Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Los actores pueden ser distintos, pero las condiciones son las mismas. Mediante actos arbitrarios se pretende establecer una dictadura que, de hecho, altera todo concepto y principio de institucionalidad porque la intención es pisotear leyes y convenios mediante el uso de la fuerza que permite la consolidación de un pacto que ha unido a la gente y los sectores comprometidos y beneficiados por la corrupción y la impunidad en el país. Serrano disolvió el Congreso y la coalición entre Jimmy Morales y Álvaro Arzú lo cooptó mediante la vieja práctica de comprar voluntades para permitir acciones que groseramente rompen el Estado de Derecho con el único fin de asegurar la vuelta a las condiciones que imperaban en Guatemala antes de abril del año 2015.
Los actores son distintos porque en aquellos momentos se produjo una disputa entre corruptos, lo que desató la disolución del Congreso, la remoción de las autoridades judiciales y el intento de descabezar la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la autoridad electoral del país. Hoy no hay disputa por ningún botín, sino que hay pleno acuerdo entre corruptos para defenderse y defender el modelo que les ha rendido tantos frutos, pero los efectos son los mismos porque se pretende aniquilar cualquier vestigio de práctica democrática en el Congreso, se busca controlar la administración de justicia y acallar voces, como la del PDH, que advierten de los riesgos que se ciernen sobre el país.
La idea general era que todo lo ocurrido en esta semana era para preparar el escenario para la elección de un Fiscal General que pusiera fin a las investigaciones sobre corrupción y dejara de trabajar junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad. Sin embargo, el desplante de poder les ha hecho sentir que todo lo pueden y que nada los va a detener. Mandaron al chorizo la advertencia del siempre temido Embajador y cruzaron el Rubicón.
A altas horas de la noche se trabajaba intensamente en Casa Presidencial para dar los últimos toques al nuevo Serranazo, con el que piensan descabezar no sólo a la PDH sino eliminar de un plumazo la presencia de CICIG en nuestro país. En definitiva es la creación de esa dictadura de la corrupción de la que he venido hablando, porque se produjo la tormenta perfecta cuando todos los que han sido investigados y los que tienen temor de serlo, unen fuerzas y recursos para asegurar el retorno a ese lucrativo pasado en el que se podía robar sin ningún miedo a la justicia porque estaba pactado que la misma no estaba para ocuparse de esa clase de delitos.
Si no entendemos el significado de estas nuevas acciones que ya están cocinadas y en marcha, somos ciegos y pagaremos gravísimas consecuencias. El régimen tan criticado de Venezuela será babucha a lado del que se está fraguando aquí para eternizarnos como el país de la eterna impunidad y de la rampante corrupción. Aquí no es tema ideológico sino de millonarios intereses y esos pueden ser mucho más perversos.
