Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Cuando se produjo la “aportación” para los diputados para aprobar la que se conoció como Ley Tigo, también se financió el soborno para que los diputados eligieran magistrados ad hoc para la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, con lo cual se cerraba el círculo porque se concretaba no sólo la captura del Ejecutivo y del Legislativo, sino también la del Poder Judicial que resultaba vital para preservar el régimen de impunidad que ha sido la garantía absoluta para los grandes actores de la corrupción en Guatemala. La misma alianza entre los sobornados diputados de Lider y los Patriotas permitió la elección de las autoridades a cargo de administrar la justicia, con el agregado de que en ese proceso participaron personajes como el Rey del Tenis y sus allegados, amigos o competidores.
Y eso que no tenían todavía ni idea de lo que vendría poco tiempo después con el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala al destapar el Caso La Línea y provocar la renuncia y captura de Roxana Baldetti Elías. De saberlo sin duda todavía blindan más el Sistema de Justicia y no tendríamos a los jueces de la dignidad que han actuado contra la corriente en procesos de alto impacto en contra de personajes que sobresalen tanto en el mundo político como económico y empresarial.
Precisamente ese último acto dentro de la captura del Estado es el que permitió acciones legales que pretendieron detener la investigación sobre la Ley Tigo por la que se realizaron allanamientos hace ya bastante tiempo. Y ese importante detalle es el que permite afirmar, desde ahora, que la Corte Suprema de Justicia declarará sin lugar in límine los antejuicios pedidos por la CICIG y la FECI, puesto que tienen absolutamente los pelos de la burra en la mano y saben muy bien de lo que están hablando.
La realidad es que cada vez que la CICIG nos ofrece un caso pone en evidencia la podredumbre de nuestro sistema. Por eso es que era urgente salir de Iván Velásquez que vino a dar un giro inesperado al trabajo de la Comisión, sobre todo luego del largo período de letargo e inutilidad que vivió bajo la gestión de Dall´Anese. Es cierto que a la ciudadanía parece que ya nada le causa escándalo, no digamos malestar ante la certeza de que vivimos en un auténtico reino de la corrupción en donde es tan fácil comprar la voluntad de los principales actores políticos para garantizar su sumisión al poder económico. Porque si algo hay que aclarar en el caso que ahora se empieza a ventilar es que no se trata de la sumisión del Congreso al Ejecutivo, por más que de la Vicepresidencia salieran las instrucciones, sino que es la sumisión del Estado al poder económico, algo que se viene dando desde hace tanto tiempo que ya hasta se olvidaron de la formulación de políticas públicas porque al poder se llegan, al fin y al cabo, para hacer pisto y eso se logra transando con los meros tenazudos, tanto si son de alcurnia como si son de los que se hicieron ricos de la noche a la mañana gracias a trinquetes como el de la concesión para la telefonía celular.
