Carlos Rolando Yax Medrano
El combate a la corrupción y el fin de la impunidad son ejes prioritarios para la misión de Estados Unidos en Guatemala. Aunque pareció ser más discreto, el trabajo de Luis Arreaga ha demostrado ser igual de importante y contundente que el de Todd Robinson, tras la llegada del Embajador William Popp. El apoyo a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad está dando sus resultados. Con la Ley de Compromiso de Mejora del Triángulo Norte, la Lista Engel y el apoyo del Presidente Biden, la misión sólo va a fortalecerse.
Aunque el pacto está en jaque, los corruptos continúan trabajando. El candidato a Magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Carlos Estuardo Gálvez Barrios, declaró “yo tengo más de 6 años de no ser funcionario público”, al referirse a la visita que le hizo a Gustavo Alejos, implicado en el caso Comisiones Paralelas 2020. Además, afirmó que “eso fue sin ser funcionario público sin ser candidato a ningún cargo. Eso fue hace casi un año”.
Sin embargo, conforme a los artículos 3 y 4 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, se consideran funcionarios públicos a todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, que funjan como dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades descentralizadas y autónomas.
Y, Estuardo Gálvez es el Representante de Catedráticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde el 19 de junio de 2019, luego de haber sido electo con 72 de 91 votos a favor, en un proceso electoral en el que participó como candidato único. En otras palabras: sí es funcionario público y lo es desde hace más de un año.
Además, Estuardo Gálvez dijo que “cuando las personas reciben una denuncia no dejan de ser personas con derecho a ejercer las acciones políticas porque hay una presunción de inocencia” y que “mientras no haya ninguna condena todas las personas son inocentes”.
La presunción de inocencia es un principio del derecho penal que existe para proteger la libertad personal contra detenciones arbitrarias o ilegales. Aunque Estuardo Gálvez ha sido implicado en investigaciones de la CICIG y la FECI, en ningún momento ha sido detenido de manera arbitraria ni ilegal y su libertad personal tampoco ha sido restringida. Por lo tanto, su derecho fundamental de presunción de inocencia ha sido respetado. La idoneidad no es lo mismo que la culpabilidad.
Por otra parte, hace alusión a sus derechos políticos de elegir y ser electo y de optar a cargos públicos. Sin embargo, convenientemente omite su deber político (establecido en el mismo artículo constitucional) de velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. Al estar involucrado en un caso de cooptación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, lo ha incumplido. Es importante recordar que, en Guatemala, el interés social prevalece sobre el interés particular. Y el cumplimiento de la idoneidad, como requisito para optar a cargos públicos, tiene como fin la consecución del bien común y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
El pacto termina este año más urgido que nunca y, en consecuencia, comenzará el próximo año con más intensidad que la de siempre. Toda la atención debe estar en la Corte de Constitucionalidad, para defenderla de personas como Estuardo Gálvez y Mynor Moto.
