Mucho se ha hablado del ya tristemente célebre Pacto de Corruptos que ha logrado avances importantes en su esfuerzo por consolidar la dictadura de la corrupción que se vio seriamente amenazada a partir del año 2015 pero que, en el último tiempo, se ha reagrupado para recuperar el férreo control de los tres organismos del Estado.
Por ello, grupos de la sociedad civil empezaron a reunirse hace algún tiempo con el fin de crear un frente capaz de aglutinar a los sectores que no han cedido en su compromiso contra la impunidad y la corrupción en el país y de esa cuenta hoy se presentó en Casa Ariana el Pacto Ciudadano que surge como una expresión de todos aquellos que entienden el impacto de la corrupción y la necesidad de rescatar las instituciones que han sido capturadas por los grupos beneficiarios de la podredumbre que caracteriza nuestro sistema político.
Porque mientras los pícaros sostienen que los costos de la guerra contra la corrupción exceden los beneficios cosechados, la verdad irrefutable es que los costos de la corrupción son los que han hundido al país en la miseria, provocando los fenómenos sociales de marginación que afectan a los más pobres en un país que ni siquiera es capaz de reducir los índices de pobreza, pues todo el esfuerzo estatal se concentra en acumular privilegios y beneficios a los que desde hace muchos años vienen siendo el factor determinante en la cooptación de ese Estado que dejó de cumplir sus fines esenciales.
Varias organizaciones de la sociedad han sido puntales en la lucha contra la corrupción y entienden que, ante la agresión a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, esa lucha se acabó porque el Ministerio Público ha vuelto al tiempo en el que esos delitos no entraban en su campo de acción por virtud de los acuerdos y compromisos adquiridos por quienes dirigían la Fiscalía General de la República. Y reconocen, por supuesto, que la influencia del Pacto de los Corruptos ha sido eficiente para forzar al dramático retroceso que pretenden consolidar con elecciones amañadas en la que se cierra el camino a quienes pueden plantear el rescate del Estado.
Y vale la pena insistir en que el pacto perverso no está compuesto sólo por políticos y funcionarios sino que se nutre con muy poderosos sectores con capacidad de invertir millonarias sumas para garantizar el éxito de su aspiración que es retornar sin límites al reino de la impunidad que ha caracterizado la vida en Guatemala por tantos años.
