscalización hacia las instituciones públicas”, detalló la APG.
Señalaron como persecución la aprobación, con el “beneplácito” del presidente de los cambios a la Ley de ONGS.
#LHEconomía 📊 Además de ser el presidente mejor pagado, Alejandro Giammattei es el peor calificado por la ciudadanía a nivel centroamericano.
Aquí la nota completa: https://t.co/lSp8EtkfER pic.twitter.com/YBPTqNVboQ
— Diario La Hora (@lahoragt) May 3, 2022
“No sería extraño que en un futuro el Estado inicie una cacería contra estas organizaciones, como lo ha hecho la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua”, reiteró.
“Los casos de desplazamiento forzado o exilio de comunicadores en los últimos meses, debido a la criminalización de actores vinculados con el Estado y el apoyo que reciben por parte de la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, hacen temer que los actos de persecución penal infundados se eleven durante el resto de este gobierno. Aunque existen antecedentes de comunicadores arrestados de forma arbitraria, podrían registrarse casos de largos periodos en prisión, sentencias de cárcel o la imposición de multas económicas exorbitantes, que podrían afectar también a propietarios de medios”, añadieron.
Estos temores se elevan con la posibilidad que Giammattei elija nuevamente a Porras Argueta para la Fiscalía General o elija cualquier otro alfil, como el actual Procurador General de la Nación (PGN), Luis Donado, quien podría continuar o endurecer la cacería del MP en contra de miembros de la prensa, resaltó.
Además, expresaron su preocupación por la elección del PDH y lo que esto puede implicar para la libertad de prensa.
“La cooptación de todas las instituciones públicas, particularmente del sistema de justicia, por parte de Giammattei y sus aliados, el interés de amordazar las críticas hacia el actual régimen y de venganza hacia sus opositores por parte de Porras Argueta, terminarían de sucumbir a Guatemala en un Estado autoritario en que no exista respeto hacia los derechos humanos, que impongan una censura autoritaria”, puntualizó.
