Víctor Ferrigno F.
El sábado pasado, en el Palacio Legislativo se instauró el reino de la impunidad, mediante un pacto espurio, que coronó como príncipe del Congreso a Álvaro Arzú Escobar, el vástago del capitán general. Al día siguiente, en vez de rendir un informe de gobierno a la nación, Jimmy Morales contó un cuento de hadas, donde campea la felicidad y el Presidente aparece como abanderado de la transparencia.
Ambos actos, coordinados desde la municipalidad capitalina y el cuartel Mariscal Zavala, constituyen una iniciativa tan audaz como desesperada, y requirieron la protección de una guardia pretoriana, que los protegía de un grupo ciudadano que demandaba el fin de la corrupción.
Esta nueva acción política del Pacto de Corruptos, que les permitió tomar el control de la Junta Directiva del Congreso, pudo fraguarse por tres factores: la iniciativa del alcalde Arzú; la desesperación de políticos, empresarios y delincuentes perseguidos por el MP y la CICIG; y por las carretadas de dinero y promesas que lubricaron un mercado político donde todo se compra y se vende al mejor postor.
Los objetivos inmediatos de esta acción espuria, como ya se ha denunciado, es que el presidente Morales denuncie ante la ONU el acuerdo de funcionamiento de la CICIG, con el apoyo del Congreso, e imponer a un nuevo Jefe del Ministerio Público, que cese la persecución penal a los corruptos de postín.
Ese reino de la impunidad recién instaurado tiene techo de vidrio y difícilmente se sostendrá, pues está cimentado en la coima, que los politicastros reclamarán de forma voraz e incesante, y los financistas no están dispuestos a pagar con su plata, pues están acostumbrados a hacerlo con fondos públicos. Otro factor adverso es la política estadounidense, que exige probidad en el manejo del erario, para que la migración no se incremente. El tercer factor adverso es el hartazgo de la ciudadanía, que ya no está dispuesta a tolerar más latrocinios, corruptelas y abusos.
Desde la sociedad civil no podemos incurrir en el error de ignorar nuestros errores y falencias. El escenario anteriormente descrito se pudo instalar porque muy pocos ciudadanos se apersonaron al Congreso y los corruptos pudieron montar su sainete. Ya está probado que los diputados no entienden más razón que el de la fuerza ciudadana organizada, que legítimamente los ha hecho retroceder cada vez que quieren torcer la ley para beneficio personal, como en septiembre del año pasado.
A toda costa, los ciudadanos debemos impedir que la clica de los corruptos se apodere del Ministerio Público y que el mandato de la CICIG sea modificado o anulado. Esto requerirá una concertación y movilización social de grandes proporciones.
Los jóvenes y grupos urbanos deben comprender que ya no basta con los tuiters, los jashtags y el feisbuc; se requiere actuar en la realidad verdadera, no en la virtual. Hay que volver a ganar la calle, retornar a las trincheras de la dignidad ciudadana y ganar la plaza de la libre determinación, porque está en juego nuestro futuro.
A lo largo de nuestra historia, ha sido común el desfase entre las luchas del campo y la ciudad. Por ello, hay que fraguar una alianza urbano-rural que responda a los cortos tiempos políticos que la coyuntura nos deja, incluyendo las demandas de los campesinos e indígenas que se están muriendo de hambre y enfermedad, por la corrupción y la ineficiencia gubernamental.
Se trata de gestar un movimiento ciudadano consciente, masivo y decidido a construir el imperio de la justicia social, depurando el Congreso, librando una cruzada inclaudicable contra la corrupción, apoyando a la CICIG, para reformar al Estado y lograr que haya patria para todos.
