El argumento que se utiliza para justificar la represiva ley de las ONG recién aprobada es que se busca con ella mejorar la fiscalización para evitar abusos que cometen algunos y que convierten a esas entidades No Gubernamentales en medio de vida para quienes las dirigen, pasando por alto, como lo hizo ayer el mismo Presidente, el carácter eminentemente represivo que tiene el instrumento legal que criminaliza a entidades que abogan por derechos humanos en términos generales.
La nueva legislación, sin embargo, no tiene ningún instrumento nuevo de fiscalización que asegure que se hará especial vigilancia del dinero que reciban puesto que, en todo caso, la supervisión corresponde y siempre ha correspondido a la Contraloría General de Cuentas de la Nación para toda persona jurídica que reciba fondos públicos, como ocurre con infinidad de ONG que son patrocinadas por disposiciones del Congreso en amaño con los que dirigen esas entidades favorecidas por las mafias de diputados. Nadie puede objetar el deseo de una mejor y mayor fiscalización y aquí cabe aquello de que quien nada debe nada teme, pero no basta eso, sino que hay que establecer los mecanismos e instrumentos para que la CGCN deje de ser el parapeto inútil para apañar la gran corrupción y que se justifica escudriñando las cuentas pequeñas, de donde salen sus reparos anuales.
Pero en todo caso el problema que genera la ley no está en el tema de la fiscalización que, es más, debiera haber sido mejor desarrollado para de verdad garantizarla. El problema está en el carácter represivo que el instrumento legal tiene y que es su verdadero espíritu, porque está dirigido al control y erradicación de aquellas entidades que trabajan y apoyan causas de los grupos históricamente marginados en el país y que son molestos para cierta parte de la sociedad, esa que disfruta llamando “grupos de la suciedad civil” a los que con toda validez hacen reclamos y exigencias para que sus derechos sean debidamente respetados y reconocidos.
Ignoramos quiénes puedan ser los expertos en Ciencias Jurídicas que asesoraron al presidente Giammattei, aunque ideal es que el pueblo pueda siempre conocer quiénes se desempeñan en esa función y sobre todo pensando en que son los mismos que le asesoran respecto a una reforma constitucional, pero obviamente para ellos no fue importante la parte represiva que es la que generó el rechazo nacional e internacional.
Repetimos que bienvenido el control y la fiscalización porque no somos ingenuos como para pensar que la corrupción sólo está en el gobierno. Pero no al carácter represivo de la ley.
