Para quienes todavía dudan de la existencia del Pacto de Corruptos, la noticia divulgada hoy por elPeriódico sobre la forma en que la SAAS y el Ministerio de Gobernación resguardan al juez Víctor Cruz desde que ordenó la captura de la ex fiscal general Thelma Aldana, elimina cualquier vestigio de duda. Sin guardar ni siquiera las apariencias, no digamos las formas, tanto la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad, como la cartera del interior que dirige Enrique Degenhart, decidieron ofrecer auto blindado y agentes de la PNC para resguardar al juzgador que viene conociendo del caso que fue armado a la carrera, según explicó el mismo Fiscal a cargo, en contra de Aldana.
Hace pocos días comentamos que será imposible determinar si es cierta la acusación de que hubo transacciones sospechosas que involucran a Víctor Cruz y que tampoco se podrá establecer si cuando estuvo de juez en Jalapa mantuvo relaciones estrechas con Mario Estrada, cacique de ese departamento y ahora preso en Estados Unidos por solicitar a supuestos miembros del Cártel de Sinaloa dinero para su campaña y el asesinato de rivales, específicamente de la misma Thelma Aldana. Y dijimos que sería imposible la investigación porque quedaría detenida en el despacho de Consuelo Porras, donde también estuvo entrampada por varios meses la investigación efectuada por la CICIG por la Ley Tigo.
Pero la profundidad del siniestro pacto y la conspiración para evitar la participación de Aldana, reseñada muy bien por la magistrada María Eugenia Mijangos en su voto razonado en el Tribunal Supremo Electoral, salta a la vista con la publicación de la noticia sobre la seguridad asignada a Cruz y la foto del vehículo blindado que le proporcionó la SAAS.
Los juzgadores que se sienten en peligro suelen solicitar protección a la misma Corte Suprema de Justicia, pero en este caso en el que el juez debió preocuparse siquiera por guardar las apariencias, de manera burda solicita directamente la seguridad a los más interesados en pasarle la factura a Aldana por su lucha contra la corrupción, dejando en evidencia más que clara la existencia de un tenebroso pacto que actúa de manera cínica y descarada porque ya no les importa que se corrobore su existencia, pues la misma Fiscal General ha cuestionado que pueda existir tan tenebroso acuerdo entre políticos y particulares que están comprometidos con detener a toda costa cualquier resabio de la lucha para evitar la impunidad en Guatemala, especialmente si se trata de temas relacionados con la corrupción.
