Por Romina López La Rosa
Madrid
Agencia/dpa
¿Son los toros un espectáculo cultural, patrimonio español que hay que proteger? ¿O se trata de una tradición cruel que ya no tiene cabida en el siglo XXI? Pocas veces el debate al respecto ha sido tan intenso en España como en los últimos tiempos.
En el tema se mezclan numerosas cuestiones, tanto históricas, culturales y económicas, como políticas. En las últimas elecciones regionales y municipales de mayo ganaron en muchas partes formaciones -en general, de izquierdas- que condenan las corridas de toros, y eso ha propiciado una movilización en diferentes puntos del país para prohibirlas o bien hacer consultas populares para que decidan los ciudadanos.
Tampoco ven con buenos ojos la «fiesta nacional» muchos nacionalistas, que la identifican con una «españolidad» que les es ajena. Y no es una tendencia nueva, como demuestra entre otros el ejemplo de la comunidad autónoma de Cataluña (este), donde las corridas están prohibidas desde hace cinco años.
El mundo del toro se siente atacado y defiende la importancia de mantener el sector tanto por motivos económicos como para proteger las numerosas actividades vinculadas (las ganaderías, la cría de una especie que podría estar extinguida, el toreo, el espectáculo turístico…).
Un informe presentado por la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (Anoet) aseguró que en 2014 el peso de la actividad fue de 3.550 millones de euros. La cifra se deriva tanto de las corridas en plazas (2.290 millones) como de los encierros -como los Sanfermines- (1.269 millones).
Además, este estudio constató un aumento de un 4,97 por ciento del número de asistentes a las plazas de toros, hasta un total de seis millones, y la popularidad de numerosas fiestas callejeras relacionadas con los animales, algunas bastante más sangrientas que una corrida. Es el caso por ejemplo del Toro de la Vega, fiesta en la que se suelta un animal que es alanceado hasta la muerte por decenas de picadores y lanceros tras perseguirlo por el campo.
En el otro extremo se sitúan los grupos antitaurinos, que además censuran las subvenciones que recibe el sector (a diferencia de otros espectáculos como el cine o el teatro, los toros gozan de un IVA reducido). Este mismo jueves celebraron la declaración de «ciudad antitaurina» de Palma de Mallorca, capital de las islas Baleares, aunque fue sobre todo una medida simbólica porque las corridas son una atribución del gobierno regional y no municipal.
En Madrid, la nueva alcaldesa renunció al palco que el ayuntamiento tiene reservado en la Plaza de Las Ventas y defiende la eliminación de las ayudas a escuelas y espectáculos taurinos.
En Valencia, otra comunidad con mucha tradición de este tipo de espectáculos, el gobierno autonómico también anunció el cese de las subvenciones y estudia revertir una declaración de Bien de Interés Cultural que aprobó el anterior Ejecutivo del Partido Popular (PP, centroderecha). Mientras que algunas ciudades han prohibido las corridas, otras han anunciado consultas sobre su futuro.
También en Galicia se suspendió la feria de agosto (la serie de corridas) y la única excepción en el mapa español es San Sebastián, en el País Vasco, donde el nuevo gobierno levantó la prohibición vigente.
Los defensores de la tradición alegan que no existirían los toros de lidia de no haber corridas, y que se trata de animales que gozan de una libertad y de una vida salvaje y feliz en el campo con la que el ganado de las producciones agropecuarias actuales sólo puede soñar.
El torero Morante de la Puebla protagonizó esta semana la nota de color al aparecer en un acto vestido con un traje de luces combinado con piel de lince ibérico, un felino en extinción. Así, pretendía expresar cómo se sienten los diestros: acosados y en peligro de desaparecer.
Tampoco los antitaurinos, para quienes la tradición no es más que maltrato animal sin paliativos, se quedan atrás en imágenes: en una manifestación en Palma se tendieron sobre el suelo semidesnudos, manchados de sangre y con banderillas clavadas, bajo el lema «¡Basta! La tortura no es arte ni cultura.»
El debate también ha llegado a los países latinoamericanos con tradición taurina, como México, Ecuador y Colombia. Bogotá convocará un referéndum para preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo o no con que se celebren.
