Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Desde hace años decidí que más allá de mi vida profesional, debía invertir tiempo para tender puentes que nos permitieran crear consensos para lograr los ajustes que necesita un sistema carcomido por la corrupción, cooptado por el financiamiento e injusto por la manera en que paralelamente se secuestra a la justicia.
Eso me ha enseñado que uno puede y debe ceder en ciertas cosas porque de lo contrario alcanzar acuerdos es sumamente difícil, pero me ratificó mi creencia de que se debe ser muy selectivo en lo que se cede porque en la sociedad, como en la vida, hay tiburones que andan al acecho y en el momento menos pensado lo hacen caer a uno en acuerdos que dan la apariencia de que algo cambia cuando en realidad, nada cambia.
Hace un año, como ciudadano, como periodista al que a veces buscan para conocer lo que uno opina y como parte del Frente Ciudadano Contra la Corrupción (FCCC), viví muy de cerca el proceso y la tentativa de buenos acuerdos en el tema de las reformas al financiamiento electoral.
En resumidas cuentas, el artículo tenía una tipificación y penas de 4 a 12 años inconmutables. Tras lo resuelto por la CC, hubo quienes pensamos que era bueno bajarlo de 3 a 8 años siempre inconmutables y las posturas de quienes estaban del otro lado (y con la justicia a la vuelta de la esquina), empezó en que deseaban de 6 meses a 3 años (claro está, conmutables).
Esgrimían que eran necesarios los 6 meses por la visa de Estados Unidos porque no deseaban perderla por una eventual condena. Se planteó que eso significaría matar la democracia por el interés particular en un tema nacional, pero con el afán de lograr consensos, se trabajó en mantener la tipificación con leves modificaciones de forma (a la que ya tenía la ley) y se acordó proponer la reducción de las penas de 2 a 6 años conmutables.
La idea de los 6 años era porque si alguien se desbocaba, un tribunal debía tener margen para condenar mandando a la cárcel al responsable y si alguien era condenado de 5 años para abajo, eran conmutables y con eso se obviaba la prisión. No fue fácil porque mucha gente, que entiende el problema, planteó que era doblar las manos, pero mi postura fue que si lográbamos arreglar esto, le podíamos dar paso a los demás ajustes que necesitaba nuestro sistema y el país porque eso era lo que se planteaba como condición (ya habíamos tenido el ejemplo de la oposición para arreglar los vicios de la justicia).
En el ínterin siempre se supo que había emisarios designados por quienes estaban preocupados para negociar con los diputados, pero también se sabía que se querían servir con la cuchara grande, porque además de rebajar las penas, querían modificar las tipificaciones para variar los supuestos y cambiar a los responsables.
Lejos de tirar la mesa, se siguió el esfuerzo porque fuera aprobada la tipificación que fue presentada por el Ministerio Público (y refrendada por el FCCC) y las penas de 2 a 6 años; hubo gente que dio la mano y dijo que si su sector no firmaba, ellos lo hacían a título personal, pero de a poco se fue generando un mayor distanciamiento hasta que pasó lo que ya sabemos: transaron con los diputados pensando que eso haría que los casos quedaban sin materia y ya no seguirían los procesos.
Así lo pidieron en los juicios y como no lo lograron han montado en cólera incentivando desobediencias a la Corte de Constitucionalidad; por eso ahora defienden a Sandra Torres diciendo que se le acusa por un delito modificado y, peor aún, han decidido no bajar las armas para alcanzar los mínimos necesarios porque estiman que aún no tienen la hoja limpia como desean tenerla, algo así tipo los antecedentes de Sammy.
Por eso siempre he dicho que el borrón y cuenta nueva no es el camino, es la receta para más impunidad y es un mal presagio para la Guatemala que necesitamos y muchos queremos. Hay que ceder, pero nunca el punto de partida de un diálogo de país puede ni debe partir de la búsqueda de impunidad. Una cosa es ceder y otra es olvidar forzadamente para servir el camino a la repetición de lo impune.
