Víctor Ferrigno F.
Como analicé en mi anterior columna, el reino de impunidad que instauró el Pacto de Corruptos tiene techo de vidrio y ya comenzó a desmoronarse, pues fue fraguado sobre las endebles bases del temor a la CICIG, la compra de voluntades, y coincidencias coyunturales de actores disímiles social, política y económicamente. Si bien no se pueden despreciar los intentos de recomposición del poder espurio, ese es un arroz que aún no se coció.
La ciudadanía está tan preocupada por las corruptelas, las maniobras, las mentiras, las ilegalidades y la impunidad de políticos, empresarios y militares, que se sobredimensiona su fuerza real, y se da por sentado que lograrán restaurar su poder ilegítimo, olvidando que toda acción genera una reacción, y que hay muchos factores objetivos y subjetivos que operan en contra del Pacto de Corruptos, principalmente la oposición de la ciudadanía, que crece y se fortalece.
Sin caer en el error inverso de subestimar a las fuerzas de la ignominia, debemos considerar las adversidades que operan en su contra. El primer factor objetivo es la contracción de la macroeconomía, que limita la maniobra política. A pesar del crecimiento de la pobreza, la exclusión, el hambre y la persistencia de la violencia criminal, Guatemala no ha colapsado porque la macroeconomía se había mantenido estable, aunque híper concentrada en pocas manos. Sin embargo, hace tres años que está en caída, con una tendencia difícil de revertir.
La persistente crisis política e institucional ha provocado que los actores económicos perciban que el clima de negocios es malo, que la inestabilidad política no promueve la inversión, y que la corrupción implica un costo muy alto para el desempeño empresarial, pues ha hecho metástasis en la justicia, en las aduanas, en los bancos, en el Congreso y hasta en la sociedad.
Según las previsiones del Banco de Guatemala, nuestra perspectiva económica es halagüeña porque la economía de EE. UU. está creciendo moderadamente. Sin embargo, casi todos los analistas económicos serios sostienen que la economía estadounidense se aproxima a una crisis, al grado que el pasado 10 de enero China anunció que dejará de comprar bonos de la primera potencia militar mundial, lo que sumado a la enorme reducción de impuestos de Trump, incrementará el inmenso déficit fiscal y acelerará el colapso de los bonos, y la reducción de servicios para la población, especialmente para los 41 millones de pobres extremos, que contabiliza la ONU.
Desde noviembre de 2017, el gobierno enfrentó el fracaso político económico que implicó la improbación del presupuesto, por lo que la inversión pública será menor, habrá mayor conflicto social, y su margen de maniobra se ha reducido.
Presentan el desafuero de Solórzano Foppa de la SAT como una victoria, pero sin él la recaudación caerá, habrá menos fondos públicos, los efectos se la corrupción se sentirán aún más, y tendrán que recurrir a más préstamos, reduciendo su autonomía.
En materia política, la elección espuria de la Junta Directiva del Congreso se tambalea por la oportuna y acertada iniciativa legal de Acción Ciudadana. Además, ayer la Corte de Constitucionalidad aceptó tramitar un amparo para proteger al PDH.
Lo más relevante es que la crisis presupuestaria de EE. UU. se resolvió negociadamente, pero incluyendo una reforma a las leyes migratorias, por lo que el coloso del norte presionará fuertemente a los corruptos, para frenar la emigración.
Finalmente, considero que Manuel Baldizón se entregó voluntariamente en EE. UU., previa negociación, por lo que es previsible que denunciará a medio mundo para reducir su condena, y el Caso Odebrecht será uno de los mejores capítulos de esta comedia, que bien podría intitularse “los nueve círculos del infierno chapín”.
