Se acaba de publicar el último informe que contiene el Índice de Percepciones de Corrupción en el mundo que elabora periódicamente Transparencia Internacional, y obviamente la posición de Guatemala no es alentadora, pero además este año se hace especial énfasis en cómo la corrupción va destruyendo las democracias a lo largo y ancho del mundo porque opera en una especie de círculo vicioso que va minando la institucionalidad para facilitar mayores espacios para el aprovechamiento ilícito de los recursos públicos.
En Guatemala sabemos mucho de eso porque nuestra democracia ha sido destruida por la cooptación del Estado que de manera sistemática coloca a los políticos bajo la influencia de quienes les financian sus campañas políticas que terminan siendo los verdaderos mandatarios que usurpan la facultad que le corresponde al pueblo. El pecado original de la democracia guatemalteca, afirmó con toda razón y propiedad la CICIG antes de ser ilegalmente expulsada del país por el régimen de Morales, es el financiamiento electoral ilícito y es que gracias a esa práctica un pequeño grupo de poder económico se asegura protección y privilegios en desmedro del resto de la población.
En Guatemala es patética la forma en que la corrupción destruye la democracia porque es justamente en los que debieran ser procesos democráticos de selección de las autoridades nacionales, donde se perpetra el crimen al asegurar, mediante el soborno a los políticos desde antes de llegar al poder, la impunidad para que el sistema pueda seguir funcionando ad eternum en beneficio de los que tienen la sartén por el mango.
La democracia requiere de institucionalidad fuerte para que se pueda vivir en el marco de un Estado de Derecho que fomente la igualdad entre todos los ciudadanos, al menos en cuanto a la observancia y respeto de las leyes. Y es esa institucionalidad la que se ha destruido en nuestro país porque, desafortunadamente, las leyes se aplican únicamente a los que ni por alcurnia ni posición de poder tienen los suficientes agarres como para gozar de la impunidad.
La lucha contra la corrupción se basó, por ello, en el fin de la impunidad y fue la Comisión Internacional Contra la Impunidad la que generó el esfuerzo. Y ya estamos viendo cuán rápido, tras la expulsión de la CICIG, se empiezan a desmoronar los casos porque vuelve el imperio de la impunidad beneficiando a los que, por cuna o decreto, terminan siendo no solo intocables sino ajenos a la observancia y el respeto de las leyes hechas para aplicación universal pero mañosamente tergiversadas por la corrupta institucionalidad.
