La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) no emitió algún dictamen sobre las condiciones estructurales de los puentes Moca, Las Pericas y Santa Bárbara —adjudicados recientemente con una posible sobrevaloración de hasta Q148 millones—, confirmaron autoridades del ente de protección civil, entrevistadas por La Hora.
El diseño y construcción de dichos puentes fueron adjudicados el pasado 2 de julio mediante el mecanismo de «licitación por emergencia», que se creó en el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria (aprobada en noviembre de 2024), y que permite hacer contratación de obra gris en rutas centroamericanas obviando algunos pasos de la Ley de Contrataciones del Estado.
La Hora ha seguido de cerca la contratación de estos puentes y en diferentes publicaciones ha revelado la existencia de una posible sobrevaloración, la limitada experiencia de las empresas adjudicadas y la opacidad que ha primado en las licitaciones, puesto que no está disponible toda la documentación en Guatecompras, como las ofertas o el listado de constructoras que fueron invitadas a participar.
Además, el pasado 19 de septiembre, este medio también publicó que el informe de riesgos emitido por la Conred —vital para que se concrete una licitación por emergencia— se refería a las amenazas de inundaciones y deslaves, pero no del riesgo que representa para la vida de las personas el estado del puente.
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LO QUE DICE LA CONRED
Personeros de la Conred explicaron a La Hora que la institución no practica evaluaciones estructurales de ningún puente porque no cuenta con el personal que tenga conocimientos «de alto nivel» para hacer tales valoraciones.
Si reciben una solicitud para evaluar una de estas estructuras, la Conred hace la inspección y, si se determina un posible riesgo visual, se elabora un informe y se envía al Ministerio de Comunicaciones, precisó Manuel Monroy, director de Mitigación de la Conred.
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En el caso del puente Las Pericas, cuyo informe de riesgo no se localiza en Guatecompras, Monroy no se atrevió a asegurar si, en efecto, se elaboró tal documento. En cuanto al Moca y Santa Bárbara, dijo que el informe de riesgo hace referencia a las amenazas por deslizamientos e inundaciones porque eso es lo que compete a la Conred, según el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.
«Hubo un proceso bastante amplio, interinstitucional, para ver de qué manera las diferentes instituciones podíamos ajustar nuestros quehaceres sin vulnerar nuestros propios mandatos», agregó Monroy.
En el caso de los informes de riesgo —dijo—, «es la única manera en la que nosotros pudimos acoplarnos para dar cumplimiento a ese requisito específico que la Ley requiere de la Secretaría»; al mismo tiempo afirmó que a ellos les compete la evaluación de un sitio geográfico, mientras que evaluar las condiciones de cualquier infraestructura le corresponde al CIV, que es quien debería tener los estudios de las condiciones estructurales de cada puente.
Asimismo, David Monterroso, asesor jurídico de la institución, subrayó que la Ley de la Conred y su reglamento establecen los mecanismos para declarar un punto de «alto riesgo» y, cuando eso sucede, no se puede hacer ninguna inversión pública o privada el sector.
«Creería yo que, en base a esas figuras, lo que busca la ley es que esta Secretaría, no necesariamente todo el sistema, pudiera establecer si un sitio determinado figuraba dentro de algún espacio territorial que hubiese sido declarado de alto riesgo o no, pero la parte estructural per se… nosotros no tenemos, sobre el mandato de esta Ley (de Infraestructura Vial Prioritaria), una intervención», puntualizó.
CONSENSO ENTRE INSTITUCIONES
Aunque Monterroso expuso que la interpretación de esta normativa se dio «sobre la base de las funciones y atribuciones que tenemos y de la lectura de la literalidad de la norma», Monroy insistió en que sí se llevaron a cabo reuniones interinstitucionales «para ver de qué manera se podían implementar los artículos que involucran a la Conred en la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria».
Finalmente, la discusión se elevó al Consejo Nacional para la Reducción de Desastres y fue ahí «donde se aprobó cuál sería la estructura del informe de riesgo para el cumplimiento del artículo 95» de la referida Ley, indicó Monroy.
Este Consejo es el órgano superior de la Conred y está integrado por 10 instituciones públicas, privadas y autónomas. Participan seis ministerios, entre estos el de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Al plantearle a Monroy qué le respondería a alguien que interprete que la Ley dice que la Conred tiene que evaluar la condición estructural del puente para que, si lo amerita, sea intervenido de emergencia, Monroy dijo: «Que no estamos entendiendo lo mismo», puesto que la norma dice que «la modalidad será en forma extraordinaria con la aprobación del ministro del ramo porque son los que tienen competencia y conocimiento de la infraestructura».
Monroy negó que la Conred haya recibido presiones del CIV para aprobar los informes de riesgo de los puentes en cuestión y explicó que «ninguna solicitud se trata diferente» y, una vez ingresa, tratan de tenerla lista en cinco días porque «es muy corto el tiempo que queda para todo el proceso».
El artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria —el utilizado como base legal para otorgar las tres licitaciones por emergencia— detalla que esta modalidad «se crea para que, ante los riesgos, ocurridos o inminentes, a la vida o a la integridad física de los habitantes del país circulando a través de los proyectos de infraestructura vial prioritaria, se pueda proceder de manera ágil con las labores de reconstrucción, remozamiento, limpieza, medidas de protección, mitigación de riesgos o medidas correctivas directas».
Añade que para implementar esta modalidad de contratación (licitación por emergencia) «basta con que la Conred emita un informe de riesgo y este cuente con el aval de la Dirección General de Caminos» y detalla que la contratación debe quedar formalizada entre el contratante y el contratista 15 días calendario a partir de dicha declaración.
PROCESOS CON AROMA DE CORRUUPCIÓN
Los concursos de los tres polémicos puentes se publicaron y adjudicaron entre el 25 de junio y el 2 de julio pasados, por un monto que sumados llega a Q276 millones. Dichos proyectos fueron otorgados con una posible sobrevaloración de Q148 millones, puesto que este medio hizo una cotización con una empresa de amplia experiencia en el ramo, con base en los diseños y especificaciones técnicas que se encuentran en Guatecompras.
Sin embargo, hasta hoy, tanto la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, como el presidente Bernardo Arévalo, han parecido demeritar esta información y se mantienen firmes con las contrataciones.
Las adjudicaciones fueron así:
- Puente Moca, adjudicado a la empresa individual Constructora Elemento, propiedad de Billy Gubert’s Arreaga Cárdenas, por Q130.3 millones.
- Puente Las Pericas, adjudicado a Metro Construcciones, S. A. por Q68.3 millones.
- Puente Santa Bárbara, adjudicado a Grupo Técnico en Construcción (Serima), S. A., por Q78.2 millones.
En ninguno de los tres concursos las ofertas o cualquier otra información relacionada con estas han sido publicadas.
En comparecencias ante los medios de comunicación, la ministra Zea no ha abordado el porqué no se hacen públicas las ofertas, y aunque ha defendido los procesos de contratación, no ha explicado qué criterios se utilizaron para invitar a las constructoras participantes, ni tampoco el listado de estas.
Algo que alimenta las dudas de la posible sobrevaloración es que, por metro, estos puentes son más caros, incluso que varios de los adjudicados en el gobierno de Alejandro Giammattei, régimen señalado por múltiples sectores sociales de corrupción. Esto según comparaciones hechas por La Hora.
