Por: Cristian Velix
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Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, se pronunció en relación con la resolución dictada ayer por el juez Miguel Ángel Gálvez, quien ligó a proceso a tres militares retirados por genocidio, cometido presuntamente, en contra de población civil de Quiché durante el gobierno de Fernando Romeo Lucas García.
La profesional dijo que se alegraban de la decisión del juzgador y agregó que las evidencias “son bastante claras”, asimismo que ya ha habido dos sentencias por genocidio y eso demuestra que la prueba es fuerte para demostrar que en Guatemala se cometió ese delito.
“Quizá el término genocidio le suena fuerte a muchos, pero eso fue lo que sucedió y además está contemplado en el Código Penal y tanto los jueces como los fiscales tienen que encuadrar un delito”, agregó la activista, quien manifestó que el objetivo de la justicia es determinar, evidenciar y probar esos delitos, los cuales no deben volver a suceder.
“Hay suficientes testimonios, están los planes del Ejército, entre otros, que tenían como propósito la eliminación de todas esas aldeas y de toda la población, no es un capricho, no es una cuestión ideológica, la figura de genocidio fue aprobada en 1973, eso fue en un gobierno militar”, afirmó Mack.
De igual manera, la entrevistada se refirió a las víctimas y dijo que han estado buscando justicia por más de 30 años y que ya es tiempo que a las mismas, que han estado a la espera, se les haga justicia.
“Como se dice popularmente ‘justicia retrasada es justicia denegada’, durante todo este período se les ha rechazado o denegado justicia a las víctimas, ya es momento que a las víctimas que han estado pacientes y perseverantes buscando justicia, se les haga justicia”, puntualizó la experta.
Para esta nota se intentó conseguir el análisis de profesionales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) y del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), sin embargo, no respondieron las llamadas hechas a sus teléfonos celulares.
DECISIÓN
El juez Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, resolvió ayer que debían enfrentar proceso penal, Benedicto Lucas y Manuel Callejas, por los delitos contra deberes de la humanidad, desaparición forzada y genocidio.
Asimismo, el juzgador decidió que César Noguera fuera procesado por los ilícitos de genocidio y desaparición forzada. A los tres señalados se les imputa involucrarse en acciones militares en contra de población civil de Quiché.
De esa forma la Fiscalía detalla que esas actividades pudieron realizarse en los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, denominado el Triángulo Ixil, el cual se ubica en el departamento mencionado.
Según las pesquisas, ellos presuntamente, de forma conjunta, cometieron al menos 31 masacres durante el gobierno de Fernando Romeo Lucas García.
